El supuesto acuerdo “sin costo” del gobierno con Larrea deja muchas dudas
Miguel Ángel Rivera viernes 2, Jun 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Como resulta casi siempre que el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia “logros” de su administración, quedan dudas o vacíos de información que no permiten medir esos supuestos avances o beneficios en su exacta dimensión.
De forma natural, al surgir las dudas o interrogantes, se recuerda el estudio realizado por la empresa Spin-Taller De Comunicación Política, cuyos investigadores han tenido la paciencia y la capacidad para cotejar todas las afirmaciones del primer mandatario con la realidad o con fuentes totalmente confiables.
Así, la organización dirigida por Luis Estrada llegó en octubre del año pasado a determinar que, en cuatro años de gobierno, López Obrador ha pronunciado 101 mil 155 mentiras, un promedio de 103 por conferencia de prensa, 230 por ciento más de las que Donald Trump dijo durante su gobierno.
Los detalles de las averiguaciones de esa organización se pueden conocer en el libro El Imperio de los otros datos: Tres años de falsedades y engaños desde Palacio, firmada por el mencionado Luis Estrada Straffon.
La presentación, incluida en el portal de Spin-Taller de Comunicación Política, manifiesta:
“Falsedades, inexactitudes y mentiras dichas por el Presidente de la República. Las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador se convirtieron en el imperio de «los otros datos». El mandatario prometió que las mañaneras serían una herramienta de transparencia, pero desde el día uno de su gobierno devinieron en instrumentos de propaganda y desinformación. Luis Estrada, director del centro de análisis Spin, ha llevado la cuenta —día a día y palabra a palabra— de las imposturas del presidente en la primera mitad de su gestión, de los enemigos que ha fabricado y de las guerras que ha alimentado con sus palabras. En este libro enumera y analiza, así, las obsesiones de López Obrador, sus terrores, sus fantasmas, la ligereza con la que habla, el frío de sus acusaciones y los engaños que ha elegido difundir”.
Cabe precisar que el segundo apellido de Luis Estrada es Straffon, para no confundirlo con su homónimo el director de cine Luis Estrada Rodríguez, autor del premiado filme ¡Que viva México!, que trata en forma satírica al gobierno de López Obrador, como antes lo hizo con sus obras anteriores, La ley de Herodes (1999), Un mundo maravilloso (2006), El infierno (2010) y La dictadura perfecta (2014). Su más reciente trabajo le valió que el actual primer mandatario, convertido en crítico cinematográfico, en su tradicional mañanera, afirmó que es un “churro”, el cual sólo podrán disfrutar los conservadores, resaltando que por esa razón le podrá ir bien en la taquilla.
“Es una película de cineastas buena ondita, progres buena ondita, pero es para consumo de los conservadores”, comentó el jefe del Ejecutivo federal.
La información completa se mantiene en
secreto por ser un asunto de seguridad nacional
Todos estos antecedentes surgen porque AMLO anunció que, sin costo para la Nación, había concretado un acuerdo con el empresario Germán Larrea, presidente del Grupo México, para que devolviera un tramo de ferrocarril que tenía concesionado y que la actual administración considera necesarios para su monumental proyecto del Ferrocarril Transístmico, que comunicará los puertos de Salina Cruz, en el Pacífico, con Coatzacoalcos, en el Atlántico, y que se considera una benéfica alternativa del Canal de Panamá y será el detonante del desarrollo económico del sureste del país.
En realidad, por instrucciones presidenciales, elementos de la Marina tomaron el control, desde hace un mes, de las instalaciones que “voluntariamente” cedió Larrea.
En su mañanera, el Presidente dijo que, se llegó a un acuerdo con Grupo México, por el cual el gobierno recupera la concesión de tres vías de Ferrosur, a cambio de ampliar ocho años de una concesión ferroviaria de Medias Aguas a Veracruz y un pago de cuota. Así, Ferrosur extenderá su concesión hasta 2056 por entregar vías al gobierno de México.
Dicho acuerdo es favorable y evita caer en litigios con la empresa.
En la misma conferencia, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en cumplimiento de los compromisos que le imponen su cargo y ser “corcholata” (aspirante presidencial) de Morena también comentó con emoción el “acuerdo” y destacó que Grupo México retiró una demanda por la ocupación de ese tramo de ferrocarril que tenía legalmente concesionado.
La primera duda es la relativa al costo de ese convenio, pues si bien el gobierno no entregó de momento ninguna cantidad de efectivo para “recuperar” la línea, como lo reconoció López Obrador, se amplió por ocho años otra concesión al mismo Grupo México, además de quedar pendiente “una cuota” indefinida.
Para el ciudadano neófito, la explicación oficial puede ser suficiente, pero los especialistas en asuntos financieros notaron un efecto importante para Grupo México, pues casi de inmediato aumentaron de valor sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores.
“Germán Larrea gana 27 mil 169 millones de pesos en la BMV, tras acuerdo con AMLO sobre tramo ferroviario”, tituló su nota informativa el diario Milenio.
La información, firmada por Karen Guzmán dice:
“Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea, ganó más de 27 mil 169 millones de pesos en valor de mercado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tras alcanzar un acuerdo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por el tramo de vías en Coatzacoalcos y la ampliación de concesiones.
“Durante la jornada de este jueves las acciones de Grupo México operaron en números positivos. Al cierre del mercado, las acciones tuvieron una ganancia de 4.6 por ciento a 82 pesos por título; mientras que las acciones de Grupo México Transportes, que opera Ferrosur, operaron prácticamente sin cambios con una ligera ganancia de 0.12 por ciento”.
Un beneficio, indirecto si se quiere, pero que seguramente no será despreciado por el segundo hombre más rico de México.
Santiago Creel presenta controversia contra el segundo “decretazo”
La decisión del presidente López Obrador de ocultar el costo y la forma como se invierte el dinero público en sus obras insignia ha generado muchas acciones y comentarios en contra, pues viola el derecho del “pueblo sabio”, al que tanto se refiere a conocer el destino de sus impuestos.
Una de sus medidas ha sido mantener inmovilizado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) —el órgano constitucional facultado para exigir a las instituciones gubernamentales revelar cómo ejercen sus presupuestos— con el respaldo de sus mayorías en las dos cámaras del Congreso de la Unión, lo cual ha generado protestas que han sido declaradas válidas, como lo hemos comentado en los últimos días.
Como complemento, para no dar a conocer los detalles del costo y la forma como se asignan los contratos de obras, el jefe del Ejecutivo ha recurrido a sendos decretos por los cuales autoriza a sus dependencias a conservar en secreto los datos relativos.
El primer mandato, conocido popularmente como el “decretazo”, fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia, sentencia que ha contribuido a fomentar la ira presidencial que se manifiesta en continuos insultos y descalificaciones contra los ministros y, especialmente, su presidenta, Norma Lucía Piña.
Ahora viene la embestida contra el segundo decreto que, con variantes mínimas, tiene el mismo fin: Proteger de miradas ajenas el gasto gubernamental.
Como parte de esa ofensiva, el presidente de la Cámara de Diputados y precandidatos presidencial del PAN, Santiago Creel Miranda, presentó a nombre de ese órgano legislativo otra controversia constitucional para anular el segundo “decretazo” que
declara como “de seguridad nacional” las obras del Tren Maya y del Corredor Iinteroceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, a fin de reservar toda la información sobre dichos proyectos.
Es probable que Creel sea repudiado por la mayoría de sus colegas, que se declaran incondicionales de la llamada Cuarta Transformación, sobre todo, de su líder y guía, el presidente López Obrador, pero aun así advirtió en redes sociales que si López Obrador insiste en expedir un nuevo decreto, la Cámara de Diputados impugnará cuantas veces sea necesario.
