Revisar el “plan B” electoral, pesada carga para ministros de la Suprema Corte
Miguel Ángel Rivera lunes 10, Abr 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
La reforma electoral, conocida como “plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador, comprende 6 leyes, pero un total de 352 artículos, lo cual significa una pesada tarea para los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de quienes se espera que resuelvan a la brevedad si esos cambios son o no constitucionales.
El difícil trabajo para los ministros aumenta si se considera que esa reforma generó de inmediato protestas que se traducen, hasta el inicio del receso por la llamada Semana Santa (pues se esperan más recursos contra esos cambios) 164 acciones controversias constitucionales y 8 acciones de institucionalidad, a los cuales se deben sumar casi cien recursos de reclamación en controversias constitucionales.
De las controversias constitucionales, ya 13 han sido desechadas, así como una de las acciones de inconstitucionalidad, pero el volumen de trabajo pendiente es mucho.
Hasta la cuestión del tiempo necesario para revisar tan elevada cantidad de documentos está a revisión, pues una de las quejas se basa en el hecho de que los diputados del oficialismo, Morena más PT, PVEM, aprobaron el mencionado “plan B” de madrugada y con dispensa de todos los trámites a las iniciativas para discutirlas y aprobarlas de inmediato, una vez que Morena presentó la propuesta presidencial como suya.
Los legisladores de oposición, algunos de los cuales abandonaron el salón de sesiones, destacaron que no hubo tiempo ni siquiera para leer todos los documentos. Como mencionamos anteriormente, se trata de modificaciones a un total de 352 artículos.
La reforma afecta la autonomía del INE
Por supuesto, ese atropello a los procedimientos legislativos forma parte de algunas de las demandas recibidas por la Suprema Corte, que ya tiene paralizados los cambios, pero falta que dictamine los asuntos de fondo y si las modificaciones por entero o, al menos alguna parte, quedan sin efecto.
Este incumplimiento con los procesos para aprobar una ley está expuesto en la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE), todavía bajo la presidencia de Lorenzo Córdova, que cesó en funciones apenas el pasado día 3, en la cual se advierte:
“Se reclaman diversas violaciones al proceso legislativo al haberse aprobado apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa. El grupo parlamentario de mayor representación en la Cámara de Diputados, en un evidente fraude a la ley, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen”.
En su demanda, el INE destaca los efectos negativos que tendrían las reformas en la calidad y la confianza que deben generar los procesos electorales, de manera destacada las elecciones presidenciales del cada vez más cercano año venidero.
En la página oficial del INE aparece la justificación de su inconformidad:
“Dicho recurso se interpuso, debido a que las modificaciones legislativas que se plantearon en el decreto publicado crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda.
“La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado, siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva.
“En su recurso, la autoridad electoral considera que el citado Decreto contraviene el modelo de comunicación social y propaganda gubernamental establecido en el artículo 134 Constitucional, con lo cual se impide al INE ejercer su función de salvaguardar, entre otros principios, la imparcialidad y la equidad en la contienda”.
Al conceder la suspensión del “plan B” de López Obrador, el pasado 24 de marzo, la Suprema Corte informó:
“El día de hoy el Ministro Ponente Javier Laynez Potisek admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral’.
“En este mismo acuerdo, el ministro instructor solicitó a las autoridades demandadas (Congreso de la Unión y Ejecutivo Federal) que presenten su contestación dentro del plazo legal.
“Aunado a lo anterior, el ministro instructor concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma…
“Asimismo, la SCJN ha resuelto en ocasiones anteriores que en controversias constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”.
En Segalmex se “extraviaron” diariamente más de 18 millones de pesos
Contrario a lo que presume la llamada Cuarta Transformación en el sentido de que “no son iguales” y de que ya se acabó la corrupción, el caso del fraude o robo a la empresa estatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) para confirmar las denuncias de la oposición en el sentido de que que, efectivamente, no son iguales…son peores y que sigue el desvío y mal uso del presupuesto federal.
Al respecto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, denunció nuevamente que “López Obrador no ha combatido la corrupción en México y, por el contrario, ha propiciado que florezca y se ramifique con mayor fuerza, como ocurrió en Segalmex, organismo creado bajo su mandato y el cual ha representado la burla más grande a los mexicanos”.
Para sostener su afirmación, el dirigente nacional del PAN recordó que Segalmex, “considerada la Conasupo de la 4T, es la dependencia del gobierno del presidente López Obrador que en 4 años ha presentado mayores irregularidades, con 22 por la Secretaría de la Función Pública; 15 carpetas de investigación abiertas y desvíos e irregularidades por más de 15 mil millones de pesos.
Agregó que esto “significa que cada día, de 2019 a 2021, se han desviado o malversado 18 millones 804,656 pesos, cada hora 783 mil 527 pesos y cada minuto 13 mil 058 pesos derivado de ese escándalo de presunta corrupción, que a estas alturas ya es del más del doble que se evidenció en la Estafa Maestra, el mayor caso de corrupción en el sexenio del entonces presidente, Enrique Peña Nieto”.
Con base en tales antecedentes, Cortés Mendoza acusó al actual primer mandatariuo que nunca le ha interesado combatir la corrupción, pues todo ha sido una farsa. “Les mintió a los mexicanos, les mintió a sus simpatizantes y le mintió al pueblo bueno, que creyó en sus falsas promesas”, sentenció el dirigente panista.
Por ello, Cortés Mendoza exigió al presidente López Obrador que deje de proteger al ex director de Segalmex, Ignacio Ovalle, para que pueda ser detenido y enjuiciado por ese escándalo de presunta corrupción que se registran en esa dependencia gubernamental.
Además recordó que el actual gobierno prometió alcanzar la autosuficiencia alimentaria en 2021, pero en lugar de eso la importación de granos aumentó a 17 mil 700 millones de dólares en 2022, una cifra sin precedente histórico.
