Encendidas las veladoras para pedir que AMLO se recupere pronto
Miguel Ángel Rivera martes 25, Abr 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En esta ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha unificado criterios, tanto en el sector oficialista como entre la oposición: Nadie quiere que su padecimiento lo incapacite para seguir en funciones.
Esto se aprecia en todos lados. En los medios de comunicación, en las redes sociales y en las conversaciones, aunque con variantes, siempre se formula el mismo deseo: Que se restablezca pronto y que retorne a sus funciones, aunque sea —como lo hace cotidianamente— para fustigar a los que considera sus enemigos.
Aparte de cumplir con los deberes morales y religiosos de no desear mal a nadie, los buenos deseos tienen también una alta carga política. Esto porque, en las actuales circunstancias, la ausencia definitiva del primer mandatario podría significar profundas divisiones inclusive dentro del partido oficial, hasta generar enfrentamientos que podrían derivar hasta en violencia.
Es de tomar en cuenta que, aún en condiciones “normales”, la situación política es muy volátil, pues estamos en pleno proceso de sucesión presidencial, que el mismo López Obrador se encargó de adelantar respecto de lo que sucedía en anteriores sexenios.
De acuerdo con lo dispuesto por el político tabasqueño y, obviamente secundado por la dirigencia nacional de su partido, encabezada por Mario Delgado, estamos a menos de tres meses de que se lance la convocatoria para la nominación del candidato presidencial de Morena y de sus rémoras.
Aunque apenas contenida, la lucha entre los seguidores de las “corcholatas” ya está en desarrollo y no siempre se limita a las mejores prácticas de la competencia política. Las diversas corrientes internas en el oficialismo tratan de tomar ventaja y colocar en la cima del poder político a uno de los suyos.
Para nombrar al interino o sustituto se necesita mayoría absoluta, lo cual tiene Morena, pero también es un hecho ya evidente que en las dos cámaras el oficialismo está dividido, pues cada una de las cuatro “corcholatas” oficiales, Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard Casaubon y Ricardo Monreal Ávila, ya tienen de su lado fracciones de las bancadas oficialistas.
Otro conflicto que podría desembocar en la Suprema Corte de Justicia
Además, de acuerdo con los ordenamientos constitucionales, de entrada el secretario de Gobernación, en este caso el “hermano” López Hernández, quedaría eliminado del proceso de sucesión, aunque tendría la honrosa compensación de haber sido titular del Ejecutivo Federal al menos por unos cuantos días.
Por supuesto, el anterior no es un panorama que guste al ex gobernador de Tabasco ni mucho menos a sus seguidores, que buscarían la forma de que las normas constitucionales no se apliquen a rajatabla.
Vamos por partes:
De acuerdo con el Artículo 84 de la Constitución establece que:
“En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.
“En este caso no será aplicable lo establecido en las fracciones II, III y VI del artículo 82 de esta Constitución”, advierte también el referido artículo constitucional. Las excepciones mencionadas se refieren a:
Artículo 82, inciso II.- “Tener 35 años cumplidos al día de la elección; III.- Haber residido en el país todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia; y VI.- No ser secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección”.
Hasta allí no parece haber ningún problema, pues en caso de que el secretario general tenga que entrar al relevo, no hay nada que lo impida.
Las dificultades aparecen más adelante, en la propia Constitución, el artículo 83 ordena:
“El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el
carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”. (Este artículo ha sido reformado en cinco ocasiones, la más reciente el 10 de febrero de 2014).
Como se aprecia, en el eventual caso de una ausencia definitiva del Presidente de la República, obligadamente el secretario de Gobernación asumiría provisionalmente las titularidad del Ejecutivo Federal y, en automático, perdería la posibilidad de permanecer o volver al cargo.
Claro, siempre queda la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte para solicitar otra interpretación, pero difícilmente prosperará, pues seguramente sería combatido por otros aspirantes a la Presidencia.
Los problemas que requieren atención
Mientras esperamos que el presidente López Obrador se restablezca, hay asuntos que requieren atención antes de que generen conflictos de grandes dimensiones.
Dos cuestiones son las más urgentes y las dos requieren de la intervención de dos de los precandidatos oficiales: el multimencionado secretario de Gobernación y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Uno de los conflictos lo tiene la mandataria capitalina a las puertas de su oficina. Se trata de una manifestación de simpatizantes de Morena, identificados con la organización #Escudo AMLO, que mantienen desde hace un par de meses frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en demanda de la renuncia de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.
Este conflicto tiene su origen en las críticas lanzadas por el propio López Obrador en contra del Poder Judicial Federal y en particular contra la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y su actual presidenta, la mencionada ministra Peña Hernández.
La arremetida presidencial contra la titular de la SCJN viene desde su misma elección, pues López Obrador impulsó a la ministra Yasmín Esquivel para ese cargo, pero su promoción se frustró cuando fue denunciada de haber plagiado su tesis de licenciatura, escándalo que se prolongó al exhibirse irregularidades también con su tesis de doctorado.
La situación llegó al extremo de que López Obrador reveló que había dado instrucciones a sus colaboradores de no contestar ni el teléfono a los ministros de la Suprema Corte, esto luego de rumores en el sentido de que Piña Hernández y otros integrantes del máximo tribunal solicitaron a los titulares de Gobernación y de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, una opinión acerca del tiempo conveniente para que esta última dependencia reasumiera el control de la Guardia Nacional que la llamada Cuarta Transformación había entregado a la Secretaría de la Defensa.
La relación del Ejecutivo con los otros Poderes de la Unión es parte de las tareas que debe cumplir el secretario de Gobernación. Sería de esperarse en consecuencia que López Hernández tratara de mejorar el trato entre dos Poderes federales cuyas sedes están apenas al cruce de una calle, pero en su calidad de “corcholata” ha preferido secundar a jefe y guía, quien le da trato de “hermano”.
En vez de contribuir a las buenas relaciones, López Hernández respaldó las protestas de López Obrador por la decisión de la Suprema Corte en relación a la Guardia Nacional y en declaraciones del pasado día 19, el secretario retó a los ministros de la Suprema Corte a salir a las calles para explicar a la ciudadanía por qué declararon como inconstitucional que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena.
Ayer, al sustituir en la mañanera a su paisano y “hermano”, López Hernández denunció que la presidenta de la Suprema Corte pidió el resguardo de sus instalaciones ante eventuales ataques de los manifestantes apostados a sus puertas.
También las instalaciones de la UNAM requieren protección de las autoridades, pues sigue la escalada de conflictos inventados que en opinión de los conocedores tienen como finalidad lograr que el Ejecutivo Federal asuma el control de la llamada máxima casa de estudios.
Una de las demandas de los supuestos estudiantes y trabajadores inconformes es que el próximo rector sea elegido “democráticamente” y no por la Junta de Gobierno.
