En México hay al menos 379 mil desplazados por violencia, denuncian organizaciones civiles

El crimen organizado los echa de sus hogares

• Una iniciativa de ley para atender a esta población lleva tres años congelada en el Senado

Al corte de 2021, en México hay 379 mil desplazados en el país, que han dejado sus hogares por presión del crimen organizado, por proyectos mineros y por efectos climáticos.

De acuerdo con organizaciones civiles, en México, cada 24 horas hasta 38 personas dejan sus hogares por presión del crimen organizado, por proyectos mineros y por efectos climáticos, llegando a un total de al menos 379 mil desplazados en el país al corte de 2021.

Según Serapaz, estas cifras, que fueron documentadas por el Observatorio de Desplazamiento Interno, dan cuenta de “una crisis humanitaria” en México; país que ocupa el primer lugar de naciones que, sin estar oficialmente en guerra, suman más víctimas de desplazamiento en el mundo.

Todo lo anterior no ha sido suficiente para que los legisladores del Senado de la República aprueben el proyecto de Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado, misma que sí recibió luz verde por todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados desde el 19 de septiembre de 2020, día en el que se turnó al Senado. Desde entonces, hace ya prácticamente tres años, el proyecto ha permanecido en la congeladora, a pesar de la gravedad de la situación que enfrentan cientos de miles de mexicanos.

Entre otros puntos, la iniciativa proyecta que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) se haga cargo de las personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia a causa de acciones violentas, y además el reconocimiento de quienes huyen como víctimas de desplazamiento a las que el Estado debe atender con ayuda humanitaria, acceso a vivienda digna, trabajo, y educación para los niños.

Pero nada de eso está sucediendo, denunció León Alberto Pérez, integrante de Serapaz y del Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado, que aseguró que las comisiones en el Senado de Gobernación, Hacienda y de Estudios Legislativos, son las que “están frenando la iniciativa”.

“No sabemos ni entendemos por qué no se aprueba. Para ellos, la excusa es que no hay presupuesto suficiente para atender una crisis humanitaria. Pero para nosotros eso no tiene sentido, porque el presupuesto lo aprueba la Cámara de Diputados, y ahí ya se aprobó esta iniciativa de Ley porque ya la revisaron y ya dijeron que sí podría haber un presupuesto suficiente para operarla”, expuso el activista, que consideró que el motivo por el que no avanza la ley puede ser de falta de voluntad política.

“No interesan los desplazados”

 Por su parte, Teodomira Rosales, directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos, con sede en Chilapa de Álvarez, en Guerrero, señaló: “Este gobierno va de salida y pues está claro que ya no le interesa este tema, ni hacer acuerdos con las víctimas ni los colectivos, pero nosotros seguiremos luchando para que las víctimas tengan un lugar digno para vivir y para morir, y para que los niños tengan acceso a la educación y a las becas”.

Además, denunció que debido a que miles de personas tienen que huir de sus lugares de residencia “solo con lo puesto”, éstas tampoco pueden acceder a las becas y apoyos gubernamentales porque no tienen documentos.

La activista y desplazada Teodomira Rosales, no obstante, no se mostró optimista de que esta ley o protocolo federal vaya a ver la luz antes de que termine este sexenio el próximo año. Este martes se realizó un foro en la Cámara de Diputados sobre los retos del desplazamiento forzado interno. Durante su intervención, la senadora Néstora Salgado dijo que este “es un tema principalmente de recursos”.

“Sí hay intención política, pero es un tema de presupuesto. Y necesitamos que esto se mire desde abajo, desde los pueblos, y no desde los escritorios”, señaló la legisladora, que pidió públicamente una reunión con la Secretaría de Gobernación, al frente de la cual ahora está Luisa María Alcalde, la Secretaría de Hacienda federal, los legisladores, junto con los activistas y las víctimas.