Los ministros de la Corte vuelven a dejar constancia de su autonomía
Miguel Ángel Rivera martes 30, May 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Como se esperaba, debido a que la manifestación en la Ciudad de México en defensa de la Suprema Corte de Justicia no alcanzó las cifras registradas durante las marchas en pro del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para lanzar una nueva ofensiva contra el Poder Judicial Federal y de plano se declaró en rebeldía contra las sentencias de los jueces federales.
El enojo del jefe del Ejecutivo se intensificó luego de conocerse los fallos de jueces federales que han detenido las obras de su emblemático Tren Maya, debido a que afecta al medio ambiente, al ocasionar una notable deforestación.
En su tradicional conferencia mañanera, el primer mandatario subió el tono de sus denuncias, al acusar este lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de maquinar un supuesto golpe de Estado, luego de la suspensión definitiva de los tramos 3, 4, 5 norte y 6 del Tren Maya.
“A ver, que me digan los ministros si no la están violando (la Constitución), cobrando más de lo que cobra el Presidente; otra es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo, o sea que ya no ejecutemos nada, es cancelar un Poder, sería un golpe de Estado técnico”, sostuvo.
También, AMLO calificó a los ministros como “abogados patronales”.
“No representan al pueblo, representan a las empresas, así los formaron, así los escogieron durante el periodo neoliberal”, señaló.
El primer mandatario también subrayó que no acatará la decisión de la Corte y que las obras del Tren Maya continuarán, pues aseguró que las leyes facultan al Poder Ejecutivo a realizar obras en favor del pueblo mexicano.
“Van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder, porque de acuerdo con la Constitución, tenemos el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo, no se va a poder cancelar las obras, no se puede”, desafió.
También reveló que no ha sido notificado acerca de la suspensión definitiva sobre los tramos mencionados del Tren Maya, una de las obras insignia de su mandato.
López Obrador mencionó la decisión de la Suprema Corte de haber quitado la prohibición que tenían los altos ex servidores públicos para trabajar en la iniciativa privada 10 años después de haber dejado la administración pública federal.
“Esto que hicieron pues es avalar la conducta de Zedillo de que privatizó Ferrocarriles Nacionales y se fue a trabajar a la empresa a la que le entregaron los ferrocarriles o lo de Felipe Calderón, que fue secretario de Energía, Presidente de México y termina su mandato y se va a trabajar a Iberdrola”, agregó.
Por si lo anterior fuera poco para provocar la ira presidencial, se debe agregar que enfrentó un segundo revés, luego de que la Corte invalidó la facultad al Ejecutivo para decidir por sí solo en qué usar los recursos que deriven de ahorros como parte de medidas de austeridad.
Como si se tratara de restregar la herida, en su sesión de ayer, la Suprema Corte, en respuesta a una demanda del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) —que está semiparalizado por instrucciones directas de López Obrador— determinó invalidar permiso al SAT para prestar datos de usuarios.
Inclusive en receso, el INAI logra victorias en los tribunales
El INAI, cuando funcionaba, interpuso un recurso en contra de diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicadas el 8 de diciembre de 2020, ante la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en particular el artículo 17-F, tercer párrafo, en la porción que establecía “así como el de la verificación de identidad de los usuarios”. A esa demanda se sumó otras interpuesta por diputados de oposición de la LXIV Legislatura.
El artículo prevé, entre otros aspectos, que los particulares que determinen el uso de la firma electrónica avanzada como medio de autenticación o firmado de documentos digitales, podrán solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que preste el servicio de verificación y autenticación de los certificados de firmas electrónicas avanzadas y en la porción invalidada contemplaba “la verificación de identidad de los usuarios”.
El Pleno consideró que el precepto vulneraba el derecho de autodeterminación informativa, relativo al uso de los datos personales —inclusive datos biométricos—, pues facultaba al SAT dar a conocer a terceros —autoridades y particulares— información personal que permita la verificación de la identidad de los usuarios de la firma electrónica avanzada, sin mediar consentimiento de los titulares de esa información, ni condicionar su uso a la realización de fines legales legítimos, en detrimento de los derechos humanos a la intimidad, privacidad y protección de datos personales. La ponencia respectiva estuvo a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Para completar el panorama, la Suprema Corte tiene previsto para su sesión del jueves venidero revisar tres impugnaciones contra otro de los asuntos que la llamada Cuarta Transformación considera fundamentales, como lo es la Ley de la Industria Eléctrica.
Como si se tratara del “Cid Campeador” que ganaba batallas después de muerto, el mencionado INAI también logra victorias inclusive cuando lo mantienen forzadamente en receso.
El Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en materia Administrativa, dio un plazo de tres días, contado a partir de la notificación, para que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Comisión Permanente elabore la propuesta para elegir a los comisionados faltantes para que ese organismo constitucional pueda volver a funcionar normalmente. La Jucopo debe incluir en su propuesta el nombre del candidato.
La resolución ordena asimismo que, una vez concluido el trámite, la Comisión Permanente contará con otro plazo de tres días para convocar al Senado a un periodo de sesiones extraordinarias con la finalidad de que se someta a su conocimiento la propuesta respectiva.
En su resolución, la juez Celina Angélica Quintero Rico concedió un plazo de 48 horas para que la Comisión Permanente y la Jucopo acrediten, de manera efectiva y sin evasivas, que dieron cumplimiento a la suspensión que le otorgó hace unos meses a Francisco Ciscomani para que se designe a los otros dos comisionados faltantes del INAI.
En caso de ser omisas, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, la cual podría aumentar gradualmente hasta llegar a mil unidades de medida y actualización, equivalentes a 103 mil 740 pesos.
Los legisladores de la llamada Cuarta Transformación, o sea Morena y sus rémoras, tendrán la disyuntiva de acatar el mandato judicial o de obedecer las instrucciones de su líder y guía, el presidente López Obrador, de dejar esos sitios vacantes indefinidamente.
De hecho, el jefe del Ejecutivo Federal entorpeció el proceso de designación de comisionados del INAI, pues vetó a los designados por el Senado.
El pasado 15 de marzo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anunció que el primer mandatario había decidido vetar a la fórmula aprobada por el Senado.
Esta fue la primera ocasión en que el Presidente de la República ejerció su facultad para rechazar una elección de comisionados del INAI.
López Obrador explicó posteriormente que su decisión se debía a que hubo “enjuagues” entre los partidos y que él no estaba dispuesto a aceptar que se revivieran prácticas de los repudiados gobiernos “conservadores” y “neoliberales”.
“Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN y eso no debe de permitirse. Además, en un caso, el que obtuvo el último lugar, casi el último salió, es decir en la prueba, y el otro caso, una gente vinculada al PAN, militante casi del PAN”, indicó.
“Deben de entender todos que no podemos aceptar esos enjuagues, eso era de la época del PRIAN”, precisó.
El que quedó mal fue el presidente de la Jucopo y coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, al grado que el propio López Obrador tuvo que exculparlo: “Es un político profesional, es abogado, conoce perfectamente lo que establece la Constitución y las facultades que tiene el Presidente, además lo considero una gente vinculada a nosotros, al movimiento de transformación”, afirmó.
