El “destape” sirve para ocultar temas conflictivos como el de libros de texto
Miguel Ángel Rivera viernes 9, Jun 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El proceso adelantado de “destape” de la “corcholata” presidencial favorita ha servido al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para distraer de otros asuntos que son más importantes para el país, pues involucran el futuro de millones de niños y jóvenes.
Este es el caso de la reforma educativa que está en proceso y que se definió casi en secreto, pero que se supone que está más destinada al adoctrinamiento de los menores de edad que a capacitarlos para el trabajo productivo, pues eso, en la llamada Cuarta Transformación, se considera una esclavitud.
Los cambios se han aprobado casi en la clandestinidad o, por lo menos, no cumplen con lo que establecen la Constitución y las leyes en materia de educación pública en el sentido de que los cambios se tienen que hacer en un proceso abierto, con participación de los principales interesados, en particular los maestros y los padres de familia.
Los cambios delineados por la llamada Cuarta Transformación han sido criticados, inclusive por especialistas que están lejos de poder ser descalificados por conservadores o neoliberales, como el ex subsecretario de Educación Gilberto Guevara Niebla, quien siempre ha sido considerado un hombre de izquierda desde que en su juventud formó parte de la dirigencia del llamado movimiento estudiantil del 68.
El también ex director del Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara señaló que hasta el momento la 4T no ha logrado explicar qué pretende con la educación del país y aseguró que no hay evidencia que la educación en México sea neoliberal.
En febrero de 2022, Guevara Niebla declaró que decidió unirse al gobierno de Andrés Manuel López Obrador atraído por su promesa de buscar la justicia social. Al principio del sexenio en 2018, se incorporó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) como subsecretario de Educación Básica, pero dejó el cargo en 2019 y más adelante salió de la dependencia, inconforme con el rumbo que empezó a tomar la política educativa.
Agregó que, en esa fecha, la administración de López Obrador carece de un proyecto educativo y está tomando decisiones que causarán retrocesos en este terreno.
Junto con otros académicos, el académico expuso estos argumentos en el libro La regresión educativa, publicado en diciembre por la editorial Grijalbo y del cual es coordinador.
La obra reúne 14 ensayos de temas como las becas, las Universidades Benito Juárez y los efectos de la pandemia en la educación y uno de sus puntos centrales es que el gobierno de López Obrador marcó como prioridad echar abajo la reforma en la materia aprobada durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), pero después de lograrlo no tuvo un plan propio para sustituirla.
Hace sólo unos días, en su colaboración semanal para el diario Milenio, el ex funcionario criticó los nuevos libros de texto preparados por el gobierno de López Obrador.
La inconformidad con esos textos fue llevada por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) hasta el terreno judicial que tanto repudia el primer mandatario.
La UNPF interpuso un amparo contra los nuevos libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 en primaria, mismos que ya se encuentran en impresión sin que existan planes y programas de estudio que los sustenten y sin que hayan sido consultados con tutores y docentes.
Los libros de texto, modificados a “espaldas de los mexicanos”
En conferencia de prensa el pasado 17 de mayo, integrantes de la UNPF acusaron que el gobierno actúa “a espaldas de los mexicanos” y exigieron “que se detengan los libros de texto que nunca han sido consultados ni aprobados y que quieren imponer a nuestros hijos”.
“El hecho de que el gobierno esté haciendo el contenido de los libros de texto sin respetar las consultas que les obligan las leyes ha despertado indignación y no vamos a permitir que estas acciones sigan adelante porque perjudican la educación de nuestros hijos. Como padres de familia mexicanos, estamos acudiendo ante los tribunales para que detengan estas acciones autoritarias”, anunciaron.
Los inconformes argumentaron que sus acciones se encuentran sustentadas en la Ley General de Educación, que establece que deben darse a conocer los planes y programas para que, como padres de familia, puedan aportar sus comentarios, algo que este año no ocurrió.
La asociación reveló que el amparo presentado fue aceptado a trámite en un juzgado federal, por lo que los promotores están a la espera de recibir una resolución, aunque anunciaron que algunos padres de familia buscarán frenar el avance de los nuevos libros mediante recursos legales a nivel estatal.
“Queremos ser escuchados, porque las ideas del gobierno no son las ideas de los mexicanos en materia educativa. Llegamos a los tribunales y confiamos en las decisiones que tomarán quienes atiendan nuestros legítimos reclamos para defender la educación de nuestros hijos”, dijeron.
La justicia federal dio la razón a los inconformes. El 26 de mayo, la jueza federal Yadira Elizabeth Medina Alcántara concedió la suspensión definitiva a la UNPF, que demandó detener la impresión y distribución de los materiales.
Medina Alcántara ordenó a la SEP y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) verificar la observación de los procedimientos legales que conducen la determinación de los programas y planes de estudio. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley General de Educación, la SEP debe tomar en cuenta la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de actores sociales involucrados en la educación.
En respuesta, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que frenará la impresión de los nuevos libros de texto gratuito.
Mediante un breve comunicado, la dependencia indicó que fue notificada del requerimiento del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa que derivó del juicio que promovió la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
La SEP aseguró que será respetuosa de la ley y de las resoluciones de los juzgadores federales, por lo que actuará con apego al Estado de Derecho y dará cumplimiento a los requerimientos, pero también advirtió que, “en el momento procesal oportuno, promoverá los recursos jurídicos correspondientes”.
No obstante, algunos investigadores han adelantado que los nuevos textos ya están impresos y listos para ser repartidos.
Otro asunto que alcanza al Poder Judicial es el caso del supuesto de la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, quien goza de los afectos de primer mandatario, que la postuló para el cargo que actualmente detenta.
De hecho, la ministra Yasmín Esquivel dio por concluido el caso del presunto plagio de su tesis de licenciatura, luego de que una juez determinara que ella es la autora del proyecto con el que se tituló hace 36 años.
En este caso, la inconformidad viene de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM, cuyo prestigio quedó en entredicho por no tener control acerca de los requisitos que deben cumplir sus alumnos para obtener un título profesional. De hecho, hubo cambios en la legislación universitaria para reforzar los controles y, además, está en funcionamiento una comisión de honor que revisa el caso de la ministra Esquivel.
En cuanto al fallo alegado por Esquivel, la UNAM aseguró que desconocía del nuevo juicio y puntualizó que dicha sentencia no la obliga ni compromete “sus funciones académicas sustantivas”, por lo que mantiene el proceso dew revisión de la mencionada tesis.
“La resolución definitiva que hoy hicieron pública mis abogados confirma lo que dije y probé desde el inicio. En lo personal, con esta determinación, yo doy por concluido el tema”, se pronunció la integrante de la Corte luego de que esta mañana sus abogados dieron a conocer el fallo en este nuevo juicio por derechos de autor contra en ese entonces alumno Edgar Ulises Báez Gutiérrez.
Ayer mismo, la UNAM hizo un llamado para que la ministra Esquivel se desista de los juicios que ha iniciado en contra del Comité Universitario de Ética para que pueda concluir el proceso en el que debe determinar si ella cometió o no plagio en su tesis de licenciatura.
Inclusive, la UNAM señaló aparentes irregularidades en este nuevo juicio, ya que no se le incluyó como parte interesada y tampoco se le notificó en ningún momento.
