Demandan el regreso del “Operativo mochila segura”

José Luis Montañez Aguilar, Nacional* martes 13, Jun 2023

Derecho de réplica

José Luis Montañez

 

• Aumento de la inseguridad en varias zonas de Quintana Roo

 

 

Asociaciones de padres de familia dieron a conocer que ante el aumento de la inseguridad en algunos puntos del estado, van a presentar ante las autoridades educativas de Quintana Roo y los diputados de la XVII Legislatura, una iniciativa para “legalizar” la figura de “operativo mochila segura” en las escuelas de nivel secundaria y preparatoria del estado, esto con el fin de evitar que los alumnos tengan entre sus pertenencias objetos que representen un peligro para ellos, sus compañeros y el personal docente.

Saúl Velasco García, miembro del comité “Padres aliados por la educación”, declaró que se va a crear un comité de vigilancia en cada plantel, el cual será integrado con participación voluntaria del personal educativo, padres de familia y elementos de seguridad pública, con el objetivo de revisar las pertenencias de los estudiantes y evitar que ingresen artículos peligrosos a los planteles.

El “operativo mochila segura” ya estuvo en operación de 2001 a 2014, pero lamentablemente en 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos declaró que eran una violación a la integridad de los menores por lo que recomendó su eliminación”, dijo Velasco García.

Y agregó que lo que los defensores de los derechos no toman en cuenta que este programa representó en su momento una herramienta para prevenir la comisión de delitos que, según las estadísticas que presentarán los tutores a la SEQ y al Congreso local, demostró gran eficacia en el combate contra la violencia al interior de las escuelas y en los alrededores, cuando los alumnos salen de clases.

A esto agregaron: “De qué sirve que la Comisión proteja los derechos de una víctima, si bien podemos evitar que existan esas víctimas. Son más de 140 comités de padres de familia los que se han sumado a esta propuesta” y esperan que el número aumente conforme se dé a conocer el programa entre otras comunidades estudiantiles.

Asimismo, destacó que la importancia de establecer en ley estos operativos recae en que el año pasado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el programa, por no contar con un marco legal que lo respalde, de modo que se quiere hacer por la vía legal.

“Si lo hacemos ley, ya no tendremos mayores problemas para ejecutarlo. Esta propuesta de reforma será entregada a las autoridades correspondientes en cuanto finalice el ciclo escolar actual”, concluyó Velasco García.

Náuticos “ahogados” por el cobro de derecho de piso

Durante la pandemia por la Covid-19, el sector náutico en Quintana Roo sufrió uno de los golpes económicos más duros de la historia, llegando a reportar ingresos muy por debajo del 4%; situación que, si bien ha mejorado muchísimo, actualmente aún tiene sus remanentes, que se vienen a sumar a otros problemas, como lo es ahora el cobro de derecho de piso por parte de la delincuencia organizada.

En este marco, el sector náutico de Cancún hace un llamado a las autoridades a fin de que implementen acciones que permitan prevenir e inhibir cualquier tipo de delito y como primer paso exigen mayor vigilancia en las playas. Esto ante los nuevos casos de extorsión que se registran en este destino turístico.

Y es que, aseguran, que el llamado cobro de piso es una situación que ya se había calmado, pero que ahora está regresando y con mayor fuerza, dejando vulnerables a las familias que dependen de este sector, ya que, las exigencias de los delincuentes suelen ser impagables.

Francisco Fernández, presidente de los Asociados Náuticos de Quintana Roo, dijo importante que todas las cámaras de videovigilancia que tenga este sector en las diferentes marinas se puedan conectar con el centro de comando policial C5 y, de este modo, las autoridades puedan tener una reacción más oportuna ante cualquier eventualidad.

“Desde hace un año hay se habían acabado este tipo de hechos delictivos contra los empresarios náuticos, no obstante, en los últimos meses se han reportado nuevos casos, por lo que esperamos que se le pueda meter un freno a esta situación y evitar que crezcan las extorsiones contra un sector que está luchando aún con la crisis económica.

Por su parte, James Cunningham, miembro ciudadano del Consejo de Seguridad Pública de Quintana Roo y de la Mesa de Seguridad y Justicia, declaró que el mayor reto del gobierno estatal actual en materia de seguridad es abatir la extorsión y el cobro de piso, pues es un problema que no sólo afecta a los náuticos, sino también a restauranteros y hasta a los dueños de medianos y pequeños negocios, muchos de los cuales incluso, han tenido que cerrar sus puertas definitivamente.

“La implementación del modelo de Policía y Justicia Cívica da más facultades a las policías municipales para investigar delitos del fuero común y con ello descargar el trabajo que tienen que realizar las fiscalías estatales en los delitos de alto impacto”, aseveró.

Hay que destacar que a nivel nacional se reportan mensualmente alrededor de 700 carpetas consignadas ante la Fiscalía General de la República por este delito, no obstante, en la plataforma 089 se reportan alrededor de 25 mil denuncias en el mismo periodo de tiempo, es decir, que se desconoce exactamente el impacto real de este problema.

Uber denuncia impunidad ante ataques de taxistas

Por otra parte, los representantes de socios de Uber informaron que van a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si las autoridades mexicanas continúan sin frenar las agresiones que sufren por parte de los taxistas de Cancún.

Águeda Esperilla Soto, vocera de este gremio, declaró que la Fiscalía General del Estado no ha tomado las acciones pertinentes, ante las agresiones de los taxistas que, aseguran, son cada vez más severas y en constante crecimiento, no sólo de casos, sino de violencia.

Afirmó que las autoridades estatales les deben una explicación a los operadores de Uber, por los ataques que han recibido, ahora que su servicio se encuentra establecido en la Ley de Movilidad y que pueden operar legalmente.

“Nos deben una respuesta, y nos tienen que decir qué van a hacer al respecto. ¿Hasta cuándo seguirán permitiendo todas las agresiones? Antes de la regulación a la Ley de Movilidad, las autoridades estatales justificaban las agresiones de los taxistas por el hecho de que no estábamos regulados, pero nada justifica la violencia”, aseveró.

Una vez que se hizo la regulación, refiere, “¿ahora qué nos van a decir? Porque ya estamos en la ley, como querían, y las agresiones continúan, sin ser sancionadas. Nos deben una explicación. Sigue la situación, sigue escalando la violencia, ahora con un arma, que es una situación más grave”, lamentó.

Y aseguró que tan sólo en lo que va de este 2023 ya se acumulan aproximadamente 20 denuncias de conductores de Uber por agresiones de taxistas. “Muchos operadores de Uber se han vuelto apáticos para hacer sus denuncias, por la falta de acción de las autoridades”, dijo.

Además, tienen temor por cualquier cosa que les puede llegar a pasar, si denuncian”, señaló Esperilla Soto.

Entre otras agresiones, la vocera recordó como una de las más graves, cuando un vehículo Uber recibió un disparo la semana pasada, en la zona hotelera de Cancún, además del otro que sufrió un “cristalazo” en el hotel Royalton.

Carlos Calzado, otro de los voceros de los conductores de esta plataforma, adelantó que los conductores agredidos están realizando los procedimientos legales correspondientes, hasta encontrar soluciones a su problema.

“Sigue la Federación, y si no, sí vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una razón: Porque nos están violentando los derechos humanos. La movilidad está considerada como un derecho humano. Se están violentando los derechos humanos, desde el momento en que se ve la movilidad como un negocio de gangsters”, concluyó el representante de Uber.

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