Ni los padres de los 43 desaparecidos aceptan las conclusiones del gobierno
Miguel Ángel Rivera miércoles 27, Sep 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
“Vamos a conocer la verdad, lo que sucedió. Yo no voy a mentir ni vamos a fabricar algo que no sea cierto y vamos a actuar con rectitud y no somos iguales”, afirmó el entonces Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, luego de un encuentro con los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Esto ocurrió el 27 de septiembre de 2018.
Ayer, en su tradicional mañanera, a cinco años de esa promesa, el gobierno federal no ha logrado dar una versión confiable acerca de los terribles sucesos de Iguala. Por el contrario, el presidente López Obrador mantiene un diferendo con los padres de los normalistas desaparecidos, en particular acerca de la actuación del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas, crimen que este martes cumple 9 años sin resolverse y con las fuerzas armadas acusadas de obstruir la investigación.
“Tenemos diferencias, ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho en esclarecer el lamentable caso de Ayotzinapa”, afirmó el primer mandatario que ha hecho de las fuerzas armadas el principal sostén de su gobierno, pues les encarga sus principales obras y acciones.
Sus declaraciones se producen en el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, un hecho que la Comisión de la Verdad del Gobierno calificó el año pasado de “crimen de Estado” y ha demolido lo que se conoció como la “verdad histórica”, elaborada por el anterior gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, según la cual los jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a delincuentes que se encargaron de “desaparecerlos”.
El gobierno actual no sólo se encargó de destruir esa hipótesis, sino que convirtió en culpables a funcionarios del anterior gobierno, en particular al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, actualmente preso, a partir de declaraciones de quienes anteriormente se habían declarado culpables de la “desaparición” de los normalistas.
A pesar de esos movimientos y de las promesas oficiales, los padres de los desaparecidos acusaron el lunes, en una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), a López Obrador de encubrir al Ejército, por no ha entregado toda la información del caso, como denunció también en julio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Es la (información) que tenemos hasta ahora, no hay más, si ellos consideran que existe información que estamos ocultando, yo les digo: no es cierto. Así de claro”, respondió ahora López Obrador.
López Obrador atribuyó esa actitud a la “desesperación” y a la “mala información de los abogados y asesores” de los padres su insistencia de cuestionar a las Fuerzas Armadas.
El hecho duro es que no hay todavía una hipótesis, ni mucho menos una denuncia formal, sustentada en las supuestas nuevas investigaciones del actual gobierno encabezada por López Obrador.
La tarea de esclarecer lo ocurrido en Iguala hace nueve años la encargó el presidente López obrador al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, economista de profesión y repentinamente convertido en investigador penal, colocado al frente de la denominada Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ).
Por supuesto, ni Encinas ni la Comisión se han declarado incapacitadas para solucionar el enigma. Por el contrario, como se mencionó, destruyeron las hipótesis construidas por el anterior gobierno federal.
Al respecto, Encinas escribió en su colaboración periódica para el diario El Universal:
“Al igual que la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas de Argentina, creada en 1983, cuya labor sentó las bases para que la autoridad judicial llevara a juicio civil en 1985 a cinco altos mandos de las juntas militares de la dictadura, la COVAJ ha contribuido a esclarecer hechos y a llevar a juicio al ex procurador general de la República, así como a 14 elementos del Ejército, entre quienes destacan los ex comandantes del 27 y 41 batallones de Infantería en Guerrero, entre otras autoridades coludidas con los perpetradores de la desaparición de los estudiantes.
“A diferencia de otros países, el actual gobierno de México ha reconocido públicamente las responsabilidades del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes y ha señalado a las personas que presuntamente intervinieron en los hechos, así como en la construcción de la verdad histórica.
“La Comisión continúa realizando la más exhaustiva investigación y búsqueda de los estudiantes. La Comisión se constituyó como un instrumento del Estado para conocer la verdad y garantizar el acceso a la justicia y continuará avanzando para generar las condiciones para el esclarecimiento de los hechos, garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de estas violaciones a derechos.
“Un componente central en la composición de esta Comisión ha sido la participación de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos a quienes reconocemos su lucha, resistencia y organización que visibiliza y dignifica a sus hijos”.
Encomiables conceptos, pero ¿qué ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014? ¿Qué sucedió con los jóvenes normalistas?
También están pendientes las promesas presidenciales, formuladas desde la tribuna de Palacio Nacional:
“Vamos a conocer la verdad, lo que sucedió. Yo no voy a mentir ni vamos a fabricar algo que no sea cierto y vamos a actuar con rectitud y no somos iguales.
En el noveno aniversario de la desaparición de los normalistas el Jefe del Ejecutivo federal señaló que “no es culpar por culpar. No es nada más fue el Estado y fue el Ejército. No, vamos a conocer la verdad de lo que sucedió”.
¿Y dónde quedó la policía?
Las dudas en torno a la desgracia conocida también como “la noche de Iguala” dieron motivo para una nueva marcha de protesta por las calles centrales de la Ciudad de México, hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México.
Por desgracia, la marcha sustentada en demandas justificadas resultó parcialmente desvirtuada por la aparición de grupos vandálicos que aprovecharon para atacar impunemente edificios y comercios particulares.
Los vándalos atacaron impunemente. Derribaron vallas, destrozaron vitrinas y otras instalaciones, para lo cual utilizaron objetos contundentes, inclusive mazos, sin que nadie se atreviera a interponerse.
Al parecer, se impuso la doctrina de la llamada Cuarta Transformación en el sentido de ofrecer “abrazos, no balazos”, así como de “no reprimir”, pues los escasos contingentes de policías destacados para “mantener el orden” se limitaron a observar y a cuidar su propia seguridad, pues en ningún momento intervinieron, ya no para apresar a los delincuentes, ni siquiera para evitar sus atentados.
Estas acciones violentas no tuvieron ninguna vinculación con la marcha de protesta de los padres de los desaparecidos, pues ellos mismos los repudiaron. En consecuencia, no se explica el porqué de la inmovilidad de los eufemísticamente denominados cuerpos de seguridad.
¿O tienen órdenes, “desde arriba”, de permanecer sólo como espectadores?
¿Hasta dónde piensa llegar Marcelo Ebrard con sus protestas?
Muchos observadores lo consideran potencial candidato de oposición, pero el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, ha procurado mantenerse dentro de las normas y procedimientos que regulan la vida interna del partido oficial, Morena, inclusive en sus manifestaciones de inconformidad con los procedimientos para decidir quién será su candidato presidencial, disfrazado con el título de defensor de la llamada Cuarta Transformación.
El mismo Ebrard ha sostenido que se mantiene dentro de las filas del partido oficial y ha seguido todos los procedimientos del partido para denunciar lo que considera irregularidades para favorecer a la “corcholata” favorita, Claudia Sheinbaum Pardo.
Sin embargo, a pesar de ese compromiso, el también ex mandatario capitalino interpuso un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que Morena dejó pasar el plazo sin responder a su impugnación por los abusos.
