Ahora la 4T intenta desaparecer al Conacyt y controlar al Tribunal Electoral
Miguel Ángel Rivera martes 11, Abr 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Apenas el gobierno de la llamada Cuarta Transformación inició el proceso para una nueva reforma política, esta vez supuestamente destinada a mejorar diversos aspectos de la educación pública, ya desde ahora se anticipa que esos anunciados cambios podrían terminar en otro litigio ante la Suprema Corte de Justicia.
Al igual que otras modificaciones emprendidas por el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta proyectada reforma, casi seguro será aprobada por su mayoría de legisladores en las dos cámara del Congreso de la Unión, pero será combatida por el bloque opositor y por organismos de la sociedad civil para los cuales los anunciados cambios, lejos de contribuir a mejorar la ciencia y la cultura nacionales, son considerados instrumentos de control y de adoctrinamiento que limitan la libre investigación.
Esto quedó de manifiesto en un foro de de análisis y discusión sobre la iniciativa de ley que propuso el gobierno federal denominada Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde lo mismo legisladores que representantes de diversas instituciones académicas públicas y privadas advirtieron que tal como está planteada la iniciativa del Ejecutivo federal significa un retroceso grave para la ciencia en México.
En el foro, organizado por la diputada federal Melissa Vargas, con el respaldo del coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, y el secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Brasil Acosta, participaron académicos e investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Tecnológico de Monterrey y de diversas universidades privadas; así como investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), presidentes de centros de investigación y dirigentes de organismos empresariales en las vertientes de tecnología e innovación.
El diputado Brasil Acosta expuso que esta ley implica diversos aspectos negativos para la investigación científica y tecnológica, entre los que destaca la desaparición del Conacyt y la prohibición de los fideicomisos, lo que pone en riesgo las investigaciones múltiples anuales.
El doctor Eric Rosas, presidente del Clúster Mexicano de Fotónica, A. C,señaló que efectivamente se necesita de un nuevo y moderno marco legal para fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, y requiere igualmente del diseño de una política industrial que tenga como eje toral a la innovación; pero pretender hacer estas tres actividades dentro de un mismo marco legal podría terminar por enfundarlas en una camisa de fuerza que les impida a las tres el desarrollarse adecuadamente.
El especialista destacó que una nueva Ley de Ciencia y Tecnología en México tendría que fomentar el desarrollo de la infraestructura científica, que permita garantizar plenamente el derecho humano a la ciencia y a los beneficios derivados de ésta, no sólo a los mexicanos, sino a la humanidad entera.
Por su parte, la doctora Leonor Delgadillo, investigadora nivel II del Conacyt, señaló que la iniciativa carece de perspectiva de género, por lo que no toma en cuenta las necesidades de las mujeres que hacen ciencia, por lo que se retrocedería en la participación de este sector.
Además, advirtió del serio riesgo que implica quitar, como lo establecen las leyes vigentes, la obligatoriedad de incrementar anualmente el presupuesto a la ciencia en México.
La doctora María del Socorro Romero Figueroa, investigadora de la Universidad Anáhuac y coordinadora de Investigación Campus S XXI, manifestó su preocupación por la centralización de la ciencia al dejar fuera del consejo a sectores importantes de la sociedad y priorizar a las dependencias de Estado como la Secretaría de la Defensa Nacional, como si se tratara de militarizar la ciencia.
El presidente de la Cámara Nacional de las Artes Gráficas en el Estado de México, Julián Sobrino Díaz, expresó su preocupación de que se nulifique la participación del sector privado, pues la iniciativa enviada por el Ejecutivo implicaría limitar la creación de ciencia, ya que los 4 fondos y fideicomisos con que cuenta Conacyt para subsidiar sus actividades son privados.
En su turno, la diputada Melissa Vargas señaló que todas sus propuestas de los especialistas y conocedores serán llevadas a discusión al recinto de San Lázaro, ya que es necesario que su voz sea escuchada.
Al cerrar el evento, el coordinador Rubén Moreira aclaró que llevarán todas sus preocupaciones a la Junta de Coordinación Política. Sin embargo, advirtió que, en caso de aprobarse tal y como está la iniciativa, el Grupo Parlamentario del PRI interpondrá una controversia constitucional para que se suspenda, pues pone en riesgo la autonomía de la educación y la libertad de expresión.
Además, invitó a los catedráticos a expresar su opinión y preocupaciones en los medios a su alcance, así como exponer a sus diputados su punto de vista, ya que el sector académico y de la ciencia en México debe ser escuchado.
Los magistrados electorales piden una
consulta pública antes de limitar sus funciones
Otro de los organismos autónomos que se consideran amenazados por las reformas impulsadas por la llamada cuarta transformación es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al cual pretenden limitar los legisladores federales.
Los magistrados electorales han tenido varias diferencias, entre ellas un mandato por el cual ordenaron a la Cámara de Diputados incluir entre los integrantes de la Comisión Permanente al menos a un representante del partido Movimiento Ciudadano.
Esas y otras disposiciones de los magistrados han sido consideradas por los legisladores como invasión a sus atribuciones y por eso desean limitar sus facultades, como está especificado en la iniciativa de reformas que actualmente discute la Comisión de Puntos Constitucionales.
Ante estos eventuales cambios, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, demandó efectuar un parlamento abierto para abrir este debate a la opinión pública.
A su vez, el magistrado Felipe Fuentes Barrera destacó que el máximo órgano jurisdiccional electoral ha construido una noción de integridad electoral como una herramienta de análisis para identificar las prácticas electorales que pueden manipular el proceso comicial al sustituir un interés público por el beneficio personal o partidista en un caso concreto.
Agregó que “en las sentencias del Tribunal Electoral este enfoque de integridad electoral ha servido para desincentivar prácticas como el clientelismo y el uso indebido de programas sociales, con la finalidad de preservar la equidad, imparcialidad y neutralidad de las contiendas, por lo que los tribunales deben estar atentos al impacto que tienen los programas sociales en la emisión de un voto libre y sin coacciones”.
Por ello, al referirse al debate sobre una probable reforma a las atribuciones del TEPJF, Fuentes dijo sumarse a los deseos de que se haga el ejercicio de un parlamento abierto para discutir esta propuesta de reforma constitucional.
Destacó que “en la actualidad los tribunales constitucionales deben entenderse como garantes de la Constitución y de un correcto funcionamiento de la estructura constitucional. Sin embargo, advirtió que no se puede ser correctos garantes de esa estructura y de esa funcionalidad si se limita a una interpretación literal.
Puntualizó que la sociedad mexicana tiene que participar más de cerca, no sólo con las tareas del Tribunal Electoral, como lo ha venido haciendo dado que sus sentencias están sujetas al debate público y al escrutinio de la academia, sino también con un parlamento abierto y permitir el análisis y la discusión de sus iniciativas frente a la voluntad de la sociedad en su conjunto.
La presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido Gómez, resaltó el esfuerzo del TEPJF, ya que de unos años a la fecha organizaciones especializadas observan las resoluciones jurisdiccionales y generan recomendaciones dirigidas al ámbito de la justicia electoral.
Afirmó que la ciudadanía debe ser libre de expresar su opinión sobre la forma en que se desarrollen los comicios sin interferencias del poder político.
