Al invalidar el “plan B”, la Suprema Corte defiende el principio de legalidad
Miguel Ángel Rivera viernes 23, Jun 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Resultaba previsible y se cumplió: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválida la segunda parte del llamado “plan B” electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la llamada Cuarta Transformación para tener el control total de las elecciones en el país y relegar al Instituto y al Tribunal electorales.
Para que no hubiera dudas, se repitió la votación que dejó inhabilitada la primera parte del intento de control por parte del gobierno federal, nueve contra dos.
Si algún aspecto positivo pudiera encontrar el actual primer mandatario sería el de confirmar que en el máximo tribunal del país tiene dos aliadas incondicionales en las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, quienes desde antes de llegar a la Suprema Corte eran parte de su círculo íntimo, junto con sus esposos, respectivamente, el ahora fiscal para delitos electorales y antes su secretario de Gobierno en la ahora Ciudad de México José Agustín Ortiz Pinchetti, y el exitoso empresario José María Riobóo Martín, considerado el “contratista favorito” de López Obrador.
Fueron las dos ministras mencionadas las únicas que votaron por mantener vigentes las dos fases de la reforma electoral impulsada por el actual jefe del Ejecutivo Federal. En contra se mantuvieron los restantes nueve ministros del tribunal constitucional, incluidos Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara, quienes también fueron postulados por López Obrador, pero en las dos ocasiones han antepuesto su respeto a las leyes nacionales por sobre la lealtad al amigo.
Como sucedió con la parte primera del plan electoral del jefe del Ejecutivo federal, en realidad los ministros no tuvieron que entrar al fondo de las múltiples reformas ordenadas por López Obrador a los legisladores oficialistas, pues se dejaron sin efecto los cambios por los vicios en la forma como se tramitaron las iniciativas en las respectivas sesiones de las cámaras de Diputados y de Senadores, que incluyeron dispensa de todos los trámites y la aprobación de las reformas a toda prisa y en sesiones que se realizaron de madrugada, inclusive con ausencia de toda la oposición.
“La Corte resolvió que existieron múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo y que, conforme a la jurisprudencia del propio Tribunal, invalidan dicho procedimiento”, dice el comunicado dado a conocer por la SCJN al término de la sesión de ayer, en el cual se detallan las omisiones e irregularidades en los trámites legislativos:
“1) Las iniciativas del denominado “plan B” fueron presentadas a discusión y aprobación sin que fueran publicadas previo al inicio de la sesión, para que todos los legisladores tuvieran oportunidad de conocerlas, tal como lo señala el Reglamento de la Cámara de Diputados.
“2) Estas iniciativas comprenden seis leyes y más de 510 artículos adicionados, reformados o modificados.
“3) Las iniciativas fueron clasificadas como urgentes por la mayoría sin dar razón alguna, lo que significa que ni siquiera fueron dictaminadas en comisiones, por lo que se procedió a su discusión y aprobación inmediata, a pesar de su extensión y complejidad. Ello a pesar de las reiteradas peticiones de las minorías para permitir previamente conocer el contenido de los Decretos y así proceder a un debate serio.
“4) Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República discutieron y eliminaron indebidamente artículos del proyecto de decreto, cuyo texto ya había sido aprobado por ambas Cámaras. Una de las reglas constitucionales específicas del procedimiento legislativo prohíbe tajantemente a las Cámaras del Congreso de la Unión alterar en modo alguno los artículos o disposiciones de los proyectos de ley o decreto, que ya hubieran sido aprobados previamente por ambas.
“5) Las Comisiones Unidas del Senado de la República omitieron sesionar y aprobar su dictamen de manera conjunta. Asimismo, tampoco cumplieron con las reglas de votación previamente establecidas”.
Con esta sentencia, las leyes electorales quedan como antes
La sentencia de la SCJN confirma que el proceso electoral que culminará con las votaciones del 2 de junio de 2024, en el cual se votará por presidente de la República y más de 20 mil cargos de representación popular, tanto federales como locales, se realizarán con las leyes vigentes antes del intento de la llamada Cuarta Transformación por reducir las facultades el Instituto y el Tribunal electorales.
Así se establece en el comunicado de la Suprema Corte:
“Al declararse la invalidez del decreto impugnado, el Pleno determinó que a fin de preservar el principio de certeza que rige en materia electoral, las normas que se habían reformado a través de dicho decreto recuperarán su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de aquel, es decir, al 2 de marzo de 2023.
“La Suprema Corte ha sostenido, desde hace más de 15 años y en más de 30 ocasiones, que el procedimiento legislativo definido en la Ley Fundamental es la base del régimen democrático y no un mero formalismo, ya que exige que el órgano legislativo observe y proteja los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa”.
Por supuesto, la decisión de los ministros del máximo tribunal generó disgusto en las filas de la llamada Cuarta Transformación.
Para empezar, el presidente López Obrador –que evidentemente tenía información anticipada del sentido de la sentencia– acusó en su conferencia mañanera a la Suprema Corte de “intromisión” en asuntos de exclusiva competencia del Legislativo.
“Considero que es una invasión, una intromisión al Poder Legislativo. Le van a corregir la plana al Poder Legislativo”, manifestó el mandatario antes de conocerse la decisión de la mayoría de los ministros del máximo tribunal.
López Obrador repitió argumentos que ha expresado anteriormente contra los miembros del Poder Judicial Federal, al calificarlo de “poder conservador en defensa de la minoría conservadora”.
Además, al contrario de lo que finalmente decidieron los ministros, el jefe del Ejecutivo sostuvo que las reformas impugnadas fueron debidamente revisadas por diputados y senadores. “Sí se discutió, y además el bloque conservador en el Congreso no quiso ni siquiera participar en nada. Pues por eso van a anular la ley electoral”.
Luego insistió que la actuación de la SCJN es “la intromisión de un poder en asuntos que competen a otro”.
Esto no se queda así, viene el “plan C”
Para no variar, los legisladores oficialistas, de inmediato expresaron su respaldo a su líder y guía, por lo que anunciaron que, lo antes posible, pondrán en práctica lo que López Obrador ha bautizado como “plan C”, que incluye reformas constitucionales para las cuales no tienen suficientes votos.
El senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, que trata de justificar su nombramiento como coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la llamada Cámara alta, se apresuró a anunciar que, en el próximo periodo de sesiones, el cual inicia el 1 de septiembre, el grupo mayoritario irá por una reforma electoral.
“Sí, la propuesta (en la) que nosotros vamos a insistir a partir del 1 de septiembre, es generar una agenda legislativa donde discutamos una nueva reforma electoral con la tranquilidad de que en el año 2024 va a normar la esencia constitucional y las normas jurídicas que han regido el (20)21 y el (20)18”.
En rueda de prensa, el legislador explicó que con esa reforma, “es importante reducir los tiempos y me refiero al año 2027, reducir los tiempos aire, reducir los tiempos en la instalación de las juntas distritales federales en los 300 distritos. Es decir, la contratación del personal se da durante nueve meses; lo que vamos a proponer es que vaya hacia seis meses, para reducir los gastos excesivos que se tienen en este organismo autónomo”.
Además, dijo: “Vamos a discutir la impartición de justicia. Dentro de ellas, tenemos que discutir las prerrogativas de los partidos políticos que no pueden ser con fórmulas excesivas que fueron derivadas de aquel famoso Pacto por México”.
Por el contrario, los diputados federales del PRI, encabezados por su coordinador, Rubén Moreira, y el presidente de su partido, Alejandro Moreno, elogiaron como “un gran acierto” la decisión de la Suprema Corte de invalidar la segunda parte del “plan B”.
