La Suprema Corte de Justicia no admite “recomendaciones” y va por el “plan B”
Miguel Ángel Rivera viernes 5, May 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio otra muestra de autonomía al rechazar la petición de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para que revisara primero las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley General de Comunicación Social (LGCS) de 2018 y luego las presentadas contra el llamado “plan B”.
Como quiera que se le vea, es un revés al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió el cambio de turno al revisar las demandas contra las normas mencionadas, todas ellas impulsadas personalmente por el primer mandatario.
La decisión de los ministros de la Suprema Corte de dictaminar primero las impugnaciones contra el llamado “plan B” hace suponer que su decisión de fondo será contraria a la reforma salida de Palacio Nacional, a la cual los legisladores de oposición, así como instituciones académicas y organismos de la sociedad civil consideran contrarias a los principios constitucionales, además de haber sido aprobadas con irregularidades en el proceso legislativo.
Pero tal vez lo peor para López Obrador es constatar que su reiterada campaña de desprestigio contra el Poder Judicial Federal y en concreto contra la Suprema Corte de Justicia no ha permeado y la mayoría de los ministros actúan conforme a su criterio profesional, sin atender a presiones.
En efecto, ayer el tribunal constitucional confirmó que el lunes próximo resolverá las impugnaciones a la primera parte del “plan B”, pese a la petición de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF).
En sesión privada de este jueves, el pleno de ministros señaló que el tema de los proyectos que se resolverán el lunes se planteó como netamente electoral, y por tanto la SCJN tiene la obligación, en su ley reglamentaria, de resolverlos en un plazo fijo, antes de que inicie el periodo electoral.
En consecuencia, quedan listas para ser discutidas las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, diputados y senadores de oposición, consideradas primera parte del “plan B” de reforma electoral que trata de imponer el jefe del Ejecutivo.
Para disgusto del primer mandatario, la ponencia respectiva, encargada al ministro Alberto Pérez Dayán, resulta contraria a sus deseos.
La resolución ya se conoce: El ministro Pérez Dayán propone invalidar por completo esa primera parte del “plan B”.
La ponencia, que servirá de punto de partida para la discusión del pleno el venidero lunes 8, considera que se cometieron violaciones graves a los artículos 71 y 72 de la Constitución por parte del Poder Legislativo.
“La iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”, expuso el ministro Pérez Dayán.
En el proyecto a resolver este lunes, el ministro Alberto Pérez Dayán propuso invalidar la primera parte del “plan B” electoral, al concluir que durante la aprobación de dichas reformas ocurrieron “graves violaciones al proceso legislativo”.
Si se toma también en cuenta la reciente decisión de la Suprema Corte, sobre una ponencia presentada por el ministro Javier Laynez Potisek, que concedió la suspensión provisional de la reforma electoral, del denominado “plan B”, es previsible que, igualmente, la mayoría de los ministros congele las mencionadas LGCS y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Es de tener en cuenta que Laynez, al proponer la suspensión del denominado plan B, argumentó que así se logra salvaguardar el sistema democrático.
Para ser aplicada, la reforma electoral
debe entrar en vigor a más tardar en junio
“El sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE. Como ya se dijo, el decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, funcionamiento y estructura del propio órgano, al grado que es previsible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos en los que venía operando.
“En consecuencia, para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ello salvaguardar el sistema democrático nacional, se impone el otorgamiento de la medida cautelar frente a la totalidad de decreto impugnado”, argumentó el ministro Laynez.
El freno al “plan B”, por supuesto, desató la ira de López Obrador, quien acusó a los ministros de la Suprema Corte de ser parte de “la mafia del poder” y apoyar a la oligarquía. El mandatario aseguró que “los distinguidos miembros” del Poder Judicial y del Instituto Nacional Electoral (INE) están contra los cambios porque “su único dios es el dinero” y pretenden seguir cobrando elevados sueldos.
“Es la misma mafia”, aseveró López Obrador y agregó que los integrantes de la SCJN son iguales “que los conservadores, que no quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia. No quieren al gobierno del pueblo, por eso no quieren la reforma electoral, eso es lo que está sucediendo”, explicó.
El comunicado de la Corte acerca de la decisión de revisar primero las impugnaciones contra el “plan B” precisa que esto se debe a que se trata de un asunto electoral.
Este es precisamente el punto que le interesa más al Ejecutivo. Si su reforma electoral es rechazada o congelada, no se podrá aplicar en las elecciones de junio de 2024 y se tendrá que realizar con base en las leyes que López Obrador tanto se ha esforzado por transformar, para conceder una mayor intervención a su gobierno en el proceso electoral.
Es de tener en cuenta que las reformas electorales deben ser aprobadas tres meses antes de que se inicie el proceso electoral y éste, que culminará con las votaciones de junio de 2024, en las que se elegirá además de presidente de la República, a 9 gobernadores y se renovarán por entero las cámaras de Senadores y Diputados, así como miles de cargos de representación popular en las entidades federativas.
Como el proceso electoral empieza en septiembre venidero, las reformas relativas deberán quedar definitivamente aprobadas a más tardar en junio y esto no será posible si la Suprema Corte echa abajo los cambios promovidos por López Obrador.
Ya no será posible ni necesario repetir la “noche negra” del viernes 28 al sábado 29 de abril, pues el Congreso volverá a sesionar hasta septiembre. En consecuencia cualquier reforma electoral será aplicable hasta los comicios federales de 2027.
Otra reforma aprobada durante la mencionada “noche negra” que ha ocasionado repulsa general es la relativa a la desaparición del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y su reemplazo por un híbrido más orientado a la formación ideológica más que a la investigación científica.
Al respecto, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados lanzó un comunicado en el cual expresan su repudio a la titulada Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, por considerarla centralista y por no tomar en cuenta la opinión de investigadores, académicos y científicos.
La diputada federal Sayonara Vargas criticó que esta propuesta no ha sido consultada a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas y afromexicanos, por lo que se estarían violentando sus derechos. Además, señaló, se dejaron inconclusos los parlamentos que se estipularon en las Comisiones, tanto de Ciencia, como de Educación para atender la iniciativa.
El diputado Eduardo Murat señaló que esta ley es un retroceso porque no va a sentar las bases para apalancar el desarrollo, frente a los derechos que ya se habían ganado. “Siempre estaremos del lado de la ciudadanía, de los científicos, de los investigadores y de los estudiantes”, destacó.
“Viola derechos humanos, a las instituciones privadas y a los estudiantes. Es centralista, es vertical y carece de estructura, y le quieren otorgar a la Junta de Gobierno federal, un poder casi supremo. Y no es funcional porque carece de criterios técnicos”, destacó.
