Militarización de la Guardia Nacional divide opiniones en la Suprema Corte
Miguel Ángel Rivera martes 18, Abr 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
La ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara había generado confianza en que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional la reforma electoral que autorizó que la Guardia Nacional quede bajo el control total de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero ayer se pudo apreciar que no será fácil que se preserve la “pureza” de ese organismo como institución civil.
Como se recordará, González Alcántara propuso declarar inconstitucional la reforma que aprobó que la Guardia Nacional —nacida como institución civil— quedara bajo el control total de la Sedena en vez ser una dependencia de la Secretaría de Seguridad.
La recomendación sorprendió más porque contraviene lo que ha sostenido el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que esa reforma no alterna la condición civil de la Guardia Nacional. Esto además de las críticas que con anterioridad ha dedicado a su recomendado, el ministro González Alcántara, porque supuestamente se convirtió en “un empleado del poder económico o político”.
De hecho, el primer mandatario refutó la posibilidad de que la SCJN declare inconstitucional el acuerdo mediante el que se entregó el mando de la Guardia Nacional a la Sedena.
En su mañanera del miércoles anterior, López Obrador dijo que ojalá los ministros “lo piensen bien”.
“Sería muy irresponsable, deveras un daño al país. Y si fuese así, si resolvieran los ministros que no debe la Sedena hacerse cargo de la Guardia Nacional, como sucede en otros países, vamos nosotros de todas maneras a cuidar que no se eche a perder, pero es muy importante inscribirla en una institución sólida, que es un pilar del Estado mexicano, la Secretaría de Defensa”.
Ayer, al iniciarse la revisión de las demandas para que el máximo tribunal del país declare inconstitucional la referida reforma, se puso en evidencia que, dentro de la Suprema Corte hay quien coincide con la forma de pensar del jefe del Ejecutivo.
Esto porque el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien presidió la Suprema Corte hasta el último día del año pasado, se declaró a favor de que la Guardia Nacional pase a ser dirigida por las fuerzas armadas durante su periodo de consolidación.
Este ministro negó que se esté militarizando a esa fuerza de seguridad. Por el contrario, Zaldívar consideró deseable las intervención de la Sedena, por considerar que las instituciones policiales exentas de controles disciplinarios propios del ámbito militar han probado ser “mucho menos efectivas”.
“El hecho de que la(s) secretaría(s) de la Defensa y de la Marina intervengan en funciones de control y operación de la Guardia Nacional tampoco militariza ni hace que pierda su naturaleza civil. Se trata de secretarías de Estado civiles cuyos titulares son secretarios de despacho de la administración pública centralizada, cuyo jefe es el presidente de la República”, dijo Zaldívar en la sesión del Pleno de este lunes.
Zaldívar no fue recomendado por López Obrador para ser ministro de la Suprema Corte, pero sí tuvo el respaldo del primer mandatario para ampliar su periodo como presidente del máximo tribunal del país, para que culminara la reforma del Poder Judicial federal auspiciada por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
La ampliación de su mandato no fue posible, porque violaba la Constitución, pero ha dejado constancia de su afinidad con el actual gobierno federal, como lo ratifica ahora con su posición respecto a la Guardia Nacional.
La revisión de las demandas de inconstitucionalidad, presentadas inclusive por legisladores federales que no pudieron detener la reforma en el Congreso de la Unión, continuará hoy en la Suprema Corte de Justicia. Para que la combatida reforma sea declarada contraria a la Carta Magna se requieren ocho votos del total de 11 ministros.
Congelada, al menos temporalmente, la
reforma de AMLO en materia de minería
Mientras tanto, el presidente López Obrador recibió otro revés en el Congreso, al quedar temporalmente detenida una reforma que propuso en materia de minería, uno de cuyos puntos principales consiste en reducir la vigencia de las concesiones a sólo 15 años.
Todavía el jueves anterior, en su tribuna de la mañanera, el presidente López Obrador defendió su iniciativa. Aseguró que está orientada al cuidado del agua y a evitar lo que llamó un derroche de concesiones para la exploración y explotación de minas en el país.
“No afecta (la reforma minera a la industria), es para cuidar el agua y evitar el derroche de entrega de concesiones a empresas mineras, fantasmas muchas de ellas, y el acaparamiento de grandes extensiones de propiedad del subsuelo para la explotación minera”, dijo el Presidente en su conferencia matutina.
Para no variar, acusó a gobiernos anteriores de cometer excesos en la entrega de concesiones mineras. “Ni con Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio como en el periodo neoliberal por las concesiones mineras. Increíble lo que entregaron, empezó (el expresidente (Carlos) Salinas, con la entrega de Cananea a Grupo México”.
Esta iniciativa de López Obrador también generó resistencias, pues se consideró que frenaría las necesarias inversiones para fomentar la reactivación de la economía, además de que podría tener repercusiones negativas al contravenir compromisos contraídos por México dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el denominado T-MEC.
“Manifestamos que las iniciativas presentadas contienen normas contrarias al marco constitucional, tratados internacionales como el TMEC y otros instrumentos comerciales, incluso, atentan contra las libertades individuales y los derechos humanos”, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuyo titular es Francisco Cervantes.
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), prevé “serios daños” a la economía mexicana en caso de que el Congreso apruebe las reformas a la Ley Minera, ya que se dañaría la inversión en ese sector.
Mediante un comunicado, firmado por el presidente de la Barra, Víctor Olea, la institución señaló que se afectarian los derechos adquiridos y el patrimonio de los titulares de concesiones mineras, así como a los titulares de concesiones de aguas nacionales para uso en minería, violando con ello derechos constitucional y convencionalmente protegidos.
“Las condiciones propuestas pueden desalentar a las empresas mineras a invertir más en México y probablemente buscarán en otros lugares, Esperamos que los productores mineros, cuyas operaciones contribuyen sustancialmente a la economía de México, sean involucrados por el gobierno para discutir las propuestas”, escribió la calificadora Moody´s en un comunicado.
Añadió que los cambios propuestos dificultarían los proyectos de crecimiento de mediano plazo para las empresas mineras que operan en México, lo que reduciría drásticamente su rentabilidad y visibilidad en torno a posibles futuras inversiones y renovaciones.
En la Cámara de Diputados, nuevamente se levantó el bloque opositor.
Resultado: El presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, anunció que la iniciativa de reforma minera ya no se discutirá en el actual periodo ordinario de sesiones. Las comisiones de Energía y de Economía de la Cámara de Diputados discutirán y votarán hasta septiembre próximo las reformas a las leyes Minera, de Aguas Nacionales y de Equilibrio Ecológico para reducir la vigencia de las concesiones mineras de 50 a 15 años.
El anuncio lo hizo el legislador de Morena Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, al subrayar que “no hay prisa” para desahogar la iniciativa, por lo que se convocará a parlamento abierto para escuchar a todos los involucrados.
“Lo más seguro es que se inicien los trabajos en breve y que el análisis y discusión pueda seguir en los próximos meses para que ya podamos entrar en el siguiente periodo ordinario a la dictaminación y votación en el pleno”, comentó.
“Estamos ya a día 17 de abril y concluimos el 30 de abril; eso no lo veo yo de ninguna manera factible y, además, como les dije, no nos vamos a tardar mucho, pero prisa tampoco tenemos; deseamos que esta ley tenga el respaldo mayoritario por un lado de quienes están en la industria minera, pero especialmente también garantizar el beneficio para todos los mexicanos”, aseguró el “moreno”.
