La lucha contra la explotación sexual
Luis Muñoz viernes 12, May 2023Segunda vuelta
Luis Muñoz
Una realidad que no debe soslayarse, es que después la postpandemia por Covid-19, la prostitución aumentó. Pero ¿qué hay detrás de esta actividad?
Expertos en el tema han analizado la cuestión y han señalado que el trabajo sexual contempla diversas variantes y tipos de actividades que se pueden ejercer en la vía pública, en algún establecimiento mercantil o inclusive vía internet.
La diferencia radica, por lo tanto, en la autonomía con la cual las personas deciden ejercer y ofrecer servicios sexuales y/o eróticos para obtener algún tipo de ingreso.
Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), estamos obligados a una lucha constante para derribar las reglas de género que jerarquizan a los seres humanos según su género o clase o raza y, por lo tanto, propician tratos discriminatorios.
Estamos conscientes, refiere, que éstas pueden propiciar desde una mirada teórica, la dominación de los hombres -principalmente como clientes de los servicios sexuales-. No obstante, también entienden que el trabajo sexual, como lo han definido (en lugar de prostitución), es una realidad. Los y las trabajadoras sexuales son personas autónomas, dignas y con derechos y es obligación de las autoridades promoverlos y garantizar su ejercicio en igualdad de condiciones.
No reconocerlas, sería violentar sus derechos humanos al libre desarrollo del trabajo, la expresión, la autodeterminación, libertad sexual y la libre asociación sexual.
Es así que, bajo el principio de participación y consulta previa, desde el Consejo se decidió impulsar una encuesta para obtener respuestas a las principales interrogantes y cuestionamientos alrededor del trabajo sexual, partiendo de la escucha activa de las personas titulares de los derechos en cuestión; las personas trabajadoras sexuales. Solo estas nos pueden acercar a conocer sus necesidades, aspiraciones y opiniones.
Quienes ejercen esta actividad, tienen claro cuáles son los elementos que deben existir en la prostitución para desempeñarla como cualquier otro empleo formal.
La principal condición para que suceda es que se debe contar con marco legal donde el trabajo sexual no sea una práctica perseguida ni punible. Hasta 2014, en México, el artículo 205 del Código Penal consideraba una sanción de entre 5 y 12 años de cárcel a quien promoviera, facilitara, consiguiera o entregara a una persona con el fin de ejercer la prostitución dentro o fuera del territorio nacional.
Fue años después que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el entonces Distrito Federal reconoció a la prostitución como una forma de empleo.
El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, en 2019 organizó el diálogo “Experiencia en la regulación del trabajo sexual en América Latina y el Caribe”, con especialistas de organizaciones de la región, para conocer y poner a disposición de las y los diputados argumentos e información de primera mano sobre el trabajo sexual.
Reconocer el trabajo sexual como un derecho o al menos legislar para su regulación se enmarcó en polarizados debates teóricos feministas y de derechos humanos de las mujeres.
Por un lado, se valoró que el reconocimiento lleva a reforzar el rol y papel que las mujeres han tenido en el patriarcado: ser objetivadas para el placer de otros, y de casos que identifican a esta actividad con delitos de explotación y trata de niñas y mujeres con fines sexuales.
Una realidad que no se debe pasar por alto, es que después la postpandemia por Covid-19, la prostitución aumentó, ya que de haber 7 mil 700 trabajadores sexuales en 2019 en varios estados del país, la cifra aumentó en 2023, la cual reporta 15 mil 400.
Según datos de la Encuesta de Trabajo Sexual, Derechos y No Discriminación realizada en la Ciudad de México, las Personas Trabajadoras Sexuales (Perts) en la República, se integran tanto hombres y mujeres del género cis y trans, los cuales padecen alto grado de violencia, discriminación y estigmatización, también trasgresiones de sus derechos humanos.
Los estragos de la Covid
No obstante que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio por concluida la emergencia sanitaria por Covid-19, el diputado federal Jorge Romero dijo que sus estragos económicos, políticos, educativos y sociales continúan vulnerando a millones de familias mexicanas.
En su calidad de coordinador de las y los diputados de Acción Nacional, afirmó hace unos días que “no hay un solo indicador que no evidencie la pésima gestión de este gobierno durante la contingencia sanitaria. Lamentablemente, dijo, en México la pandemia trajo mucho dolor y sufrimiento a las familias; enlutó los hogares, y también nos dejó efectos económicos, de educación, pobreza, desempleo, y muchas otras afectaciones que el gobierno de México no ha corregido.
Reiteró que legisladores de su partido hicieron recomendaciones en economía, educación y desarrollo social que nunca se atendieron, por lo que hizo un llamado a no tomar decisiones ideológicas y solucionar estos problemas con la opinión de expertos, sociedad civil y oposición.
