Viene la revancha de la 4T, quieren sustituir a los ministros de la Corte
Miguel Ángel Rivera miércoles 10, May 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Tal como acostumbra al responder a situaciones que no son como las desea, el presidente Andrés Manuel López Obrador insultó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que echaron abajo su primera parte del “plan B” de reforma electoral y amenazó con destituirlos y enviarlos a sus casas.
Esto lo hizo el primer mandatario al detallar su “plan C”, que ya había anunciado con anterioridad y que básicamente consiste en arrollar en las elecciones de junio de 2024, para retener la Presidencia de la República y obtener mayoría calificada en las dos Cámaras del Congreso de la Unión.
El meollo de esa eventual victoria sería darle al Presidente de la República todas las facultades para decidir no sólo en lo que concierne al Ejecutivo, sino también sobre los otros dos poderes federales: el Legislativo y el Judicial.
Si Morena y sus rémoras triunfaran con gran amplitud y tuvieran esa anhelada mayoría calificada, el que primero disfrutaría sería el propio López Obrador, pues al instalarse la siguiente Legislatura, la LXV, podría realizar todos los cambios que hasta ahora no ha podido realizar porque sus incondicionales en el Poder Legislativo no tienen los votos suficientes o porque los ha detenido la Suprema Corte de Justicia al no cumplir con los mandatos constitucionales, ni se han ajustado a los procedimientos legislativos, como se evidenció ahora que el tribunal constitucional echó abajo la primera parte de su “plan B”.
Es poco el tiempo que López Obrador tendrá disponible para esos cambios, pues la siguiente Legislatura se instalará el 1 de septiembre de 2024 y su mandato concluirá el último día de ese mes, pues la entrega del poder ya no será el 1 de diciembre, como se acostumbraba, sino que a partir de ese año se efectuará el 1 de octubre, como resultado de una de las tantas modificaciones que ha registrado la Constitución.
Como ha sucedido en los cuatro años y meses de la actual administración, el Presidente está seguro de mantener el respaldo incondicional de diputados y senadores, muchos de los cuales seguirán en funciones por el sistema de reelección que se concedieron los legisladores en el pasado sexenio.
Los ministros incómodos serán destituidos
En su conferencia matutina de ayer, martes, el jefe del Ejecutivo expresó su disgusto por el revés que le propinó la Suprema Corte al invalidar la primera parte de su “plan B”.
“Ellos dicen que una iniciativa enviada por el Ejecutivo no es válida porque los legisladores violaron el proceso… No violaron absolutamente nada, nada, pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial.
“Entonces ¿qué es lo que se tiene qué hacer? Pues, primero, que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución, porque la mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución, actualmente quienes están por la transformación del país tienen mayoría en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pero no tiene mayoría calificada”, sentenció.
Al destacar la necesidad de un triunfo arrollador en las elecciones de junio de 2024, para darle a la llamada Cuarta Transformación el poder de modificar la Carta Magna, el jefe del Ejecutivo recomendó:
“Que se piense a la hora de votar, que sea no sólo para el presidente o la presidenta, parejo, porque si se tiene el triunfo en la Presidencia, ganamos a mayoría en el Congreso, pero como no se tienen dos terceras partes en el Congreso, se han dedicado a bloquear, y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial”, insistió.
Allí destacó que una de las reformas que propondrá consistirá en que los ministros sean electos por voto ciudadano, esto con el fin de acabar con la corrupción y complicidad que, aseguró, existe en el Poder Judicial.
López Obrador, convertido en jefe de campaña
El anunciado “plan C” implica trastocar otra costumbre, que no ley, del sistema político mexicano que consiste en que el mandatario saliente no debe entrometerse en los proceso electorales, pues se decía que era “el Presidente de todos los mexicanos” y no sólo de los militantes y simpatizantes de su partido.
Claro, esa declaración era un ideal, pues en la práctica, durante el largo dominio del PRI, además de nombrar a su sucesor, el mandatario saliente se encargaba, apenas a escondidas, de facilitarle todo lo necesario a su elegido. Y en el caso del PAN, el propio López Obrador se encargó de denunciar la supuesta intervención de Vicente Fox para favorecer a Felipe Calderón.
En efecto, el 8 de julio de 2006, al llamar a una movilización nacional de protesta, el entonces candidato de la coalición “Por el bien de todos”, Andrés Manuel López Obrador, culpó a Fox de entrometerse en los comicios y orquestar el supuesto fraude a favor de Calderón.
Esa supuesta intromisión de Vicente Fox ha sido repetida una y otra vez por López Obrador como ocurrió en junio de 2020, cuando recordó que Vicente Fox Quesada confesó haber participado en el fraude electoral de 2006 y dijo que traicionó a millones de mexicanos que apoyaron un cambio en 2000. “Debe darle pena a los que votaron por él”, señaló.
En esa ocasión AMLO aseguró que el mejor régimen es el democrático y por ello llamó a toda la sociedad a que se defienda el voto. Recordó que el siguiente año (2021) se realizarían elecciones intermedias y dijo que no se debe aceptar que haya compra de votos ni ningún tipo de fraude.
Dijo que el país vivió por años en sistemas antidemocráticos, primero con el predominio de un solo partido político —en referencia al PRI—, acostumbrado a imponer a los servidores públicos; y luego con fraudes electorales como los de 1988, 2006 y 2012.
Ahora, que ya está en el poder, se esfuerza porque el predominio de un sólo partido sea para el partido que él fundó, Morena y está dispuesto a ser el conductor para alcanzar ese “estado de bienestar”.
Listos para aplicar al “plan C”
El respaldo incondicional que tiene el Presidente en la llamada Cuarta Transformación se manifestó de inmediato, en particular de sus cuadros que aspiran a otros cargos.
Por ejemplo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien lucha por la nominación presidencial de Morena como abanderado de la “línea dura”, lanzó un mensaje en redes sociales en el cual criticó a los ministros de la Corte y los acusó de no representar los intereses de la sociedad.
“El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares”, dijo el funcionario federal al anunciar: “no hay de otra: ‘plan C’ en las urnas”.
A su vez, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados —quien se esfuerza por ser nominado al gobierno de Puebla y fue el que condujo la sesión llena de irregularidades donde se aprobó el fallido “plan B”— dijo que la resolución de la SCJN es un atropello al Poder Legislativo, que lo ministros se muestran incongruentes y miopes jurídicamente, que invocan democracia y representación popular, pero votan en contra de una representación de mayoría que el pueblo de México eligió.
Diferente la actitud de su par en el Senado, Ricardo Monreal, quien votó en su momento contra el “plan B” y dio a conocer un documento en el cual destacó que esas reformas comprendian 21 puntos que resultan inconstitucionales.
Ayer, al comentar la decisión de la Corte, Monreal recordó que había advertido a sus compañeros de partido acerca de la posible sentencia contra el “plan B”, pero al mismo tiempo sostuvo que las 20 leyes reformadas en el Senado en la llamada “noche negra”, se aprobaron conforme a la ley. Pero insistió en que “todos estamos obligados a observar la ley y la resolución judicial”,
El presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel Miranda, festejó que la SCJN haya anulado la primera parte del plan presentado por el Presidente y su partido, ya que el proceso legislativo no fue como lo marca la Constitución, donde debe de privilegiarse el diálogo y el debate y no el fast track como lo ha hecho Morena. “Cualquier imposición del partido en el gobierno debe desaparecer para dar paso a una democracia donde se respete la pluralidad y se escuchen todas las voces”.
