La Suprema Corte culmina su trabajo: el “decretazo”, totalmente inválido
Miguel Ángel Rivera martes 23, May 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
A pesar de insultos, amenazas e intentos de descalificarlos y presentarlos como agresores de funcionarios de los otros poderes de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia no dieron marcha atrás y confirmaron la invalidación total del llamado “decretazo”, por el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador intentaba ocultar el costo de sus obras insignia como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.
Con anterioridad, los integrantes del máximo tribunal del país ya habían declarado inválido el “decretazo”, al calificarlo de inconstitucional, pero no determinaron el alcance de esa disposición, que fue lo que discutieron ayer. Esa disposición presidencial lleva el largo título de “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional” y fue publicado el 22 de noviembre de 2021.
La semana anterior, el jueves 18, el fallo se aprobó por ocho votos a favor y tres en contra, con lo cual dejó sin efecto el mandato presidencial que calificó las obras prioritarias de su gobierno, como de “seguridad nacional” y, por tanto, libres de cumplir con la obligación de dar detalles acerca de su costo y la forma como se concesionaron.
Ayer, al analizarse el alcance de su sentencia, hubo mayores desacuerdos entre los ministros, pues sólo 6 ministros estuvieron de acuerdo en que la invalidez del acuerdo es de carácter total, por tratarse de una instrucción hacia las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Pero con ese número fue suficiente para declararlo insubsistente.
Además, por tratarse de una materia ajena a la penal, la SCJN precisó que los efectos de la resolución no serán retroactivos.
Las dos decisiones de la Suprema Corte responden a la controversia constitucional 217/2021, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en contra del Poder Ejecutivo Federal, demandando la invalidez del referido “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades… El ponente fue el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, calificado desde Palacio Nacional casi como traidor, pues fue postulado para ese cargo por el propio López Obrador, quien le ha dedicado duros calificativos.
Después del doble rechazo a su “decretazo”, el primer mandatario tendrá oportunidad de repetir sus andanadas contra dos instituciones a las que ubica como principales obstáculos para consolidar la llamada Cuarta Transformación: la Suprema Corte (en general, todo el Poder Judicial Federal) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
AMLO insiste en proteger sus obras como asunto de seguridad nacional
De hecho, López Obrador inició su ataque al día siguiente del primer fallo de la Suprema Corte contra su “decretazo”.
En su conferencia mañanera, el jefe del Ejecutivo federal dijo que “tenemos que proteger estas obras, porque estos insensatos, irresponsables, corruptos, además muy antipatriotas, pueden pararnos las obras como ha sido su intención, no estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público”.
López Obrador fue más allá, pues promulgó un nuevo ordenamiento que básicamente cubre los mismos aspectos del “decretazo” y, al defenderlo, afirmó que sus proyectos les cuestan mucho esfuerzo, pues deben enfrentar a irresponsables, mafiosos, egoístas, soberbios y corruptos.
“Esto lo hemos estado haciendo con mucho esfuerzo y enfrentando a gente irresponsable, sectaria, mafiosa, que no quisieran que se hiciera nada, que nada más piensan en ellos, muy egoístas, soberbios, corruptos, por eso ayer se tomó la decisión de enviar un decreto para que toda esta región se convierta en una región, sobre todo los ferrocarriles, los puertos y los aeropuertos en una zona de seguridad nacional y de interés público.
“Imagínense los beneficios para la gente del sureste, cancelados, nada más por el capricho de estos fifís corruptos”, dijo al precisar que ante esos supuestos riesgos “entonces tomamos la decisión en el Consejo de Seguridad Nacional de decretar todas estas obras de seguridad nacional y de interés público y eso fue lo que se hizo ayer”.
“¿Y por qué se tomó la decisión de convertir estas obras en acciones de seguridad nacional? Porque los que están promoviendo los amparos contra estas obras, están incluso recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos y eso lo podemos probar”, aseguró el jefe del Ejecutivo, pero sin presentar ninguna prueba.
Sin información no hay democracia, sostiene la presidenta del INAI
Legisladores de oposición, juristas y miembros de organismos autónomos estiman que este segundo decreto de López Obrador tendrá el mismo destino que el primero, en cuanto la Suprema Corte revise las controversias en la materia.
Mientras tanto, el nuevo “decretazo” ha sido descalificado por Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidente del INAI, el organismo que se encarga de obligar a las dependencias federales a dar cuenta a los ciudadanos del manejo de los recursos públicos y que ahora está paralizado por otra orden de López Obrador: instruyó a los senadores oficialistas dejar pendiente el nombramiento de nuevos comisionados de ese Instituto que, por lo tanto, no puede sesionar.
“Sin transparencia, no hay condiciones para que las personas puedan elegir a sus gobernantes con base en la información que tengan: pueden votar, pero sin información, el voto deja de ser libre y genuino”, advirtió la titular del INAI, una de los cuatro comisionados sobrevivientes.
“No puede haber democracia sin transparencia, y yo agregaría también: No puede haber democracia sin organismos autónomos, independientes y técnicos que garanticen los derechos fundamentales de las y los mexicanos”, advirtió Ibarra Cadena.
También señaló que, en la medida en que se reconozca el papel de la transparencia, y de la institución que la garantiza, será más fácil que la sociedad preserve los logros alcanzados durante estas dos décadas.
La titular del INAI realizó una defensa del organismo durante una conferencia en el Estado de México donde recalcó que la democracia es el poder público y, a su vez, la transparencia hace posible a la democracia.
En el mismo evento, la consejera del INE, Carla Humphrey Jordan, hizo votos para que, en breve, se realicen las tres designaciones pendientes para completar el Pleno del INAI y que cesen los comentarios en contra de los organismos autónomos, a los que, advirtió, se quiere asfixiar presupuestalmente.
Durante el ciclo de conferencias: “Elecciones, Combate a la Corrupción y Transparencia”, la consejera electoral explicó que hay una codependencia entre democracia y transparencia.
AMLO ofrece empleo a migrantes
En una de las muchas variantes que le ha impreso a su política en materia de migración, al mismo tiempo que se refuerza la vigilancia en las fronteras para contener a los extranjeros que cruzan territorio nacional, López Obrador ofreció dar empleo a esas personas y, claro, tendrán preferencia los que estén capacitados para contribuir en obras emblemáticas para el régimen, como el Tren Maya.
“Esta semana voy a presentar un programa para nuestros hermanos centroamericanos con el propósito de que puedan tener visas temporales para trabajar en las obras públicas en México, que puedan estar legalmente en nuestro país con visas temporales de trabajo”, ofreció el mandatario.
López Obrador admitió que las obras públicas promovidas en su sexenio, entre las que destacan el Tren Maya y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, están necesitadas de mano de obra.
Sería conveniente que, en paralelo, se capacitara a mexicanos que ahora están desempleados. De acuerdo con un reciente estudio del Inegi, los desocupados suman 1.8 millones de personas y los subocupados, es decir, las que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 4.5 millones, el 7.7% de la población ocupada.
