El Salvador demanda a México castigar a funcionarios por tragedia en Ciudad Juárez
Miguel Ángel Rivera miércoles 5, Abr 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Cuando todo parece indicar que el gobierno de México decidió responsabilizar de la tragedia de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes quemados y asfixiados a trabajadores de nivel inferior y dejar a salvo a altos funcionarios, la opinión pública internacional no dejará de recordarle que se trata de un “crimen de Estado”.
Una muestra de lo anterior es que, ayer, el gobierno de El Salvador denunció que la muerte de los migrantes en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez es un crimen de Estado y exigió justicia a México.
La exigencia al gobierno mexicano la expresó la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador, Cindy Mariella Portal Salazar, desde Ciudad Juárez, adonde viajó para tramitar la repatriación de los cuerpos de siete salvadoreños que murieron en el incendio y prestarle apoyo a los heridos y a sus familiares.
“El Salvador busca justicia para sus migrantes y la diplomacia se hace a un lado cuando se trata de defender la vida de nuestros connacionales”, afirmó la viceministra.
“El Salvador exige una condena ante este crimen que lo cataloga como un crimen de Estado, nosotros tenemos la suficiente moral para exigir justicia ante esta masacre que el gobierno mexicano ha dado a nuestros connacionales migrantes” precisó Portal Salazar.
Destacó que su país es el único que ha condenado y que está exigiendo justicia y reparación de los daños. “Queremos que pare esta xenofobia para el pueblo centroamericano, porque nos están tratando de la misma forma que a ustedes los tratan en Estados Unidos”.
En una conferencia de prensa que ofreció la noche del pasado lunes en el exterior de la sede de Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad fronteriza, la diplomática salvadoreña exigió en especial la destitución y el procesamiento del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez.
“Hemos exigido que el irresponsable director sea destituido y no sólo la destitución, sino el procesamiento del mismo. Hemos exigido que se condene con cárcel y no sólo a los que actuaron frente a la emergencia, sino a aquellos responsables de la política migratoria”.
Afirmó: “mi gobierno los quiere en la cárcel”.
También protestó por la demora y lo incompleto de la información al gobierno de El Salvador.
Portal Salazar aseveró que el gobierno salvadoreño se enteró de los hechos por medio de redes sociales y que recibieron una comunicación oficial por parte de las autoridades mexicanas varias horas después.
“Nosotros fuimos informados por las autoridades mexicanas alrededor del mediodía, cuando ustedes saben que esta masacre se dio en horas de la madrugada”, apuntó.
“A las 7 de la mañana nuestro personal consular estaba acá pidiendo información sobre los datos, datos que han sido comunicados de forma irresponsable porque se informó primero que eran 12 salvadoreños los que habían fallecido”, puntualizó.
“México se tiene que hacer responsable de todo lo que ha hecho. Exigimos justicia y condenamos este hecho que esperamos no se vuelva a repetir, pese a que ya ha habido recomendaciones de instituciones de derechos humanos a nivel internacional por atrocidades del pasado”, reiteró.
Pero tal vez lo que mayor pena debe ocasionar en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación es que las palabras de la funcionaria salvadoreña ponen en duda la reiterada declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que su principal preocupación son los pobres.
Esto quedó muy claro en la conferencia de prensa de la viceministra salvadoreña, al rechazar el manejo del caso por parte de las autoridades mexicanas. Portal sostuvo que tanto el Instituto Nacional de Migración de México (INM) como las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores se reparten la responsabilidad.
“Nosotros no queremos que los responsables sean los de pies descalzos. Nosotros queremos que sean aquellos que son los tomadores de decisiones”, afirmó Portal Salazar al exigir la destitución y procesamiento del titular del INM, Francisco Garduño, al que llamó “irresponsable”.
Sólo funcionarios de menor nivel los acusados por el gobierno mexicano
La denuncia salvadoreña de que las sanciones por el incendio en la “estación migratoria” de Ciudad Juárez no deben aplicarse a los denominados “pies descalzos”, pareció aludir al anuncio del pasado 25 de marzo por la secretaria de Seguridad Ciudadana del gobierno mexicano, Rosa Icela Rodríguez, en el sentido de que ocho personas habían sido identificadas como presuntas responsables de esa omisión durante el incendio ocurrido la noche del lunes, todas ellas de niveles inferiores en la jerarquía oficial y de la empresa privada que tenía el contrato para atender la seguridad en ese reclusorio.
Los ochos señalados son dos agentes federales y un agente estatal de migración, así como de cinco miembros de una empresa de seguridad privada.
Por el caso se dictaron órdenes de arresto contra seis personas quienes enfrentan cargos por homicidio y lesiones. La fiscalía federal también investiga a otras personas, pero su titular, Alejandro Gertz Manero, no ha aparecido.
“Ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego”, admitió en rueda de prensa la titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías.
De acuerdo con la versión oficial del gobierno mexicano, el fuego lo iniciaron los propios migrantes al quemar unos colchones como protesta al enterarse de que iban a deportarlos. Esto inclusive lo validó el presidente López Obrador en su primera información respecto a la tragedia, a la que le destinó menos de tres minutos en su conferencia mañanera.
Para modificar los libros de texto gratuitos se debe
consultar a profesores y padres, advierten legisladores
Uno de los muchos asuntos que tendrán que atender los legisladores federales, luego de su asueto de Semana Santa, será el de las modificaciones a los libros de texto gratuitos que, de acuerdo con denuncias de especialistas, se hacen sin ninguna supervisión dentro de la Secretaría de Educación Pública.
En la última sesión de la Cámara de Diputados antes del inicio del receso por la también llamada Semana Mayor, la legisladora priista Laura Barrera Fortoul presentó un exhorto para que el Congreso de la Unión llame a autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a dar cumplimiento a las disposiciones legales, relativas a la consulta a madres y padres de familia o tutores, maestros, para la elaboración y actualización de los libros de texto gratuitos de la educación básica.
La diputada del PRI presentó un punto de acuerdo por el cual se reclama que los contenidos en estos libros, que comenzarán a utilizarse en el ciclo escolar 2023-2024, no han sido sometidos a la consideración como marca la Ley.
La integrante del Grupo Parlamentario del PRI señaló que no se tiene noticia o convocatoria alguna relacionada con la consulta que debe llevarse a cabo para garantizar que el criterio para su edición esté orientado para obtener mejores resultados en el progreso educativo y científico, luchar contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
Destacó que la SEP debe elaborar estos materiales de lectura, mantenerlos actualizados, editar e innovar, a partir de los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria publicados.
Además, la diputada por el Estado de México recordó que la institución debe promover el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación, como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información, en la que se encuentren representados por las asociaciones de padres de familia y maestros.
Barrera insistió en hacer partícipes a toda la comunidad educativa para fortalecer la formación de los estudiantes de nuestro país, pero quien sabe si su demanda sea escuchada por la llamada Cuarta Transformación, que hasta ahora le ha concedido carta blanca al director de Materiales Educativos de la (SEP), Marx Arriaga.
Aviso: Esta columna no aparecerá el resto de la semana. Nos volvemos a leer el lunes 10.
