Opacidad del gobierno en elaboración de libros de texto
Luis Muñoz miércoles 9, Ago 2023Segunda vuelta
Luis Muñoz
El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister” hizo un llamado contundente al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, para que atiendan de manera urgente las decisiones del Poder Judicial y las demandas de diversos sectores de la sociedad sobre el proceso de creación y distribución de los libros de texto gratuitos.
Su presidente, Jesús Rey Fierro Hernández, subrayó que el GIDH ha estado vigilante desde mayo pasado, cuando se alertó sobre la necesidad de asegurar la adecuada ejecución de los procedimientos establecidos para la confección del material educativo destinado al ciclo escolar 2023-2024.
Indicó que además hay opacidad por parte del gobierno federal para informar sobre quiénes participaron y cómo se llevó a cabo el proceso, y frente al incumplimiento de lo exigido por la ley para elaborar y modificar las obras de enseñanza”.
Fierro Hernández, doctor en derecho y Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, reiteró su llamado a la apertura de un nuevo proceso, donde se involucre -de manera efectiva- a los padres de familia, docentes y especialistas en educación, así como de la pedagogía, conforme lo establecen las normativas vigentes.
“La educación es de vital importancia y los libros de textos son primordiales”, subrayó, al resaltar la necesidad de que los contenidos se adapten a criterios pedagógicos y métodos de enseñanza que garanticen un aprendizaje eficaz para niñas, niños y jóvenes en todo el país y con una perspectiva de derechos humanos.
Para el Dr., la actualización de los libros de texto debe llevarse a cabo con responsabilidad y la colaboración de expertos y científicos, siguiendo rigurosamente el debido proceso para asegurar un desarrollo integral y adecuado de la niñez y la adolescencia, tal y como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Frente a este escenario, el GIDH subrayó el incumplimiento de los requisitos legales para crear y modificar el contenido de los libros de enseñanza, “y como resultado, dijo, “hoy tenemos un bodrio”; no se puede permitir que desde el Estado mexicano se impulse una educación de muy mala calidad en perjuicio de los derechos de la niñez mexicana”.
“Por este motivo es prioridad que se reintegre el proceso de elaboración con la participación activa de padres de familia, docentes y especialistas, tal y como lo dicta el marco legal vigente. La educación, es un pilar fundamental para el presente y futuro del país, y los libros de texto desempeñan un papel crucial en esta misión, incluso para su posterior postura para defender sus propias garantías individuales”, expuso.
“La actualización de los libros de texto se convierte en una tarea de gran envergadura para las autoridades educativas. Es una responsabilidad el de asegurar el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia. En este contexto, es imperativo que, ante tal situación, la educación se eleve a una categoría de prioridad nacional”, enfatizó. Las autoridades están obligadas a reafirmar su compromiso con una educación de calidad, que fomente el pensamiento crítico y empodere a las futuras generaciones. El proceso de creación de libros de texto es un eslabón clave en esta cadena de conocimiento y formación.
Promueven programas para vivienda
Como resultado de un convenio de colaboración, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y la Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc) anunciaron que difundirán los distintos programas de liquidación entre la población de las más de 150 unidades habitacionales de la capital del país, así como los diversos tipos de crédito para la adquisición y mejora de vivienda. El vocal ejecutivo, César Buenrostro Moreno, señaló que el acuerdo busca promover soluciones para créditos con adeudo, educación financiera y cultura de pago, además de promover derechos y obligaciones condominales y los servicios que brinda la Prosoc.
Explicó que “el convenio que firmamos hoy nos dará la posibilidad de estrechar la colaboración con el gobierno de la Ciudad de México, para que nuestra derechohabiencia y acreditados, así como la ciudadanía que atiende la procuraduría, tengan conocimiento de nuestros programas de crédito para adquirir o mejorar su vivienda, además de los productos de solución crediticia que se impulsan para asegurar la certeza jurídica de su patrimonio.”
La procuradora social de la Ciudad de México, Claudia Ivonne Galaviz Sánchez, destacó que la dependencia a su cargo ha invertido más de mil 300 millones de pesos en mejoramiento de conjuntos habitacionales, que favorecieron a más de 489 mil familias, por lo que se congratuló de este trabajo coordinado que ampliará la difusión y alcance los programas de ambas dependencias. Resaltó que se trata de un convenio sin precedente para informar, orientar y asesorar a derechohabientes que viven en propiedad en condominio, sobre las prestaciones que ofrece el fondo.
“Con este convenio, el Fovissste se suma a las jornadas que la Procuraduría Social despliega todos los días en cada una de las 16 alcaldías. La idea es beneficiar directamente a más de 500 mil derechohabientes que viven en la Ciudad de México; también beneficiar a servidores públicos para que puedan acceder a estos beneficios”.
