Saltar al partido oficial o a uno de sus satélites no asegura el triunfo
Miguel Ángel Rivera viernes 29, Sep 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Aunque se supone que ser incorporado a la llamada Cuarta Transformación asegura el triunfo en las siguientes elecciones, esto no es en automático, pues, aunque disminuidos, los partidos opositores tienen enclaves en donde resultan prácticamente invencibles.
Por otra parte, en eso de los políticos saltimbanquis, popularmente conocidos como “chapulines” uno de los motivos reales es el no haber conseguido la nominación al cargo que tanto se desea, aunque por lo general siempre se escudan en protestas por la conducción del barco que abandonan. Claro, nadie admite que el cambio es por interés personal; siempre se pone por delante el deseo de servir a sus conciudadanos, es decir, al “pueblo bueno”.
Lo que los acróbatas generalmente no toman en cuenta es que, en sus disminuidos partidos de origen, tienen menos competencia para ser postulados, mientras que la mayor posibilidad de victoria que les ofrece la organización mayoritaria implica, de entrada, una mayor rivalidad, pues sus nuevos “compañeros” se sienten desplazados en beneficio de recién llegados que no hicieron el menor esfuerzo para contribuir al fortalecimiento de su instituto político. Por el contrario, anteriormente combatieron, pero desde las trincheras del otro bando o sólo fueron observadores.
Son por lo menos dos casos que ilustran lo anterior y los dos atañen al oficialismo.
Uno, directamente a Morena. Se trata de la casi segura nominación del ex secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien no tiene antecedentes de trabajo partidista, como sí su principal competidora, la alcaldesa con licencia de Iztapalapa Clara Brugada García, quien militó en organizaciones de izquierda desde mucho antes de que Morena se convirtiera en una fuerza arrolladora.
A cambio de esa ausencia de antecedentes partidistas y de su “pedigrí” ligado al priismo, el precandidato cumplió una buena labor en la capital del país, lo que le ganó la confianza de la ex mandataria y ahora virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, quien al parecer ha empezado a ejercer la fuerza que le transfirió con el “bastón de mando” el actual jefe del Ejecutivo.
A despecho de rumores que la atribuían desacuerdo con la eventual postulación de García Harfuch, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de la decisión de su “corcholata favorita” y, por consiguiente, del ex funcionario policiaco.
En lo que parecía una contradicción dentro de las filas del oficialismo, el subsecretario de Gobernación y titular la Comisión de la Verdad creada para dar a conocer lo sucedido a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, Alejandro Encinas, involucró a García Harfuch en la supuesta conjura para elaborar la tesis de la “verdad histórica”, que tanto se ha esforzado por combatir la administración de López Obrador.
Del “carro completo” a “sólo me quedan ocho”
El otro caso es el del ex senador del PRI por Yucatán Jorge Carlos Ramírez Marín, quien no pudo materializar en el tricolor su aspiración de convertirse en gobernador de su estado natal.
El legislador presume haber sido el único en su Cámara de haber ganado su escaño por mayoría de votos; los 12 restantes llegaron por el sistema plurinominal o de partido y suponía que eso sería suficientes para convertirlo en candidato del PRI, aunque no para asegurarle una victoria en 2024, pues en Yucatán la principal fuerza política es el PAN, que tiene como portaestandarte del presidente municipal de Mérida, Renán Barrera Fuentes, quien ya superó en unos comicios constitucionales (por la alcaldía de Mérida) a Ramírez Marín.
Ramírez Marín, como el resto de los senadores del PRI quedó envuelto en los conflictos que se desataron entre su coordinador en la llamada Cámara alta y el presidente del partido, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, por la conducción del partido, desacuerdos con el instituto político.
Como resultado de esos desacuerdos, una parte de la exigua bancada del PRI se dividió, para crear otra bancada “independiente”. Pero en ese momento, el legislador yucateco todavía se mantuvo dentro de las filas oficiales del tricolor.
Su renuncia vino después. Se pasó al oficialismo, pero por una puerta lateral, no se atrevió a aparecer definitivamente como miembro de Morena. Escogió el camino de ingresar como un miembro de uno de los partidos aliados, el PVEM, del que sus críticos dicen que es la organización de la doble mentira, pues ni es partido ni es verde, pero eso sí goza de los beneficios de estar siempre del lado de los ganadores, pues así como ahora está del lado de Morena, antes se alió con el PRI y con el PAN cuando estos partidos detentaron el gobierno de la República.
Mientras Ramírez Marín aumenta los votos del oficialismo, también beneficia a su antiguo partido, pues ahora la dirigencia del PRI, encabezada por Moreno Cárdenas tiene la posibilidad de atraer nuevos cuadros, a los que les puede asegurar convertirse en senadores, por la vía plurinominal, sin hacer campaña.
Nueva arremetida desde Palacio contra sus vecinos de la Suprema Corte
Desde hace varios años, el titular del Ejecutivo federal ha intentado someter a los otros poderes y organismos autónomos, pero hasta ahora no ha logrado que los jueces federales, ni mucho menos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los que tiene amenazados con modificar la Constitución para obligar que también ellos sean elegidos mediante voto popular.
Antes de materializarse esas vengativas reformas, desde Palacio Nacional se intenta que los ministros se sometan, aunque sea parcialmente, a los designios del líder y guía de la llamada Cuarta Transformación.
Dentro de ese marco general debe considerarse el reciente anuncio de que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal demandó Corte de Justicia de la Nación desechar la controversia interpuesta por el gobierno del Chihuahua contra la distribución de libros de texto, toda vez que en sus fundamentos hay mentiras sobre las fechas cuando se le entregaron los libros, lo que hace su inconformidad ilegal.
Esa dependencia del Ejecutivo destaca que se ha solicitado la atención prioritaria de este juicio para garantizar el pronto y eficaz cumplimiento del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes del estado de Chihuahua.
Además, sostiene que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio cabal cumplimiento al artículo 3° constitucional, por lo que no se invade ninguna atribución constitucional del gobierno estatal.
La Consejería Jurídica de la Presidencia también recuerda que es facultad exclusiva de la SEP elaborar, editar, enviar y entregar a las entidades federativas los libros de texto gratuitos”. También afirma que la dependencia realizó asambleas, foros y reuniones con todas las entidades federativas y otros actores sociales involucrados con la educación para que expresaran su opinión.
En seguida, acusa al gobierno del estado de falsear la fecha de recepción de los libros de texto afirmando que se les remitieron el 20 de julio pasado, cuando en realidad, la primera entrega se les hizo desde el 21 de mayo.
Además, “el gobierno de Chihuahua engaña a la SCJN. Refiere lineamientos para selección, adquisición y distribución de libros de texto gratuitos, como si estos se refirieron a todos los libros de texto, cuando sólo se refieren a los de nivel secundaria, situación que oculta para hacer caer en el error a los juzgadores”.
Aunque los abogados de Presidencia aseguran que la SEP cumplió con lo establecido en las leyes educativas en el sentido de someter los programas de estudio y los libros a la consideración de todos los interesados, los que se oponen al empleo de los nuevos textos sostienen que nunca hubo una convocatoria pública para participar en esos supuestos foros para revisar programas y libros.
Todo se hizo, aseguran, “en lo oscurito” y con personajes predispuestos.
En alguna de las demandas complementarias, que también deben revisar los ministros, se prueba que los impugnados libros fueron impresos antes de que se modificaron los planes de estudio, a pesar de que la ley ordena lo contrario.
De cualquier forma, la solicitud del jurídico de Presidencia servirá de coartada para continuar los ataques contra la Suprema Corte en el muy probable caso de que determine que la SEP no cumplió la ley.
