Elecciones en un contexto de violencia
Luis Muñoz martes 5, Sep 2023Segunda vuelta
Luis Muñoz
Hay dos organismos preocupados, tanto por el escenario de violencia como por el derecho al voto de las personas en prisión preventiva del próximo proceso electoral 2024 para elegir a las autoridades de la Ciudad de México y del país.
Se trata de la Comisión de los Derechos Humanos de la CDMX y el Grupo Integral de Derechos Humanos.
Los primeros, en reunión con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario acordaron definir las bases de colaboración para garantizar el derecho al sufragio de las personas que se encuentran en prisión preventiva.
En tanto que el GIDH exigió a la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, que asuma su responsabilidad en la protección de los derechos humanos de quienes buscan cargos públicos.
El Grupo Integral “Lex Magister” alerta de “múltiples eventos violentos” en el país y de una “grave crisis en violación a las garantías individuales”.
Además, hace hincapié sobre la alarmante violencia contra los medios de comunicación a los que el gobierno permanentemente señala con “índice de fuego” por cometer el delito de informar lo que a su juicio es “falso”.
Ante la escalada de violencia que ha dejado más de 160,000 personas asesinadas y 44,000 desaparecidas, así como innumerables eventos violentos en muchas entidades del país, el presidente del GIDH, Jesús Rey Fierro Hernández, destacó que México ha experimentado una grave crisis en la violación de garantías individuales, que afecta especialmente a grupos vulnerables como migrantes, personas desplazadas, mujeres, adultos mayores, indígenas, comunicadores y menores, en los últimos años”.
Para Fierro Hernández es importante que los aspirantes a cargos públicos se comprometan a defender los derechos humanos y al Estado mexicano a trabajar por su protección.
“La necesidad de que los futuros gobernantes tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y erradicar la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos”, es importante, dijo.
El abogado Fierro Hernández recordó que la administración federal ha superado el número de homicidios dolosos con 150,000 casos contabilizados durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Refirió que, de acuerdo con la ONU, México enfrenta otra crisis derivada de la violencia, con más de 105,000 desaparecidos, muchos de ellas y ellas menores de edad, reclutados para trabajos forzados como la trata de personas y el crimen organizado.
El doctor en Derecho, además, alertó sobre la alarmante violencia contra los medios de comunicación en el país, donde se ha registrado la mayor cantidad de asesinatos y ataques a periodistas en los últimos años. Señaló la difícil situación de las personas migrantes que han sido víctimas de las redes de narcotráfico y al nulo acceso a medicinas y atención médica.
En este contexto, el GIDH hace un llamado a respetar el derecho al voto libre y secreto en las próximas elecciones de junio de 2024, enfatizando la importancia de “garantizar un proceso electoral justo y transparente para fortalecer la democracia en el país; para todas las personas dentro de sus derechos para elegir a sus gobernantes”.
Por su parte, el IECM dio a conocer que Integrantes de la Comisión Provisional encargada de coordinar las actividades tendentes a recabar el voto de personas en prisión preventiva para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, sostuvieron una reunión con autoridades del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, con el propósito de definir las bases de colaboración para garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva de la capital.
Destacó que se acordó iniciar con los trabajos para implementar este ejercicio en la totalidad de los centros penitenciarios que cuentan con población en prisión preventiva.
El Consejero Electoral Bernardo Valle Monroy resaltó la importancia de garantizar a las personas en proceso de recibir sentencia, su derecho a votar en las 6 elecciones que se realizarán en la capital, Jefatura de Gobierno, Diputaciones locales y Alcaldías, y a nivel federal, en las elecciones de la Presidencia de la República, diputaciones federales y senadurías.
A su vez, la Consejera Electoral, Érika Estrada Ruiz, se refirió a la importancia de implementar una estrategia conjunta para que la población ejerza el voto de manera libre e informada y por ello enfatizó en la necesidad de establecer una serie de actividades previas que permitan a la población penitenciaria conocer plataformas, candidaturas y propuestas de campaña.
En tanto, el Subsecretario del Sistema Penitenciario, Omar Reyes Colmenares, manifestó que esa institución y el Gobierno de la capital están en la mayor disponibilidad para garantizar el derecho a votar de las personas en prisión preventiva.
Por su parte la organización CEA Justicia Social se comprometió a acompañar este proceso que garantizará los derechos político electorales de este sector de la población.
De acuerdo con información de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, al 3 de marzo de 2023 se tenía un registro de 25 mil 520 personas privadas de su libertad.