La Suprema Corte contra monopolio estatal en la industria petrolera
Miguel Ángel Rivera jueves 15, Jun 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene nuevo motivo para continuar con sus insultos contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) que, esta vez, le dieron en uno de los sectores económicos que más le interesan, el predominio de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sector hidrocarburos.
En síntesis, los ministros invalidaron las reformas con las que el primer mandatario pretendía invalidar la reforma energética aprobada en el sexenio anterior, con la cual se puso fin a lo que se consideraba monopolio estatal en materia de hidrocarburos, con Pemex como institución insignia.
Esto porque la Corte declaró inconstitucional la reforma, promovida por el jefe de la llamada Cuarta Transformación para dar predominio a Pemex sobre sus competidores.
De hecho, la contrarreforma de López Obrador casi no estuvo en vigor, pues en 2021, al día siguiente de la entrada en vigor de las reformas aprobadas por los legisladores de la llamada Cuarta Transformación, los jueces en materia Administrativa, Especializados en Competencia Económica, Rodrigo de la Peza López Figueroa y Juan Pablo Gómez Fierro, frenaron su aplicación al conceder suspensiones y después amparos, que ahora quedan confirmados con la sentencia de la Segunda Sala del tribunal constitucional.
Al justificar su contrarreforma, en febrero de 2021, desde Zacatecas, el presidente López Obrador afirmó que su iniciativa tiene como eje central devolver a Pemex el control de precios y llevar a cabo cambios en el transporte, distribución, comercialización, venta y almacenamiento de combustibles.
Señaló que “es imperativo el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad y soberanía energética y palanca de desarrollo nacional, para detonar un efecto multiplicador en el sector privado”, indica la exposición de motivos del documento enviado a la Cámara de Diputados.
Contra el propósito presidencial, la sentencia de la Suprema Corte, a partir de una ponencia del ministro Javier Laynez Potisek -uno de los objetivos más perseguidos por el jefe del Ejecutivo federal- ordena que prevalezcan las medidas impuestas a Pemex desde 2014, mismas que impiden que ejerza privilegios por encima de la competencia.
La decisión de los integrantes de la Segunda Sala del máximo tribunal del país fue dada conocer mediante un comunicado que lleva por título Promueve el desarrollo eficiente y competitivo del mercado, el cual detalla que los ministros determinaron que “es inconstitucional eliminar la facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para regular de manera asimétrica las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como la comercialización que realicen personas controladas por Petróleos Mexicanos o sus subsidiarios.
“El objetivo principal de la regulación asimétrica es generar un nuevo modelo donde participen diversos competidores en la industria de hidrocarburos, evitando regresar al monopolio vertical a cargo del Estado”, añade el comunicado, que también expone:
“Se llegó a la conclusión de que, con independencia de las atribuciones que se confieren al Congreso de la Unión para legislar en materia de hidrocarburos, la CRE es la única autoridad competente para regular todos los aspectos relacionados con la venta de primera mano de hidrocarburos y sus productos”.
También detalla que la sentencia fue aprobada por mayoría de tres votos, de los ministros Alberto Pérez Dayán (presidente de la sala) y Luis María Aguilar Morales, además del ponente Laynez Potisek. Votaron en contra las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, incondicionales de López Obrador, quien las postuló para llegar a la Corte.
Como sucedió con su proyecto de reforma electoral, también detenido por el máximo tribunal del país, López Obrador tendrá que agregar ahora el tema de los hidrocarburos a su anunciado “plan C”, que consiste en ganar una mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso de la Unión, para aprobar reformas constitucionales que no podrán ser contenidas por la oposición ni invalidadas por la Suprema Corte de Justicia.
Yeidckol Polevnsky impuso récord:
precandidata presidencial por un día
De manera inesperada, la ex dirigente nacional de Morena —en realidad secretaria general en funciones de presidenta— Yeidckol Polevnsky Gurwitz (antes Citlali Ibáñez Camacho) anunció el martes su decisión de sumarse a la lista de “corcholatas” de Morena que buscan el cargo de coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, el título con el que se intenta disfrazar la elección de candidato presidencial del partido oficial, para lo cual solicitó licencia para separarse de su cargo de diputada federal.
La también empresaria, ex presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) alegó que está desbalanceada en cuestión de género la relación de aspirantes presidenciales de la llamada Cuarta Transformación, pues están incluidos cinco hombres y sólo una mujer, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
La política “morena” se cuidó de hacer más evidente el subterfugio de nombrar al precandidato presidencial como defensor de la 4T.
Pero nada le valió. La condición de candidata a ese nombramiento tan disputado, le duró menos de un día, pues ayer mismo, el actual presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, la descalificó, al señalar que no cualquiera puede inscribirse en esa selecta relación.
El dirigente “moreno” señaló que el Consejo Nacional de su partido aprobó invitaciones con nombre y apellido, aunque en realidad los boletos de admisión fueron extendidos directamente por el real dirigente nacional del partido guinda, que se llama Andrés Manuel López Obrador. El resultado es que Polevnsky está fuera de la contienda.
En este caso, es de recordar que Polevnsky y Delgado tienen viejas rencillas, desde el proceso para elegir al actual presidente de Morena.
El que sí tiene asegurado el cargo es el senador con licencia Martí Batres Guadarrama, quien reemplazará a Claudia Sheinbaum Pardo al frente del gobierno capitalino. Para que se vea quién manda, el anuncio lo hizo la propia “corcholata”, a pesar de que la decisión de concederle licencia y designar a su sucesor le corresponde al organismo que pomposamente se llama Congreso de la Ciudad de México.
La seguridad en los aeropuertos nacionales está garantizada: AMESP
La seguridad de los aeropuertos del país está debidamente garantizada. Las empresas de seguridad privada que actúan en las terminales aéreas que existen en el territorio nacional, cuentan para ello con personal altamente capacitado y certificado.
Así se puso de manifiesto en el XII Simposium de Seguridad sobre el tema, celebrado en Expo Guadalajara, a donde asistieron más de mil 500 profesionales en la materia procedentes de 10 naciones.
En el evento, convocado por el grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y Segurilatam, se destacó la importancia de impulsar una cultura de seguridad y protección en este sector estratégico.Gabriel Bernal Gómez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), destacó en su participación la importancia de garantizar la seguridad de los pasajeros y las operaciones de la aviación civil.
Dijo que todos los aeropuertos de México cuentan con personal de seguridad privada altamente capacitado y certificado, que pasa por rigurosos controles de confianza y estricta capacitación antes de ser asignados a labores de vigilancia y protección.
“La seguridad privada juega un papel fundamental en el diseño y gestión de los procesos de seguridad en aeropuertos”, afirmó Bernal Gómez. Además de los guardias, las empresas de seguridad privada brindan servicios de consultoría, instalación de sistemas de seguridad electrónica, revisión de maletas, controles de acceso y protección perimetral, entre otros.
El presidente de la AMESP advirtió también la necesidad de que los operadores del transporte aéreo, infraestructuras o servicios relacionados con la aviación civil, como aeropuertos y aerolíneas, verifiquen que las empresas que les brinden servicios de seguridad cuenten con la autorización vigente por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
