Ciudadanía demanda un Poder Judicial íntegro y plural: presidenta de la Corte
Miguel Ángel Rivera jueves 29, Jun 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Acosada desde Palacio Nacional y cercada por “viejitos” mercenarios, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, sostuvo ayer que los ciudadanos “demandan la existencia de un Poder Judicial cercano, transparente, plural, garante de nuestros de derechos humanos y sobre todo un Poder Judicial íntegro”.
En respuesta indirecta a las diatribas que le dirigen a ella y a todo el Poder Judicial federal desde la acera de enfrente, la jurista defendió la actuación de los jueces y señaló que los problemas nacionales no se limitan a los impartidores de justicia, pues “las demandas de la ciudadanía frente a las instituciones públicas son, cada vez, mayores y más frecuentes. Estas exigencias se agravan por los problemas estructurales que aquejan a nuestra sociedad, como la violencia y la desigualdad económica y social”.
Al dar la bienvenida a los participantes en un foro denominado “Foros sobre ética judicial”, como parte del Tercer Congreso de Filosofía del Derecho para el Mundo Latino, la presidenta de la suprema Corte señaló: “La finalidad principal de este diálogo es propiciar un intercambio entre la teoría y la práctica, entre el desarrollo conceptual de la independencia y la imparcialidad judicial, y la práctica de estos principios”.
Al respecto, señaló que “hay un punto de convergencia claro entre la teoría y la práctica, los ciudadanos demandan la existencia de un Poder Judicial cercano, transparente, plural, garante de nuestros derechos humanos y sobre todo un Poder Judicial íntegro.
“Para alcanzar el ideal de integridad en la función jurisdiccional, para lograr que la ciudadanía no sólo perciba, sino experimente un Poder Judicial íntegro, debemos partir de la complejidad de ejercicio de una profesión como la judicial”, agregó la ministra, para luego señalar:
“Nuestra función: Juzgar, no radica únicamente en el manejo de conocimientos de tipo instrumental, sino también en la necesidad de que la misma se rija por criterios de justificación o principios dentro de un Estado democrático y constitucional de derecho.
“La independencia y la imparcialidad son dos principios fundamentales que guían nuestra función jurisdiccional, detengámonos todos a pensar, a reflexionar y a discutir, cuál es el impacto y la trascendencia de ellos en nuestro quehacer cotidiano, dialoguemos, escuchemos desde una perspectiva interdisciplinaria como lo puede ser la teoría o la filosofía del derecho en el sentido de establecer cómo estos principios impactan nuestra actividad a efecto de generar confianza, básicamente confianza en la población.
Frente a las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el Poder Judicial “es un bastión del conservadurismo corrupto”, la ministra Piña Hernández sostuvo que “la independencia y la imparcialidad son dos principios fundamentales que guían nuestra función jurisdiccional, detengámonos todos a pensar, a reflexionar y a discutir, cuál es el impacto y la trascendencia de ellos en nuestro quehacer cotidiano, dialoguemos, escuchemos desde una perspectiva interdisciplinaria como lo puede ser la teoría o la filosofía del derecho en el sentido de establecer cómo estos principios impactan nuestra actividad a efecto de generar confianza, básicamente confianza en la población.
“Estoy convencida de que la independencia y la imparcialidad judicial forman parte del coto vedado al que se refiere el filósofo argentino Garzón Valdés, se erigen como garantías indisponibles para que los derechos humanos, sobre todo, los de las minorías y de las personas más vulnerables no sean vejados y a la vez sean garantizados a través de la actividad jurisdiccional.
“Independencia e imparcialidad son dos caras de la misma moneda, citando al profesor Aguiló: Los deberes de independencia e imparcialidad conforman dos características básicas y definitorias de la posición institucional del juez, en el marco del Estado de derecho conforman la peculiar forma de obediencia al derecho que éste nos exige a los juzgadores.
La presidenta del máximo tribunal de México señaló que “el juez que se sabe y actúa de forma independiente e imparcial honra y legitima su investidura y la función jurisdiccional ante sus pares, y fundamentalmente, ante la sociedad a la que servimos.
“La ética fortalece y refuerza virtudes cívicas como la independencia y la imparcialidad; promueve la implementación de una cultura de excelencia que debe ser la máxima aspiración de quienes integramos, orgullosamente, la Judicatura Federal”, concluyó Piña Hernández, en su indirecta respuesta a López Obrador, quien amenaza con una reforma que incluye elegir mediante el voto popular a los ministros de la Suprema Corte. “Es evidente que hace falta una reforma del Poder Judicial porque actualmente es un bastión del conservadurismo corrupto”, ha dicho de manera reiterada el jefe del Ejecutivo.
López Obrador pide aclaraciones al
Poder Judicial, mientras viola la Constitución
Las declaraciones de la presidenta de la Suprema Corte se produjeron apenas un día después de que López Obrador anunció que pediría por escrito a los ministros que le informaran sobre si acatan o no el artículo 127 de la Constitución, que prohíbe a cualquier funcionario público ganar más que el jefe del Poder Ejecutivo.
“Les informo que voy a presentar, a través de la Secretaría de Gobernación, que tiene las facultades, un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia para que me respondan, en el término establecido por este ordenamiento, por qué ellos violan la Constitución, en especial porque violan el artículo 127 que establece que nadie debe ganar más que el presidente de la República, y ellos ganan cuatro o cinco veces más de lo que yo gano”, informó el mandatario durante la conferencia de prensa matutina del reciente martes.
“Ya lo estudiaron los abogados y se procede a hacer el escrito y en cinco días me tienen que dar una respuesta, los ministros de la Corte. Hoy voy a enviar a través de la Secretaría de Gobernación, quiero ver si es legal el violar la constitución, el violar el artículo 127 de la Constitución”, dijo.
El jefe del Ejecutivo indicó que, de conformidad con las facultades de la Secretaría de Gobernación, enviará la misiva a los ministros de la Corte y espera una respuesta a más tardar en un plazo de cinco días.
Es de recordar que, como parte de los estudios de la ahora Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, donde López Obrador estuvo inscrito de 1973 a 1976 —se tituló de licenciado años después—, hay por lo menos dos cursos de Derecho Constitucional, en los cuales los catedráticos explican los principios fundamentales, uno de los cuales se conoce como “no retroactividad de las leyes”, el cual significa en términos llanos que una ley no se puede aplicar a hechos ocurridos antes de ser aprobada por el Congreso. También, los alumnos conocen que los salarios y las prestaciones de un trabajador —cualquiera que sea su nivel— no pueden ser recortados aunque el mismo interesado renuncie a ello.
Al respecto, es de recordar que la reforma constitucional que establece que ningún funcionario público, ya sea del gobierno central o de los organismos autónomos, puede ganar más que el presidente de la República entró en vigor el 19 de mayo de 2021, cuando fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Esto significa, de conformidad con los principios legales mencionados, la reforma no se puede aplicar a los funcionarios que entraron en funciones antes de esa fecha, aunque los propios interesados aceptaran los recortes.
De los ministros en funciones, a la única que le aplica la reforma constitucional que tanto le preocupa a López Obrador es su recomendada e incondicional Loretta Ortiz Ahlf, pues ella tomó posesión el 12 de diciembre de 2021, cuando ya estaba vigente el cambio aprobado por la mayoría oficialista del Congreso.
Por contrapartida, los ministros le podrían pedir explicaciones al titular del Ejecutivo Federal acerca de las violaciones a la Constitución en que ha incurrido, sobre todo al dar a las fuerzas armadas toda clase de responsabilidades a pesar de que el artículo 129 de la Carta Magna establece expresamente que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
