Las elecciones de 2024 serán con las mismas reglas; la Corte frenó “plan B”
Miguel Ángel Rivera martes 9, May 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
A pesar de las presiones desde Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) declaró inválida la primera parte del “plan B” de reforma electoral.
De hecho, se puede afirmar que ya no habrá reforma electoral y que las elecciones federales de 2024 —donde se disputarán la Presidencia de la República, nueve gobiernos estatales, la renovación total del Senado y de la Cámara de Diputados federal, así como los Congresos de 31 de las 32 entidades federativas y los gobiernos municipales (alcaldías en CDMX) en 25 entidades— se realizarán con las mismas normas y prácticas que tanto ha intentado modificar la llamada Cuarta Transformación.
Este panorama se reforzará en cuanto se revise lo ocurrido en la “noche negra” del viernes 28 al sábado 29 de abril, cuando se aprobaron en cuestión de horas reformas y adecuaciones a un total de 20 leyes, entre ellas la desaparición del Insabi, Conacyt y la Financiera Rural. Pero de todo ese cúmulo lo único realmente lamentable es la denominada Ley 3 de 3, impulsada por legisladoras de todos los partidos, incluidas las oficialistas de Morena y sus rémoras, pues los cambios consolidaban derechos de las mujeres que hasta ahora no están protegidos.
De conformidad con la decidido ayer por la mayoría de los ministros de la Suprema Corte, las iniciativas que integran el llamado “plan B” electoral de López Obrador ni siquiera serán revisadas por los integrantes del tribunal constitucional, pues lo que invalidaron fueron las ilegalidades cometidas por la mayoría oficialista en las sesiones en donde se aprobaron tales reformas. Lo mismo ocurrirá con las iniciativas “aprobadas” la mencionada “noche negra”, pues las irregularidades fueron igual o más graves que lo sucedido en la sesión donde se aprobó el referido Plan B.
En los hechos, es como si las sesiones no hubiesen existido y por tanto nada de lo ocurrido en ellas tiene validez.
Para reponer el procedimiento y lograr cumplir las órdenes de su líder y guía, el presidente López Obrador, los legisladores federales tendrían que convocar, en cumplimiento de todas las normas, a una sesión en donde se volvieran a discutir y eventualmente aprobar esas iniciativas.
Desgraciadamente para López Obrador y la llamada Cuarta Transformación, eso solamente podría ocurrir a partir del venidero 1 de septiembre, pues no tienen el número suficiente de votos para convocar antes a un periodo extraordinario de sesiones y, como la Constitución establece que, para que se pueda aplicar, cualquier reforma electoral tiene que ser aprobada 90 días antes del inicio del proceso electoral.
En este caso, el proceso electoral que importa, el que culminará con las votaciones del 2 de junio de 2024, empieza a correr en septiembre. Por lo tanto, para que las reformas pudieran aplicarse, tendrían que ser aprobadas a más tardar en junio, mes en el que las cámaras del Congreso de la Unión estarán en receso.
Los ministros considerados “de casa”
avalaron la decisión de frenar el “plan B”
Para que tenga validez una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declara inconstitucional una ley se requiere el voto de, por lo menos, el voto de 8 de los 11 ministros que integran el pleno.
Así ocurrió recientemente, el pasado 18 de abril, cuando la mayoría de los ministros declaró inconstitucional la reforma, también promovida por López Obrador, de que la Guardia Nacional quedara adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Entonces fueron ocho votos contra tres, lo cual ocasionó el disgusto del jefe del Ejecutivo, que se lanzó contra los ministros, en particular contra su presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, y contra Juan Luis González Alcántara Carrancá, a quien casi definió como traidor, pues llegó al máximo tribunal postulado por López Obrador, quien por lo mismo esperaba incondicionalidad.
En esa ocasión, uno de los defensores de la militarización de la Guardia Nacional fue el ex presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien por lo mismo se granjeó nuevo reconocimiento de parte del primer mandatario, quien lo ha calificado de ser el más honesto y el más calificado para depurar el Poder Judicial Federal al que tanto censura, tanto que promovió otra reforma para ampliar su periodo como presidente del máximo tribunal, cambio que tampoco prosperó.
Ahora hay que esperar la respuesta del jefe del Ejecutivo a la decisión del mencionado Zaldívar de sumarse a los ministros que votaron a favor de invalidar el llamado “plan B”. La votación fue de nueve contra 2, pues las dos ministras propuestas por AMLO, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, se mantuvieron como firmes defensoras de los cambios tan deseados por la llamada Cuarta Transformación. Afirmaron que no existieron la suma de violaciones al proceso legislativo que señala el proyecto.
Al final lo que se impuso fue la ponencia presentada por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien recordó que la mayoría oficialista aprobó el llamado “plan B” como si se tratara de un asunto de urgente y obvia resolución, sin que hubiera justificación alguna para hacerlo.
Pérez Dayán señaló que al aprobarse las reformas con dispensa de trámites se violaron los artículos 71 y 72 constitucionales, ya que la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, no es la misma que se presentó inicialmente para discusión, pues Morena hizo suya una iniciativa del Ejecutivo federal, la cual fue aprobada sin haber cumplido el requisito de pasar primero por comisiones y ni siquiera hubo tiempo suficiente para que los legisladores la conocieran, la estudiaran y la discutieran.
Por su parte, la ministra Ríos Farjat señaló que “invalidar un proceso legislativo no prejuzga sobre las normas de ahí emanadas. Siempre existe la posibilidad de que esas normas contengan cuestiones positivas para el orden jurídico, que entrañen ajustes importantes y necesarios para mejorar las instituciones de la Unión y la armonía de nuestra sociedad. Así que la invalidez de un proceso legislativo no entraña juicios respecto a los méritos constitucionales de las normas que emanaron de ese proceso”.
Al justificar su voto, el ministro González Alcántara citó jurisprudencia de la propia Suprema Corte, según el cual su deber consiste en “velar por el derecho de las minorías a influir y moldear en el transcurso de las deliberaciones públicas, aquello que va a ser objeto de una votación final y, por tanto, otorga pleno sentido a su condición de representantes de los ciudadanos”.
“Considero que se incumplió con las formalidades más básicas del proceso legislativo, de tal magnitud que admitir este grado de flexibilización en el proceso, equivaldría a que negáramos por completo la necesidad de tener ese cauce procesal. Si realmente consideramos que la democracia deliberativa es un bien constitucional que merece protección, este caso nos exige contestar la siguiente pregunta: ¿Qué deliberación puede existir sobre aquello que no se conoce?”, remató el ministro González Alcántara.
Al comentar la decisión de la Suprema Corte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien se ha esforzado por sostener la línea dura de la llamada Cuarta Transformación para consolidar su posición como “corcholata” presidencial, lanzó un mensaje en redes sociales en el cual sostiene que “el pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares”.
También indicó que bloqueado al “plan B”, ahora viene el “C”, con lo cual revivió una declaración de su “hermano” López Obrador, que ante la posibilidad de que se anulara su reforma, anunció que la siguiente fase era promover el voto a favor de Morena, para retener la Presidencia y lograr mayoría absoluta en el Congreso.
Por otra parte, con la decisión de los ministros de la Corte, ya resultó innecesaria la demanda de la senadora del PAN Kenia López Rabadán, al exigir al presidente López Obrador, dejar de intimidar a la Suprema Corte, pues esas amenazas son “claro ejemplo de la obsesión presidencial de concentrar todo el poder y demuestra desconocimiento sobre la necesidad de preservar el equilibrio de poderes.
