La mayoría oficialista del Senado acepta dejar incompletos al INAI y al TEPJF
Miguel Ángel Rivera miércoles 4, Oct 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En dos ocasiones, la mayoría oficialista del Senado dejó constancia de su compromiso de defender los dictados que recibe desde Palacio Nacional y, para ello, mantener una actitud agresiva contra todo lo que proviene del Poder Judicial Federal, posición que incluye desatender el mandato de la Suprema Corte de Justicia de nombrar a la brevedad a los tres comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
También, los senadores de la llamada Cuarta Transformación hicieron como que atendían su obligación de elegir a dos nuevos magistrados —un hombre y una mujer— del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) otro organismo también repudiado desde Palacio Nacional.
“Cumpliremos, sí, el resolutivo” de la Suprema Corte, aseguró el líder de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez Aguilar —marginado por Morena de la carrera por el gobierno de Chiapas— al ser interrogado acerca de la sentencia del tribunal constitucional, que ordena nombrar en el actual periodo ordinario a los faltantes comisionados del INAI.
Es de notar que el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena añadió que, si bien se realiza el procedimiento para llenar esos huecos, se puede dar el caso de que no se logre conjuntar la mayoría calificada necesaria.
Ya existe un antecedente al respecto. El último día de marzo pasado, la mayoría del Senado no logró llegar a un acuerdo para designar al menos un comisionado del INAI, por lo cual este organismo autónomo prácticamente quedó inmovilizado, pues sólo continuaron en funciones cuatro comisionados, cuando se requería un mínimo de cinco.
Esta situación se salvó gracias a la intervención del máximo tribunal del país, pues autorizó que el INAI sesionara con cuatro comisionados.
Cabe precisar que en su última sesión del mes de marzo, el Senado, todavía coordinado por el ahora frustrado precandidato presidencial Ricardo Monreal Ávila, cumplió con el procedimiento para elegir al comisionado, pero al momento de la votación, la mayoría de sus compañeros de Morena, así como del PVEM y PT, los de la llamada “línea dura” votaron contra el profesional, aparentemente aceptado por todas las fracciones parlamentarias.
Ya iniciado el receso legislativo, la titular del Decimoséptimo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, Celina Angélica Quintero Rico, otorgó un amparo al INAI por el cual obligaba al Senado a nombrar al menos a un comisionado. La orden judicial no fue acatada, como tampoco una segunda sentencia del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. También fue ignorado un segundo emplazamiento de la jueza Quintero Rico, ratificado por la mencionada sentencia de la Suprema Corte.
Otro antecedente muy importante es el veto interpuesto el 15 de marzo por el presidente Andrés Manuel López Obrador contra la elección de los dos nuevos comisionados del INAI.
Aunque de momento no se hizo explícita la orden presidencial de dejar paralizado y, eventualmente, desaparecer al Instituto, el hecho es que se mantiene entre la mayoría senatorial la “obligación” de impedir el nombramiento de nuevos comisionados.
Sin embargo, las declaraciones del nuevo coordinador, el chiapaneco Ramírez Aguilar, confirman que las bancadas mayoritarias mantienen la decisión de cumplir la orden presidencial de dejar incompleto o, mejor, paralizado al organismo encargado de hacer cumplir con la transparencia sobre el uso y destino del presupuesto federal.
“Estén atentos, de ninguna manera debe entenderse que hay una invasión del Poder Judicial al Poder Legislativo, somos autónomos, somos de los que creemos en la división de Poderes”, puntualizó el senador chiapaneco”.
Mediante un video, Ramírez Aguilar advirtió que no se trata de que el Poder Judicial le diga al Senado cómo actuar, sino que la Suprema Corte solicita que se discuta el tema y, en su caso de alcanzarse la mayoría calificada, nombrar a los comisionados del INAI.
“Cumpliremos con este mandato jurisdiccional, pero la mayoría calificada depende de la voluntad y los consensos que se generen tanto en los grupos parlamentarios como en los integrantes de cada uno y de cada una en el Senado”, reafirmó el coordinador.
Una orden expresa desde Palacio Nacional no se puede desatender
Si en el caso de los comisionados del INAI los senadores pueden alegar que actúan conforme a su propio criterio, de ninguna manera pueden alegar que no reciben órdenes para no dejar también incompleto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Este tribunal, que es la máxima instancia en materia electoral y, por lo tanto, sus fallos son inapelables, también está considerado como parte de la embestida organizada desde Palacio Nacional contra el Poder Judicial Federal y, al igual que el INAI, tiene vacantes que deben ser llenadas, con urgencia, pues estamos en el arranque del proceso electoral 2023-2024, considerado el más importante del México contemporáneo, pues, además de la Presidencia de la República, se renovarán 9 gobiernos de entidades federativas, las dos cámaras del Congreso en pleno y miles de otros cargos de representación popular.
Es previsible que aumentará proporcionalmente el número de casos que terminarán en los tribunales, los cuales deberían tener completo su plantel y, tal vez, hasta sería necesario complementarlos mediante el recurso de crear algunos cargos temporales.
Pero contra esos deseos optimistas, los senadores de la mayoría oficialista ya dejaron constancia que están decididos a dejar incompletos esos organismos que consideran “rivales” de la llamada Cuarta Transformación.
Una de las senadoras de Morena que ha dejado constancia de su respeto a las leyes, la ex secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, presentó en la sesión de ayer el dictamen de la Comisión de Justicia, que ella preside con el dictamen acerca de las personas candidatas que cumplen con los requisitos y reúnen las condiciones de elegibilidad e idoneidad para ocupar el cargo de magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Este dictamen fue producto de una minuciosa revisión de los expedientes y comparecencias de las personas propuestas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ocupar los cargos. En particular, se tomó en cuenta que los aspirantes a magistrados electorales acreditaron tener conocimientos en Derecho Electoral, no desempeñan ni han desempeñado el cargo de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de partido político alguno, no han sido registradas como candidatas al cargo a alguno de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores, y no desempeñaron ni desempeñan cargos de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los últimos seis años anteriores a la designación.
Estos antecedentes garantizan que cualquiera de los elegidos actuará con independencia de criterio y que no favorecerá intencionalmente a ningún partido, todo lo contrario de otros funcionarios, como los consejeros del INE o la nueva integrante del Consejo de la Judicatura, Celia Maya García, nombrados recientemente a instancias del presidente López Obrador, a pesar de sus vínculos con el partido oficial.
Desde antes de que se sometieran a votación las dos ternas, una de hombres y otra de mujeres, desde las filas de Morena y sus rémoras surgieron expresiones de rechazo. A final de cuentas, no aceptaron a ninguno de los candidatos propuestos.
Pero en este caso los senadores oficialistas no pudieron ocultar que habían recibido instrucciones “superiores” y alegar que votaban por decisión propia.
Por un descuido, se hizo pública, a través del Canal del Congreso, una declaración de Ramírez Aguilar en ese sentido. “Ustedes saben, consultamos sobre las decisiones que tomamos en materia de nombramientos y la orientación que nos dieron es que se desechara”, delató el audio al coordinador “moreno”.
Surge la pregunta: “De dónde pueden salir órdenes a los senadores?
La respuesta obvia es: de Palacio Nacional o de la Secretaría de Gobernación, pero otra vez la duda: ¿La joven secretaria Luisa María Alcalde Luján actuaría por cuenta propia?
