Biden no construye muro, pero manda soldados a la frontera con México
Miguel Ángel Rivera miércoles 3, May 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dispuso desplegar un mayor número de soldados en la frontera con México y en inmediata respuesta el primer mandatario de México, inspirado en su tradicional patriotería, comentó que “no hay problema”.
Lo que se ignora es si Biden pidió autorización o, al menos, consultó ese movimiento con el gobierno mexicano o si, dentro de sus preocupaciones como gobernante de la nación más poderosa del mundo, incluye el deseo de agradar con sus acciones a su vecino del sur.
Lo que sí se sabe es que el despliegue de tropas en la frontera con México forma parte de uno de los temas más candentes de la contienda política entre el partido de Biden, el Demócrata, y el Partido Republicano, que se disputarán en las urnas la Presidencia de los Estados Unidos el año venidero.
A pesar de su edad —cumplirá 81 años en noviembre venidero— Biden pretende reelegirse y muy probablemente se enfrentará nuevamente, como en 2020, al multimillonario Donald Trump, quien pretendía construir un muro en la frontera con México para contener la marea de migrantes que les llega por la frontera sur, incluida una gran proporción de mexicanos a quienes no han llegado o no les agradan las “bondades” de la llamada Cuarta Transformación.
En efecto, el grave asunto de la migración incontrolada es tema fundamental en la política de la Unión Americana. Por el Partido Republicano, además de Trump, uno de los principales aspirantes a la nominación presidencial es el actual gobernador de Florida, Ron de Santis, quien, además de contrario al control de armas, es un beligerante partidario de cerrar a piedra y lodo sus fronteras.
Ellos dos, así como muchos otros republicanos descalifican al demócrata Joe Biden por su política migratoria, la cual consideran timorata cuando no totalmente débil, sobre todo a partir de que el actual presidente puso fin a la política 42, puesta en práctica por el xenófobo Trump con pretexto de la pandemia de Covid-19, para expulsar de inmediato a los migrantes.
No obstante su declarado esfuerzo por preservar los derechos humanos de los migrantes, con miras a superar las descalificaciones de sus rivales internos, Biden tiene que tomar acciones enérgicas, como esa de desplegar mayor cantidad de soldados en la zona fronteriza para contener el creciente flujo de migrantes.
Estas acciones dentro de su territorio han sido más urgentes porque el gobierno de su vecino del sur ha sido incapaz de cumplir su función de contener a los migrantes que vienen de otras regiones meridionales que le impuso su antecesor.
En efecto, Trump y el que fuera su secretario de Estado, Mike Pompeo, han revelado que “doblaron” al gobierno del patriotero López Obrador al obligarlo a desplegar miles de soldados en las fronteras para actuar como policía migratoria de… los Estados Unidos.
Ese compromiso vigente, formalizado con el “amigou” Trump, aunque no es admitido oficialmente por la llamada Cuarta Transformación, hace suponer que, si México tuvo que acatar planes diseñados en la vecina potencia, difícilmente tiene facultades para opinar sobre lo que ocurre dentro de la Unión Americana.
Sin embargo, para consumo interno, López Obrador pudo presumir en su mañanera que no tiene inconveniente ante el despliegue de soldados estadounidenses en la frontera.
El presidente mexicano afirmó que esa es una determinación que corresponde a la Casa Blanca. “Es parte de sus facultades, es un gobierno independiente, soberano, ellos toman esas decisiones y nosotros las respetamos”, afirmó.
En puerta, otro revés de la Suprema Corte al presidente López Obrador
Si López Obrador no pudo dar salida a su sentido crítico respecto al despliegue de tropas en la frontera, tendrá motivo para lanzar sus diatribas contra sus enemigos del Poder Judicial que están al servicio de los poderosos y preservan los mandatos de gobiernos anteriores “conservadores” y “neoliberales”. Esto porque se configura un eventual congelamiento de su llamado “plan B”, las reformas por las cuales trata de tener todo el control del sistema electoral del país.
Ayer mismo empezó a circular la ponencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia Alberto Pérez Dayán, en la cual propone a sus pares invalidar esa larga cauda de reformas a leyes generales aprobadas con total desaseo por los legisladores federales.
Esa primera parte del “plan B” contiene las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, publicadas el 27 de diciembre del año pasado, y que tienen la finalidad de acotar el gasto de publicidad y propaganda de los gobiernos estatales y municipales, algo que los afectados y los partidos de oposición consideran que los deja en desventaja política frente al gobierno federal.
Pérez Dayán considera que esa reforma fue aprobada violando las normas del proceso legislativo, que se expresan en los artículos 71 y 72 de la Constitución.
Fuentes judiciales confirmaron que el proyecto ya fue distribuido a los integrantes del pleno del máximo tribunal y que será hecho público en su totalidad el jueves próximo, aunque todavía no se determina fecha para votarse.
La propuesta de Pérez Dayán no se encarga del fondo del asunto, pues de entrada descalifica toda la reforma por no cumplir con los requisitos del proceso legislativo.
El proyecto de sentencia del ministro considera que existen seis violaciones graves al procedimiento legislativo, por lo que propone invalidar las reformas a leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
La propuesta señala que hubo irregularidades a los reglamentos internos de las Cámaras de Diputados y Senadores, y que las faltas son de tal gravedad que violan los artículos 71 y 72 de la Constitución.
“La gravedad de tales infracciones en conjunto permite concluir con la invalidez del Decreto cuestionado, por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ellos el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”, afirma el proyecto de Dayán.
“Al resultar fundado el concepto de invalidez relativo a la violación del procedimiento legislativo, lo procedente es declarar la invalidez total del decreto impugnado, por lo que resulta innecesario emprender el estudio de los restantes conceptos de invalidez”, dice también el documento del ministro ponente.
Para la aprobación de esta propuesta, será preciso el voto de ocho de los once ministros de la SCJN.
La Línea 12 del Metro, el dolor de cabeza de “corcholatas”
En la llamada Cuarta Transformación, donde basta tener un 10 por ciento de conocimientos y 90 por ciento de fidelidad al movimiento y a su líder el presidente López Obrador, a cambio se tiene la seguridad de no ser acusado de delitos graves en el ejercicio de funciones públicas.
El caso más reciente es el del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien supuestamente está sujeto a una investigación criminal, pero casi puede dar por seguro que no sufrirá ninguna sanción grave, como lo demuestra el hecho de que a pesar de estar sujeto a proceso no ha sido obligado a dejar su cargo.
Pero si fuera necesario otro testimonio, cabe recordar que hoy, 3 de mayo —día de la Santa Cruz, fiesta de albañiles, ingenieros y arquitectos— se cumplen dos años del grave accidente en la Línea 12 del Metro, donde murieron 38 personas al desplomarse un paso elevado y pese a lo cual hasta ahora nadie ha sido declarado culpable.
Es cierto que están sujetos a proceso una decena de ex funcionarios, ninguno de ellos de alto nivel, y no se ha tocado a los más altos mandos y mucho menos a los jefes de Gobierno, dos de los cuales son ahora precandidatos presidenciales —“corcholatas” los bautizó López Obrador—, la actual mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Durante el mandato de este último se construyó la línea siniestrada y la primera debió estar pendiente de un adecuado mantenimiento, pero lejos de ello aceptó que se recortara el presupuesto para el Metro.
