Marcelistas insisten en exhibir irregularidades en el seno de Morena
Miguel Ángel Rivera viernes 13, Oct 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Los marcelistas o ebrardistas difícilmente lograrán que Morena rectifique su proceso de designación de candidato(a) presidencial para entregárselo a su líder, el ex secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubon, pero continúan empeñados en denunciar irregularidades internas, así sea contradecir o pretender cambiar decisiones del jefe máximo, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la columna de ayer dimos cuenta de los intentos de los marcelistas por introducir cambios en el paquete económico propuesto por la administración de López Obrador, el cual senadores y diputados de Morena, a los que se suman los del PT y PVEM, se aprestan a aprobar “sin cambiarle ni una coma”, como ocurre cuando se trata de una iniciativa nacida en Palacio Nacional.
Ayer mismo, en Morelia, representantes de unas 22 organizaciones afines a Marcelo Ebrard y su organización interna denominada El Camino de México difundieron pruebas de presuntas irregularidades que se habrían generado en el proceso interno para la selección del que oficialmente se conoce como coordinador de los comités de defensa de la llamada Cuarta Transformación y que, en realidad, es su candidato(a) presidencial.
Según estas denuncias, difundidas por la agencia Quadratín, entre las irregularidades registradas en el proceso de elección destaca el uso de recursos públicos para impulsar a Claudia Sheinbaum.
En rueda de prensa, en la capital michoacana, el representante de Marcelo Ebrard en Michoacán, Bernardo Aguilar, recordó que el proceso para la elección de titular de la Coordinación de comités de defensa de la 4T está impugnado y la Comisión de Honor y Justicia del CEN de Morena deberá resolver dentro las próximas cuatro semanas.
Acompañado de dirigentes locales del bloque marcelista —es de recordar que los estatutos de Morena no reconocen “corrientes” internas— así como de los también repudiados organismos de la sociedad civil, presentó un video en el que se detallan las presuntas irregularidades, principalmente el uso de recursos públicos: humanos y materiales.
En el video se muestran confesiones de supuestos trabajadores de la Secretaría del Bienestar, en Jalisco y en la Ciudad de México, quienes relatan cómo se les obligó a operar para impulsar a Claudia Sheinbaum, declarada ganadora del proceso interno.
Luis Salomón, coordinador ebrardista en la quinta circunscripción, mencionó que la Comisión de Honor y Justicia dispone de 60 días para resolver las inconformidades, una vez que admitió el procedimiento para su análisis.
Aunque el dirigente marcelista manifestó su confianza “en las instituciones”, evadió responder a la pregunta de si entre los integrantes de este órgano partidario hay conflictos de interés.
Los marcelistas dejaron claro que, al igual que el ex canciller, continúan en Morena. Además, adelantaron que en caso de que logren la reposición del proceso confiarán en el método de encuestas, que es el estatutario, pues subrayaron que no es contra el procedimiento con lo que están inconformes, sino en cómo se realizó, con un desaseo que constituye un retroceso a viejas prácticas antidemocráticas.
Advirtieron que, en caso de que el órgano interno de Morena no falle a su favor, la candidatura presidencial de la 4T llegaría deslegitimada y con “la mancha de la duda”. Por lo mismo, dejaron abierta la posibilidad de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues subrayaron que la lucha no es por un capricho de Marcelo, sino porque está en riesgo la democracia.
En particular, los que se dicen representantes de 22 organizaciones de la sociedad civil en Michoacán, mujeres, jóvenes, campesinos, empresarios y liderazgos locales afines a Marcelo y a El camino de México, manifestaron su respaldo al ex canciller, dejaron claro que no asumirán un papel de segregados en Morena, que no es coto de nadie, y advirtieron que llegados los tiempos pugnarán por espacios de representación.
La Suprema Corte evita entrar en polémicas, pero defiende sus derechos
Interrogada acerca del proceso del gobierno del presidente López Obrador para reducir el presupuesto del Poder Judicial Federal (PJF) para el año venidero, con el agregado de “desaparecer” (en realidad apropiarse de esos recursos) cuantiosos fideicomisos que le pertenecen a esa jurisdicción, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, afirmó que actúan con prudencia para proteger los derechos de los trabajadores ante la decisión aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados para desaparecer 13 de 14 de sus fideicomisos, donde se han acumulado más de 5 mil 434 millones de pesos.
Sin aludir a las frecuentes agresiones desde Palacio Nacional, en una videoconferencia con representantes de jueces y magistrados federales, el martes pasado, la ministra insistió en que desaparecer dichos fideicomisos repercutiría directamente sobre las prestaciones de los trabajadores del PJF, por lo que pidió transmitir el mensaje de que están buscando una solución que no afecte la independencia de la institución.
“Nos reunimos hoy, no para darles respuesta sobre procesos legislativos que están en curso, sino para pedirle que les transmitan a los jueces, a los magistrados que representan, y a todos los integrantes que contribuyen a la labor jurisdiccional, que estamos: ministros, consejeros y diversos funcionarios del Consejo y de la Corte, absolutamente dedicados a ver por los derechos de todos los que conformamos el Poder Judicial Federal, a ver por la autonomía y por la independencia de nuestra institución”, afirmó Piña Hernández.
Reveló que los funcionarios del Poder Judicial están tratando de lograr un acuerdo de solución: “El silencio no implica inacción, sino prudencia para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos, todos, los que trabajamos en el Poder Judicial Federal”.
En tanto, en una “tarjeta informativa”, insertada en su página de Internet, la Suprema Corte sostuvo que la extinción de los fideicomisos SÍ afecta los derechos laborales de las y los trabajadores del PJF.
“Al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.
“Estos derechos adquiridos están reconocidos, además de en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado”, en las Condiciones Generales de Trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del personal de confianza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Piña Hernández también sostuvo que la labor de los impartidores de justicia es servir a la sociedad y reiteró que defenderá su presupuesto.
“Mentiría si les dijera que en estos momentos sé cómo resolverá el Congreso de la Unión sobre el decreto presentado que propone extinguir los fideicomisos del Poder Judicial Federal”, añadió, la ministra presidenta.
Tal vez la ministra presidenta no quiso generar reacciones negativas en el Congreso —por lo demás, innecesarias, pues la mayoría legislativa se alista para cumplirle al inquilino de Palacio Nacional— pero es un hecho que la propuesta de extinguir los fideicomisos del PJF fue aprobada el miércoles en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, por la mayoría oficialista.
Es seguro que esa mayoría se impondrá igualmente en el pleno donde se discuta la iniciativa, como también, en su momento, se aprobará la reducción al presupuesto del PJF, aunque ello afecte el funcionamiento de juzgados, tribunales y demás dependencias del sistema de justicia federal.
Claro, con esa actitud responden a la voluntad de López Obrador, quien pretende desaparecer a la actual Suprema Corte e impulsar una reforma para que en el futuro los jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante votaciones.
Ayer, López Obrador reafirmó que la desaparición de los fideicomisos en el Poder Judicial no afectará a los trabajadores.
“Ese fideicomiso en cuestión prácticamente no se usa. Es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos. Sería bueno que explicaran los de la comisión de presupuesto”, manifestó el político tabasqueño.
