Lozoya Austin, acusado de corrupción, se queja de extorsión de parte de la 4T
Miguel Ángel Rivera miércoles 19, Jul 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El primer supuesto gran éxito de la llamada Cuarta Transformación contra la corrupción fue la denuncia penal contra el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, quien fue extraditado por España en julio de 2020.
Tres años después no se ha logrado que un juez declare culpable al que fuera destacado político en el anterior sexenio, ni mucho menos se ha logrado encarcelar a los “numerosos” políticos que se supone corrompió con los sobornos entregados por Odebrecht la empresa multinacional con sede en Brasil, ahora denominada Novonor, y por las “utilidades” derivadas de la compra irregular, a precios abultados, de una planta de fertilizantes Agronitrogenados, la cual según todos los testimonios era una factoría inútil.
Al tramitar la extradición de Lozoya —refugiado en España— la llamada Cuarta Transformación recurrió a su gran equipo de propaganda para presentar ese trámite como un gran éxito diplomático y prueba de la lucha real contra la corrupción que desde su arranque ofreció erradicar sin que hasta ahora lo consiga. Claro, tampoco empezaba la “reivindicación” histórica para conseguir que el gobierno español se disculpara por la explotación de los pueblos originarios durante la Conquista y la Colonia, ni mucho menos empezaba la “pausa” en las relaciones diplomáticas de México con España, la cual fue ratificada hace sólo unos días por la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, Andrea Bárcena.
Es momento en que todavía no se produce la anunciada depuración en el gobierno federal ni en las empresas petroleras vinculadas con esa “gran conspiración” para corromper. Sólo fue acusado un ex senador del PAN, que ya ahora recuperó su libertad porque los eficientes abogados de la llamada Cuarta Transformación no han sido capaces de comprobar los delitos de los que lo acusaron, como tampoco a otros supuestos implicados.
El personaje central, Emilio Lozoya, que ofreció denunciar a todos los que supuestamente se beneficiaron con los sobornos y las operaciones irregulares —con lo cual consiguió el beneficio de “testigo protegido”— también está en proceso de recuperar por completo su libertad, pues como parte de sus privilegios por inculpar a otros políticos gozó casi de total libertad, hasta que se hizo público que violaba impunemente su reclusión domiciliaria.
Para recuperar su total libertad, Lozoya negoció con la dirección de Pemex y con la Fiscalía General de la República (FGR) una reparación en efectivo, fijada por los jueces del caso en 3.4 millones de dólares, según revelaron sus abogados.
En contra de ese supuesto acuerdo, hace unos días trascendió que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación había elevado su demanda de reparación del daño por la compraventa de Nitrogenados hasta 30 millones de dólares.
La inmediata respuesta de Lozoya Austin al aumento de la caución fue la de quejarse de que se trata, no de una reparación del daño, sino de una simple extorsión.
El inculpado recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que al momento de la extradición encabezaba el ahora marginado Santiago Nieto Castillo y ahora tiene como titular al experimentado luchador de izquierda Pablo Gómez Álvarez y Pemex pidieron por escrito, desde enero de 2022, una indemnización de 3.4 millones de dólares.
“Me parece ilegal, inmoral y me parece que raya en extorsión”, manifestó Lozoya Austin, quien precisó que aceptó pagar “el 100 por ciento de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño ¿Por qué el incremento? ¿Por qué la cuasi extorsión?”, preguntó.
Como no han recibido una explicación de las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera ni de Pemex por incrementar en 200 por ciento la reparación del daño, Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, decidió no llevar a cabo la audiencia intermedia.
La mencionada audiencia quedó pendiente también debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no participó en las negociaciones donde el ex funcionario trató de lograr un acuerdo reparatorio para suspender la causa penal que enfrenta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“De manera dogmática se dice que es la postura del gobierno federal…Yo debería verificarlo… Se requiere de fundamentación y motivación”, manifestó el juzgador.
Aunque los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso, además de Lozoya, pidieron que iniciara la audiencia intermedia para que la FGR presentara su acusación formal del caso, el juez explicó que era necesario garantizar los derechos del imputado.
Esto originó que los abogados del ex director de Pemex anunciaran que presentarán dos nuevos amparos en busca de desestimar la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita contra su cliente por autorizar que la paraestatal comprara la planta de Agronitrogenados, que resultó un fraude.
Luego de la audiencia que se realizó en el Reclusorio Norte, Miguel Ontiveros, representante legal del ex funcionario, señaló que uno de los amparos será contra la decisión de reconocer la personalidad jurídica de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en este juicio, y el otro será para insistir en que la acusación contra su cliente ha prescrito.
El abogado afirmó asimismo que Lozoya no tiene los recursos para pagar la nueva cantidad que exigen como reparación del daño y sostuvo que el aumento en esta cantidad constituye “violencia y una persecución en contra de Lozoya y su familia.”
Advirtió que si el Estado mexicano no quiere celebrar el acuerdo también deben dar una justificación al igual de por qué no estuvo presente la FGR.
“Debió tener intervención la Fiscalía porque es el rector de la propia investigación, veo que UIF y Pemex van por cuerda separada de la fiscalía y eso tampoco es correcto”, advirtió el juez.
El juez citó a las partes el 31 de agosto para la celebración de la audiencia intermedia, lapso que tendrá la FGR para participar en las negociaciones del acuerdo reparatorio.
Otra vez, los funcionarios de Salud del
gobierno federal dejan plantados a los diputados
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados canceló la comparecencia con el titular de la Comisión Coordinadora del Instituto Nacional de Salud, Gustavo Reyes Terán, y la reunión de trabajo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, porque a menos de 24 horas de las reuniones, ambos funcionarios no confirmaron su asistencia.
Además, el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Zenteno Santaella, quien estaba citada a comparecer el 26 de julio ante la comisión, envió una carta para anticipar que no acudirá, porque tiene una reunión para ese día con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta no es la primera ocasión que los funcionarios federales desdeñan a los legisladores federales. Todavía a finales de junio del presente año, diputados de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI denunciaron que Morena bloquea sistemáticamente las peticiones de comparecencia de López Gatell para rendir cuentas sobre diversos temas, como el manejo de la pandemia de Covid-19
En el caso más reciente, el diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba comentó que “se trató de una negativa de facto”, pero lo más notable fue la inconformidad de una legisladora oficialista, Selene Ávila, de Morena, quien dijo que la negativa de los funcionarios de Salud a rendir cuentas ante los diputados implica “una burla siniestra”.
La legisladora “morena” recordó que “llevamos toda la legislatura tratando de realizar una comparecencia con una genuina preocupación y nos salen con esto una y otra vez. Es una simulación. Hemos sido sumamente pacientes en todos los sentidos. ¡Somos payasos, bufones de corte feudal en una república pobre!”
Selene Ávila incluso sugirió consultar con Presidencia si efectivamente Zenteno Santaella tiene programada cita con el mandatario.
En la reunión de junta directiva de la Comisión de Salud, a sugerencia de distintos diputados, se optó sólo por votar el orden del día de las comparecencias, pero las fechas quedaron en el aire, sujetas a que los funcionarios decidan cuándo pueden o desean acudir.
El presidente de la Comisión, Emanuel Reyes Carmona (Morena), señaló que los funcionarios no confirmaron.
