Revés de la SCJN a la militarización, mientras Morena tiene paralizado al INAI
Miguel Ángel Rivera miércoles 19, Abr 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Si se tratara de hacer un balance, se puede concluir que la jornada de ayer le resultó negativa.
En primer lugar, la Suprema Corte de Justicia derrumbó o invalidó una de las reformas en las que puso más empeño y comprometió a las bancadas de su partido, Morena, y satélites (PVEM, PT y PES): El traspaso de la Guardia Nacional —que nació como institución civil— a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Esa reforma fue declarada inconstitucional por ocho votos contra sólo tres de los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia.
Este recuento de votos también debe resultar amargo para el primer mandatario, pues confirmó que no tiene en ese máximo tribunal como incondicionales ni siquiera a todos los ministros que ha propuesto durante su gobierno. Los recomendados son, como se recordará, Juan Luis González Alcántara (2018), Margarita Ríos Farjat (2019), Yasmín Esquivel (2019) y Loretta Ortiz Ahlf (2021).
Las dos últimas se mantuvieron fieles a los principios de la llamada Cuarta Transformación y votaron a favor de que se mantuviera la reforma que militariza a la Guardia Nacional, pero los otros dos, González Alcántara y Ríos Farjat respondieron a su formación profesional y sus profundos conocimientos del Derecho Constitucional al sentenciar que la fallida reforma viola principios de nuestra Carta Magna. De hecho, el primero, fue el responsable de presentar la ponencia que sirvió como base para el debate del pleno de la Suprema Corte, en donde estableció que el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena contraviene los artículos 21 y 129 constitucionales.
La ministra Ríos Farjat reconoció el respaldo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, pero indicó que la Constitución es clara al señalar que la dirección de la GN debe quedar bajo un mando civil.
Como compensación, si es que alguna tiene el presidente López Obrador, el ex presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, refrendó su cercanía con los principios de la llamada Cuarta Transformación, al grado que en su esfuerzo por defender la reforma sacó una bizarra tesis en el sentido de que, a fin de cuentas, la Sedena, como la Secretaría de Marina, forman parte de un gobierno civil y, por tanto, no se puede hablar de militarización de la vida nacional.
La Guardia Nacional regresa a la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana
Al dar cuenta de la decisión de los ministros, uno comunicado de la Suprema Corte de Justicia expone (respeto la puntuación del original):
“El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó el análisis de las impugnaciones formuladas por senadoras y senadores de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, en contra del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de la Guardia Nacional; Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 9 de septiembre de 2022. Lo anterior en los siguientes términos:
“Invalidó el traslado a la Secretaría de la Defensa Nacional del cúmulo de facultades orgánicas, administrativas, presupuestales y directivas de la Guardia Nacional, al considerar que el artículo 21 constitucional establece expresamente que dicha corporación será un ente civil y que su adscripción, así como la determinación de sus acciones, planes y programas, corresponden a la Secretaría del ramo de la seguridad pública, en el caso, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
“Invalidó la facultad del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional para proponer el nombramiento de la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, quien debería contar con el grado jerárquico de Comisario General. Ello al considerar que esa facultad vulneraba la regla de adscripción a la Secretaría del ramo de la seguridad pública, aunado a que el requisito mencionado direccionaba el perfil del titular de la Comandancia hacia el ámbito de las Fuerzas Armadas.
“Invalidó el régimen diferenciado del personal de la Guardia Nacional proveniente de la Policía Militar, el cual preveía, entre otros aspectos, que seguirían siendo considerados miembros activos del Ejército y Fuerza Aérea y quedarían sujetos al fuero militar para determinados delitos, toda vez que se contravenía el artículo 21 constitucional, porque distorsionaba el carácter civil de la Guardia Nacional, además de que se vulneraba el artículo 13 constitucional, porque expandía la jurisdicción militar a servidores que, de acuerdo con la Constitución Federal, deben ser civiles.
Por el contrario, la decisión de los ministros “validó el régimen de reasignación del personal de la Guardia Nacional proveniente de la Policía Naval; así como el régimen de la estructura orgánica, servicio de carrera y profesionalización del personal de la Guardia Nacional; y el subsistema de colaboración entre la Guardia Nacional y la Fuerza Armada para el desempeño de las funciones de seguridad pública”.
Sin embargo, eso no es todo. El referido comunicado de la SCJN advierte que “los efectos de la resolución serán determinados durante la próxima sesión del Pleno de la SCJN”. La siguiente sesión, vale precisar, se efectuará mañana jueves a partir de las 11 horas.
Los senadores se mantienen fieles: Nada de
designar nuevos comisionados del INAI
Si en la Suprema Corte no todos los que supone sus aliados defendieron su reforma sobre la Guardia Nacional, en el Senado, el presidente López Obrador confirmó que puede contar plenamente con la mayoría oficialista integrada por las bancadas de Morena, PT, PVEM y PES.
Eso se confirmó cuando el presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta Mier, suspendió abruptamente la sesión de ayer, cuando se armó un escándalo porque la oposición celebraba la decisión de la Suprema Corte sobre la Guardia Nacional y los legisladores oficialistas respondieron con rechifla y gritos.
La suspensión se produjo en momentos en que el coordinador de la bancada del PAN, Julen Rementería del Puerto, demandaba nuevamente que se eligiera a los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con la finalidad de que ese organismo pudiera funcionar normalmente.
La exigencia, que se ha recalcado en las últimas sesiones, se repitió al tiempo que los senadores del PAN celebraban la decisión de la SCJN de declarar inconstitucional la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y desplegaron mantas con leyendas como “INAI HOY” y “EL PAN ESTÁ LISTO”.
El veracruzano Rementería del Puerto presumió que el máximo tribunal falló a favor de la acción promovida por el bloque de contención, del cual su bancada es mayoría.
“Quiero traer nuevamente a colación un asunto que mientras dure en el estatus en que está no nos cansaremos, no daremos un paso atrás y no vamos a permitir que el olvido o que alguna otra razón pueda permitir que en este país se cancele la posibilidad del acceso a la información”, expresó el coordinador panista al exigir que se incluyera en el orden del día el tema de la elección de comisionados del INAI.
Pero nuevamente, los oficialistas rechazaron la petición en cumplimiento de las instrucciones que les transmitió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Todavía, poco antes, en su mañanera, López Obrador repitió que “el INAI cuesta mucho y no sirve”.
De inmediato tuvo respuesta por parte de la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, quien señaló que si se compara el presupuesto del INAI con lo sustraído a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), podría haber más institutos.
“Segalmex… se ha convertido en una institución con múltiples casos de presuntos actos de corrupción y malas prácticas, de acuerdo con una serie de auditorías”, recordó la comisionada del INAI que continúa laborando aunque no esté completo.
Sus palabras se escucharon durante una sesión en que el INAI ordenó a Segalmex informar acerca de productos que no se consumieron, el destino de los que caducaron; y precisar aquellos que dejarán de comprarse y qué empresas los suministran, todo lo cual forma parte las maniobras para desviar miles de millones de pesos.
