Golpe de Estado técnico
Armando Ríos Ruiz miércoles 31, May 2023Perfil de México
Armando Ríos Ruiz
Parece que la capacidad del Presidente para la destrucción, para buscar pleitos y encontrar siempre con quién, para crear ambientes hostiles y para inventar situaciones con ánimo de incomodar, es ilimitada. Si un día no hace señalamientos en contra de la prensa, a la que asegura respetar, seguramente se enferma. Si no riñe con los empresarios, tal vez pasa un mal día. Si no transgrede la ley, debe sentirse traicionado por sí mismo.
Desea con vehemencia estar en el ánimo, bueno o malo, de los mexicanos. En unos, porque lo aclaman. Porque en sus frustraciones y rencores contra la clase media y acomodada, encuentran en él al vengador o al héroe que castiga, al tiempo que a ellos los protege y los mima. En los otros, simplemente porque él mismo es el que encuentra un pretexto para vaciar sus propias limitaciones y sus venganzas en contra de quienes no le abrieron antes las puertas de la gloria.
Hoy, su blanco preferido está en la Suprema Corte y sus dignos representantes, encabezados por la ministra Norma Piña. Prácticamente no hay día que no la cite en sus conferencias mañaneras y con ello, que no aflore el inmenso malestar que debe generar la imagen de la Presidente del organismo en su mente, por el hecho de estar desligada, muy lejos de sus caprichos y de sus imposiciones dictatoriales. Al margen de la ley.
Suele ordenar a “su Congreso” aprobar sus iniciativas ¡sin cambiarles una coma! Y amenazarlo con su sentencia: ¡no me vengan con que la ley es la ley! Y encuentra eco en sus lacayos. Para estos es inclusive mejor, porque, desprovistos de inteligencia y voluntad, les ahorra el inmenso trabajo que debe costarles leer y entender. Luego entonces, su faena se reduce sólo a levantar la mano en señal de aprobación. Este gesto debe animarlos, por haber servido fielmente a su señor.
En una de sus conferencias recientes se quejó de que ahora, el Ejecutivo tiene prohibido ejecutar. Que la Corte le desecha todo. Pero es otra de las tantas mentiras. Efectivamente, los ministros descalifican las acciones del Presidente. No por el prurito de manifestarse en contra. Sino por el hecho de que siempre atentan contra el derecho. Contra la Ley de Leyes o Constitución.
Se queja, en otras palabras, de que no le permiten atentar contra las leyes y consumar sus planes autocráticos. Porque para un ignorante del Estado de Derecho, la ley es el mismo que fue elegido como gobernante y con ello, el pueblo le depositó el poder absoluto, con el que puede condenar diariamente a diferentes entidades sociales, como a los periodistas, a los empresarios, etcétera. Por esta situación, la Corte le resulta un estorbo.
Como Presidente cree que es la misma ley. Por eso puede distorsionarla, pisotearla y desobedecerla. La Suprema Corte debería erigirse en obediente a ciegas de su poder y de sus caprichos. Sin representar otro poder. Pero como se ha tornado en el hermano desobediente por respeto a la ley, hay que recurrir a subterfugios enfermizos, de sustituirla por voto popular. Mecanismo que no existe.
Como él mismo es la ley, ya inventó una situación legal nueva. La que se refiere a un “golpe de Estado técnico”, que sólo se configura en una mente fuera de la realidad, porque no existe en el diccionario jurídico. Ahora tiene la idea de convocar al pueblo sabio —al que vive en su cabeza—, de ir a las urnas a votar por el ministro de su preferencia, como si se tratara de un conocedor del Derecho.
En su cabeza, el amparo deja de serlo para ser sustituido con esa nueva figura. El juzgado Primero de Distrito de Yucatán decidió una suspensión definitiva en contra de cuatro tramos del Tren Maya, por aniquilar una parte muy importante de la selva y por consiguiente, el hábitat de muchas especies que moran en ella. Como siempre, existe el riesgo de que la orden judicial no sea acatada. Ya ha sucedido otras veces. Su majestad tiene la última palabra.
¿Y quién solicitó la acción legal? Las comunidades y organizaciones de la península de Yucatán, que no son nadie para el mandatario. Pero sí para la autoridad judicial, consciente del daño descomunal a la naturaleza.