MC sigue en espera de tránsfugas; hasta enero definirá a su candidato
Miguel Ángel Rivera lunes 25, Sep 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El partido Movimiento Ciudadano (MC) mantiene su propósito de ir solo a las elecciones presidenciales de 2024 y, además, confirmó que pospone hasta enero venidero su decisión acerca de quién será su candidato presidencial.
El instituto político fundado y dirigido por el ex gobernador veracruzano Dante Delgado Rannauro, confirmó que esa será la ruta hacia los comicios del año venidero, mientras se mantienen las versiones críticas por suponer que ha decidido respaldar a la llamada Cuarta Transformación, mediante el recurso de dividir el voto de la oposición.
También enfrenta la amenaza de que, al respaldar aparentemente a su amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, disminuirán los votos para su partido, al grado de ponerlo en riesgo de perder su registro oficial.
A pesar de tan ominoso pronóstico, Delgado Rannauro parece haber vencido resistencias internas, en particular del grupo Guadalajara encabezado por el gobernador saliente de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien en principio parecía inclinado a respaldar al opositor Frente Amplio por México (FAM) y a su virtual candidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz.
A últimas fechas, Alfaro Ramírez, quien encabeza a una corriente interna que representa más del 40 por ciento de la votación de MC, ha declarado convenir en que se nomine candidato presidencial a su par de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien a últimas fechas ha gozado de numerosos e intensos elogios de parte de López Obrador, quien parece haber tenido más éxito al impulsar a candidatos de otros partidos que a los propios, pues la oficialmente denominada defensora de la llamada Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, no logra emocionar ni siquiera a la totalidad de los “invitados” a sus actos de campaña disfrazados de asambleas.
García Sepúlveda ha manifestado interés y hasta emoción de convertirse en el abanderado presidencial MC, pero tiene en contra la resistencia de la mayoría de los diputados del Congreso de Nuevo León, quienes han amenazado con no autorizarle la licencia para dejar temporalmente su cargo —la Constitución de Nuevo León admite un plazo máximo de seis meses— o, lo peor, no permitirle que retorne al Palacio de Gobierno de Monterrey.
En previsión de tales negativas, en medios allegados a MC se empieza a plantear una alternativa similar a la que se aplicó en Guerrero, en donde fue elegida Evelyn Salgado, pero en realidad gobierna su padre, el senador Félix Salgado Macedonio.
En Nuevo León, la figura aparente sería la influencer Mariana Rodríguez Cantú, su esposa, quien tiene numerosos seguidores en las redes sociales (3.1 millones en Instagram), aunque hay muchos observadores que expresan dudas acerca de quién sería el poder tras el trono, precisamente por la mayor popularidad de ella y porque circulan rumores en el sentido de que decide muchas de las acciones de gobierno.
El hecho es que todavía el sábado anterior, el dirigente nacional de MC confirmó que será hasta enero del 2024 cuando los órganos internos del partido naranja den su aval para elegir a quien será el abanderado presidencial.
Estas declaraciones de Dante Delgado se conocieron en Monterrey, a donde acudió como invitado para el informe de labores del alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas, quien era otro de los potenciales candidatos de MC, pero declinó, precisamente, como dijo, para no dividir a la oposición.
El fundador y guía de MC aprovechó para destacar que su instituto político ha sido el único que ha respetado los tiempos electorales sin violar la ley.
No obstante, reveló que el viernes de la semana que inicia se reunirá la Coordinación Nacional de MC —donde la voluntad del político veracruzano será decisiva— para aprobar la convocatoria para las candidaturas por la Presidencia, para diputados federales y para el Senado.
Aclaró que el registro de las candidaturas se iniciará en noviembre, para que el 20 de ese mes inicien las precampañas, pero le decisión definitiva acerca del abanderado presidencial será hasta enero, siempre con respeto a las etapas establecidas en la legislación electoral federal.
“Vamos a iniciar el registro de candidaturas en noviembre y como lo dice también la ley en el mes de noviembre inician las campañas, de tal suerte que para enero tendremos la candidatura presidencial autorizada por nuestros órganos de decisión y el proceso electoral formal iniciará el próximo 3 de marzo”, precisó.
Delgado consideró positivo que las encuestas las encabece el mencionado Samuel García, a quien describió como “un gran gobernador de Nuevo León, pero además está calificado como el mejor gobernador del país” (no aclaró de quién es el estudio).
Acerca de las críticas contra García Sepúlveda por la aparición de bardas con pintas en color naranja y con leyendas de que ya es necesario un presidente norteño, Delgado se dijo respetuoso de las manifestaciones y consideró que son pocas en comparación con las que hicieron los aspirantes de Morena y del Frente Amplio por México.
La enérgica Fiscalía General de la República en vías de perder el caso Lozoya
Con la anuencia de la justicia de España, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación consiguió, hace más de tres años, que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin fuese extraditado para ser juzgado en México para responder a acusaciones de sobornos por 12.5 millones de dólares. Pero, tal vez lo más importante, es que se suponía que el exfuncionario sería el hilo conductor para lograr encarcelar a otros presuntos implicados y, con ello, poner en evidencia la corrupción de los anteriores gobiernos “conservadores” y “neoliberales”.
Ahora, a punto de iniciar el último año de gobierno de López Obrador, las supuestas sólidas denuncias en contra de Lozoya Austin y sus asociados se derrumban, sin que la “autónoma” Fiscalía General de la República (FGR) presente más recurso que quejarse de los jueces.
En efecto, la FGR a cargo del “fiscal carnal” Alejandro Gertz Manero, acusó a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) por actitudes parciales e ilegales en favor de Lozoya Austin, por desechar pruebas en su contra.
Estas denuncias fueron en respuesta a la decisión del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, de ratificar la resolución del juez Gerardo Alarcón López, quien en marzo pasado dio la razón a la defensa del ex funcionario y excluyó pruebas relacionadas con información bancaria remitida por Brasil y Suiza.
Dichas supuestas pruebas de movimientos irregulares de dinero habían sido obtenidas por los agentes del Ministerio Público Federal, con asistencia jurídica internacional, desde septiembre de 2018.
El tribunal determinó por mayoría de votos que la “información bancaria remitida por la Confederación Suiza, obtenida el 20 de septiembre de 2018, vía asistencia jurídica internacional, y su respectiva traducción —oficio de folio 35449, del 6 de noviembre de 2018, que contiene el dictamen en materia de traducción— es parcialmente excluido”.
En vez de presentar pruebas adicionales o elementos para justificar el uso de esa información en agravio de Lozoya y coacusados, la FGR optó por descalificar a los jueces.
“Los Jueces de Distrito y Magistrados Federales han vuelto a evidenciar notoriamente su parcialidad e ilegalidad a favor de Emilio “L”, y en contra de las víctimas que son el Estado mexicano y la empresa estatal Pemex, al desechar diversas pruebas obtenidas con base en dos Tratados Internacionales que cuentan con nivel constitucional artículo 133 y que se aplican constantemente en acciones de colaboración con otros países por parte de entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las que incluso, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto como legales”.
“Cada vez es más evidente la conducta indebida”, aseguró también la FGR en su comunicado en contra de los jueces federales.
En cambio, en su condena general contra el Poder Judicial, la FGR no recordó que hace sólo unos días, La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió rechazar una petición de amparo de Lozoya, para que se anulen los testimonios en su contra que realizaron directivos de la constructora brasileña Odebrecht, que lo relacionan con la recepción de sobornos.
