Obsoleta ley de seguridad privada; urge una nueva: Bernal Gómez
Luis Muñoz jueves 20, Jul 2023Segunda vuelta
Luis Muñoz
La evidente ola de violencia en el país, consignada por diversas organizaciones de la sociedad civil y difundida por diversos medios informativos, es un claro indicio que se requiere de un verdadero golpe de timón, un cambio de rumbo importante que modifique el statu quo que hoy se vive en este aspecto.
Y es en este contexto que se habla de la imperante necesidad de contar con una nueva Ley de Seguridad Privada en México, como bien señala Gabriel Bernal Gómez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).
Un ejemplo de esta ola delictiva, por citar un caso, es el asalto a la joyería del centro comercial Antara de Polanco el 26 de junio en la Ciudad de México, perpetrado por varios sujetos que sustrajeron piezas lujosas de joyería. Bernal Gómez considera que la actual ley en la materia es ya obsoleta y por ello es necesaria una nueva legislación que brinde mejores atributos y permita una mayor eficacia, cobertura y coordinación para las empresas de seguridad. El objetivo es contar con una ley general que rija de manera uniforme en todo el país. Actualmente, dijo, las empresas de seguridad privada se enfrentan a la complejidad de obtener múltiples permisos para operar tanto en terminales aéreas como puertos; el Registro Público de Empresas de Seguridad (REPSE) y hasta 32 permisos estatales. Incluso, agregó, algunos municipios tienen sus propias leyes, creando un panorama fragmentado y contradictorio, es decir, alrededor de 70 a 80 autorizaciones en todo el país para poder laborar”.
Por eso, el objetivo es contar con un sólo permiso federal con mayores atribuciones, simplificando así la prestación de servicios en todo el territorio y mejorar la experiencia para los usuarios que contratan los servicios de esta importante industria.
El presidente de la AMESP, que agrupa actualmente a 241 empresas debidamente establecidas, destacó también que la urgencia de contar con una Ley de Seguridad Privada actualizada radica en la adaptación a los avances tecnológicos y a las circunstancias alarmantes de violencia e inseguridad que enfrentamos. Destaca que “esta ley debe establecer requisitos claros, como capacitación y certificación del personal, uso de tecnología especializada y medidas de prevención y respuesta ante emergencias”. Su promulgación (de la ley) es crucial para garantizar una protección más efectiva a las familias y a las organizaciones tanto públicas como privadas en todo el país; sin embargo, resulta desconcertante que esta importante acción legislativa se encuentre actualmente en pausa en el Congreso de la Unión”.
Bernal Gómez reconoció que la inseguridad en el país es motivo de preocupación, tanto a nivel nacional como en América Latina. No obstante, el sector de la seguridad en México en general y la AMESP, están comprometidos diariamente en encontrar soluciones a largo plazo para abordar las problemáticas y garantizar la seguridad de los usuarios. Precisó que además de cubrir la seguridad en aeropuertos del país, las empresas del ramo han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Entre 2010 y 2020, el número de empresas registradas aumentó un 92%, importante para el desarrollo económico de la nación.
Resaltó que el robo al autotransporte es uno lo los delitos que preocupan a la sociedad y añadió que, aunque algunas empresas de seguridad están enfocadas en desarrollar soluciones en estas áreas, incluyendo tecnologías de inteligencia artificial, la colaboración con la Guardia Nacional en la seguridad de las carreteras se considera insuficiente, lo que lleva a los transportistas a invertir grandes cantidades de dinero en pago de seguros, escoltas, sistemas de monitoreo y blindaje de vehículos.
Incentivarán participación ciudadana
El diputado Ricardo Rubio dijo este miércoles que la designación de Reynaldo Baños Lozada como enlace entre el Congreso CDMX y el Comité de Selección para la persona Titular de la Dirección General del Instituto de Planeación busca brindar todas las facilidades para que este comité cumpla con su mandato constitucional y legal.
De acuerdo al legislador y presidente de la Comisión de la Comisión de Planeación del Desarrollo, dicho grupo de trabajo ya discutió el proyecto de dictamen para reformar el artículo 14 y su fracción cuarta de la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, que busca modificar los requisitos para formar parte del Consejo Ciudadano. Informó que se llegó al consenso de contar con un título profesional o bien con mínimo tres años de experiencia comprobable en las áreas de ingeniería, físico matemáticas, ciencias sociales, ambientales y humanidades. Rubio Torres aclaró que de ninguna manera eso significa “que estemos disminuyendo o eliminando los requisitos para formar parte del Consejo; se trata de una reforma que permitirá una mayor participación de ciudadanas y ciudadanos. Explicó que es con el propósito de no poner limitaciones académicas para poder formar parte de dicho Consejo Ciudadano.
