Como la 4T, la oposición aprovecha que el INE deja de aplicar las leyes
Miguel Ángel Rivera viernes 30, Jun 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Con el aval de un Instituto Nacional Electoral (INE) “amigo”, que tolera toda clase de actos anticipados de campaña, las “corcholatas” oficiales se dan vuelo con sus precampañas apenas disfrazadas, pero también los aspirantes a la nominación de la alianza Va por México o Frente Amplio por México se alistan para iniciar recorridos por todo el país, en cuanto las dirigencias de los partidos coaligados y las decenas de organizaciones civiles que se han sumado definan con toda claridad las reglas para elegir a su abanderado.
Es de precisar que decretar las actividades de los aspirantes a un cargo de representación popular —en este caso, la Presidencia de la República— como actos anticipados de campaña puede llegar a sanciones tan severas como la pérdida del registro y nadie quiere llevar los conflictos político-electorales a ese extremo y esto, menos que nadie, los nuevos consejeros encabezados por la nueva presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, simpatizante de Morena.
Esto queda muy claro en un artículo titulado Equidad Electoral y Actos Anticipados de Campaña, escrito por el magistrado electoral Felipe de la Mata Pizaña, en el cual indica que, por actos anticipados de campaña, “las sanciones van desde la amonestación pública y multas, reducción de ministraciones del financiamiento público e interrupción de la transmisión de la propaganda en radio y televisión en el caso de partidos políticos; a los aspirantes, precandidatos o candidatos partidistas se les puede imponer la pérdida del derecho a ser registrado, la cancelación del registro, o con la negativa para registrar al precandidato electo en el proceso interno partidista; y a los aspirantes a candidatos independientes con la negativa de registro, conforme al artículo 456, párrafo 1, inciso a), c) y d) de la LEGIPE (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales).
En ríspido debate, la Comisión de Quejas y Denuncias del nuevo INE rechazó las demandas que le pedían ordenar a las corcholatas de Morena suspender de inmediato sus giras y asambleas públicas.
En respuesta a una demanda interpuesta por el diputado Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), contra Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco por realizar actos anticipados de campaña, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE presentó un proyecto en el que se proponían medidas cautelares y se ordenaba a los aspirantes a la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación (en realidad la candidatura presidencial de la llamada Cuarta Transformación) suspender todos los actos públicos referidos como “recorridos” o “asambleas informativas”, debido a que “se hace presumir que se tratan de actos proselitistas”.
En contra se manifestaron los nuevos consejeros Rita Bell López y Jorge Montaño, impuestos por la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados.
Bell alegó que se prejuzgaba”, pues la decisión al respecto no le corresponde al INE, sino a la Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mientras que Montaño destacó supuestas deficiencias en el proyecto de la UTCE y propuso que sólo se llamara a los aspirantes a realizar sus actividades conforme lo que establece la ley (la cual, por cierto, proscribe los actos anticipados de campaña).
Por el contrario, la presidenta de la Comisión de Quejas, Claudia Zavala, señaló que las giras de los seis aspirantes son actos abiertos y no eventos internos donde se llame a afiliarse a Morena; además, explicó que las medidas cautelares buscaban evitar un acto ilícito y no esperarse a lo que determine el TEPJF.
Cabe destacar que asistieron a la sesión los también consejeros Jaime Rivera Velázquez, Dania Ravel Cuevas y Arturo Castillo Loza, pero sin derecho a voto. No obstante, al dar sus opiniones, respaldaron la propuesta de dictar medidas cautelares contra las giras de las seis “corcholatas”, cuatro de Morena y dos de sus satélites del PVEM y PT.
Rivera Velázquez comentó que las giras de las “corcholatas” tienen toda la apariencia de proselitismo electoral y hasta aludió a los consejeros Rita Bell López y Jorge Montaño al señalar que las autoridades electorales deben actuar con mesura y no tener expresiones que parece que defienden al denunciado, que en este caso es Morena.
Ravel Cuevas recordó que la ley electoral establece que los actos anticipados de campaña son aquellos actos que se realicen fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados al voto y se solicite el apoyo para contender en un proceso electoral, por lo que comentó que coincidía con la propuesta de la Unidad Técnica.
Antes que un pleito, la oposición optó por
aprovechar las facilidades para hacer precampaña
Bajo acusaciones de que han dejado pasar el tiempo y permitir que la llamada Cuarta Transformación les tome ventaja en la lucha por la Presidencia de la República y por los otros miles de cargos que estarán en disputa el 2 de junio de 2024, los partidos que integran la alianza Va por México o Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD) han optado por evitar la lucha ante los tribunales y aprovechar también la laxitud del INE al aplicar las leyes.
Primero, el pasado lunes, los dirigentes nacionales de los tres partidos aliados anunciaron su proceso para elegir candidato presidencial, pero a semejanza del oficialismo optaron por cambiar el título por el de “Responsable Nacional de Construir un Frente Amplio por México” y de esa manera, en apariencia, cumplen con las leyes.
El anuncio tuvo aceptación generalizada, aunque no total. El problema que tuvieron es que las reglas no fueron bien entendidas o de plano rechazadas y esto originó defecciones, así como el retiro del grupo calificado de expertos en materia electoral.
Ante esta situación, los dirigentes de los partidos coaligados convocaron una nueva conferencia de prensa en la que básicamente se presentó un nuevo comité de expertos denominado Comité Organizador de la alianza de Va por México, órgano que será el encargado de precisar el método para definir la candidatura presidencial opositora.
Los integrantes desde la sociedad civil son especialistas electorales: Teresa González Luna, Alejandra Latapí, Juan Manuel Herrero y Rodrigo Morales, ex consejeros del entonces Instituto Federal Electoral (IFE); Marco Baños y Arturo Sánchez, ex consejeros del ya convertido en INE; así como Patricia Macarthy, ex consejera electoral en Yucatán.
Además, el PRI, PAN y PRD tendrán seis espacios en ese Comité Organizador. Por el PAN estarán el secretario de Elecciones, Armando Tejeda; y el titular de la Coordinación General Jurídica, Raymundo Bolaños. Por el PRI, Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales, y Rolando Zapata, secretario de Acción Electoral. Del PRD van su coordinador en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, y la secretaria de Asuntos Electorales, Claudia Castello.
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que el Comité Organizador será el encargado de poner en práctica el proceso interno de selección y aseguró que los integrantes le darán certeza y legitimidad.
El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que la búsqueda del próximo representante nacional del Frente Amplio por México no violenta el marco electoral.
A su vez, el presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, insistió en que el proceso elegido por la coalición y los representantes de la sociedad civil, a pesar de quejas y de bajas de aspirantes, es práctico, realizable, potente y distinto, y es muy sencillo.
De paso, el dirigente del PRI hizo un enérgico llamado al Ejecutivo federal para que desista en sus intentos de intervenir en el proceso interno del Frente Amplio por México. “Cada uno de los señalamientos que se han hecho sobre nuestro proceso desde las plataformas del gobierno claramente desemparejan la contienda y es algo que tenemos que señalar y denunciar con toda claridad”, recalcó.
Por separado, el coordinador de los diputados del PRD, Luis E. Cházaro, informó que la recolección de firmas deberá ser costeada por cada aspirante a coordinador o precandidato, mientras que los partidos pagarán la aplicación que servirá para que se inscriban los ciudadanos que desean votar en el proceso interno.
