La nueva presidenta del INE, a favor de reducir costo del sistema electoral
Miguel Ángel Rivera martes 4, Abr 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Apenas tomó posesión la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, ya dio color en su inclinación por la llamada Cuarta Transformación, pues de inicio asumió la política de austeridad impuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El elevado costo del sistema electoral, cuya cabeza es el INE, es uno de los primeros motivos esgrimidos por el primer mandatario para lanzar su iniciativa de reforma electoral.
El primer embate contra el INE no fue exclusivamente contra ese organismo, sino que formó parte de un plan general de austeridad emprendido por el actual gobierno federal.
De hecho, la Cámara de Diputados aprobó la denominada Ley Federal de Austeridad Republicana, así como reformas y adiciones diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que tienen como uno de sus puntos centrales que nadie en el sector público, incluidas todas las dependencias del Ejecutivo, así como los organismo de los poderes Legislativo y Judicial puede tener un salario superior al del presidente de la República.
Estas reformas se aprobaron desde el 13 de septiembre de 2018 en la Cámara de Diputados, con el respaldo de las bancadas de Morena y sus satèlites del PT, PES, y PVEM, que tenían mayoría absoluta, pero previamente ya habían sido sancionadas por el Senado. Esto significa que los cambios se aprobaron antes de que tomara posesión López Obrador.
Sin embargo, se puede considerar que las modificaciones fueron diseñadas desde la oficina del entonces Presidente electo, pues todavía actuaban como legisladores federales personajes que luego fueron llamados al gabinete, como el entonces diputado Zoé Robledo, quien actualmente es director general del IMSS.
Con anterioridad, el Presidente electo había anunciado que su sueldo sería de 108 mil pesos, lo cual marcaría el tope para todos los funcionarios públicos. Además, ya no se concederían ni cubrirán jubilaciones, pensiones o retiro sin que estén asignadas por la Ley o un contrato colectivo laboral.
Si el tope fijado por López Obrador fue aprobado casi sin oposición en el Congreso, en la práctica hubo resistencias de parte de quienes se oponían a que sus salarios fueran recortados.
Según una nota de Aristegui Noticias, del 10 de octubre de 2019, fueron cinco mil los funcionarios que solicitaron amparo, entre los cuales estaban trabajadores de Banxico y de Segob, así como jueces, magistrados, consejeros electorales y más servidores públicos.
Allí empezaron las diferencias de la llamada Cuarta Transformación con el INE, que luego se intensificaron cuando los consejeros aplicaron sanciones al partido oficial, que incluyeron la cancelación del registro de dos candidatios a gobernadores —Raúl Morón, de Michoacán y Félix Salgado, de Guerrero— por no cumplir su obligación de presentar gastos de precampaña.
Un sistema electoral demasiado costoso, considera la 4T
Todos estos antecedentes vienen al caso porque la nueva presidenta del INE —que sustituye al repudiado por el oficialismo, Lorenzo Córdova— al rendir protesta se declaró a favor de revisar el gasto del Instituto.
“Habemos quienes decimos que, efectivamente, es un costo alto; habemos quien decimos que no es un costo alto y que vale la pena la inversión, pero más vale la pena sentarnos a la reflexión y decir en qué parte la modernización tecnológica, el mejorar los lineamientos, procedimientos, tramos de control, cadenas de seguridad dentro del proceso, nos puede llevar a abaratar sin perder la calidad de los procesos electorales, que sería la condición, entiendo yo, con la cual tendríamos que empezar el análisis”, señaló Taddei Zavala.
En particular, ofreció revisar el gasto del INE, que este año tiene un presupuesto de casi 14 mil millones de pesos.
“Revisémoslo; seguramente habrá algo en lo que podamos mejorar, a lo mejor se tiene que incrementar en las entidades y reducir en oficinas centrales o reducir en las entidades e incrementar en oficinas centrales. Lo más importante es el compromiso que hoy demostramos la estructura del INE a través de sus juntas locales, la estructura de los institutos locales y la responsabilidad y el compromiso que estamos poniendo sobre la mesa todos y cada uno de nosotros.
“Me comprometo a estar en la disponibilidad de la escucha…y, por supuesto, compañeras, compañeros, puertas abiertas en este trabajo”, indicó la primera consejera presidenta.
Al terminar la sesión de Consejo General del INE, Taddei Zavala hizo un reconocimiento a la estructura central y descentralizada del órgano electoral y expuso la importancia rendir buenas cuentas.
“Convoco a todos mis compañeros y a las fuerzas políticas a que nos situemos de nueva cuenta en la parte que sí nos ocupa, la organización de las elecciones de manera pulcra y excelsa”, señaló Taddei.
En ese su primer discurso como titular del INE, Taddei Zavala indicó que la excelencia en la técnica electoral ha sido siempre el respaldo del Instituto, por lo que mencionó que se respetarán en el Consejo General las visiones de los partidos políticos, pero estos también deberán respetar los acuerdos que se tomen en el INE.
“Aquí se va a respetar el derecho de cada fuerza política de pertenecer a este Consejo, poner sobre la mesa sus visiones de futuro, pero también las fuerzas políticas habrán de respetar los acuerdos que en lo técnico vayamos tomando”, dijo.
Además de la presidenta, rindieron protesta otros tres consejeros electorales, Rita Bell López, Jorge Montaño y Arturo Castillo.
Rita Bell López, exconsejera del Instituto Electoral de Oaxaca, comentó que la integración de los nuevos consejeros es un momento histórico, pues dijo que con ello se concluye la renovación total del INE desde su transformación a partir del extinto IFE y es la primera vez que una mujer será la presidenta del órgano electoral.
Comentó que como consejera buscará reducir la brecha que separa al INE de la ciudadanía y aseveró que continuará con su lucha a favor de las mujeres y sobre todo las mujeres indígenas. Además, pidió a lo partidos políticos tener mecanismos accesibles para que los ciudadanos puedan competir por cargos públicos.
Avanza reforma con mayores sanciones para montadeudas
En espera de que al resanudarse los trabajos legislativos después del receso por la Semana Santa, en medios legislativos se anticipa que una iniciativa que tendría respaldo generalizado es la tendiente a aumentar las sanciones contra delincuentes denominados montadeuidas, que mediante altos réditos sobres préstamos afectan a personas de escasos recursos.
Por lo pronto, en su última reunión la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados avaló la propuesta del diputado federal Jericó Abramo Masso para sancionar de uno a cuatro años de prisión y multa de cincuenta mil a trescientos mil pesos, a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal.
“Esta iniciativa evitará que millones de familias caigan en las garras de estos agiotistas disfrazados de empresas y que son entes ilícitos que se dedican, bajo el idioma financiero, a prestar dinero con altas condiciones de crédito de casi el 250 por ciento de interés anual”, señaló el integrante del Grupo Parlamentario del PRI.
Explicó que el atractivo de los fraudes, es la rapidez para obtener los recursos vía trasferencia electrónica, motivo por el cual esta modalidad de préstamo y extorsión, conocida como “montadeudas”, han tenido un crecimiento exponencial.
El legislador priista señaló que el problema es que el monto de la deuda del préstamo solicitado, se vuelve para las personas impagable. Esto, anotó, da paso a la extorsión y cobranza ilegal, al amenazar al deudor con exhibir sus fotografías o llamar a sus contactos para cobrarles y difamarlas.
Agregó que su planteamiento para modificar el cuarto párrafo del artículo 284 Bis del Código Penal Federal, es producto de una demanda colectiva social a raíz de más de 500 mil fraudes detectados por diferentes instituciones.
Por otra parte, la también diputada del PRI, Paloma Sánchez, destacó la reciente reforma aprobada para impedir que agresores de violencia sexual o de género, así como a deudoras de pensión alimenticia no puedan ocupar cargos públicos.
