AMLO invalida “plan C”, pero diputados se preparan para elegir consejeros “amigos”
Miguel Ángel Rivera martes 28, Mar 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Si no fuera un asunto de tanta trascendencia, valdría decir que sigue la telenovela a la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene como finalidad central devolver al gobierno federal el control de las elecciones.
El proyecto inicial pasaba por una reforma la Constitución, pero el bloque opositor en el Congreso, integrado por PAN, PRI, PRD y MC impidió que la coalición oficialista, encabezada por Morena, seguido por sus rémoras del PRT y PVEM, sumara los votos suficientes para realizar los cambios deseados por el titular del Ejecutivo Federal.
Entonces entró en vigor el llamado “plan B”, que consiste en reformar sólo leyes secundarias, pero con la misma finalidad de anular al Instituto Nacional Electoral (INE) y, de paso, al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), para que a final de cuentas tuviera que aparecer por lo menos una parte del equipo de la llamada cuarta transformación.
Esta desviación transitó libremente por las cámaras del Congreso de la Unión, con el respaldo mayoritario de los legisladores oficialistas, sin que los opositores pudieran hacer nada más que prolongar los debates, pues una y otras vez perdieron las votaciones.
Sin embargo, la lucha continuó para frenar el llamado “plan B”, pero ahora en terreno del Poder Judicial federal, pues los tribunales recibieron numerosas demandas para declarar inconstitucionales los cambios aprobados por el oficialismo, tanto de parte de los legisladores de oposición, como de los directamente afectados, los funcionarios del INE, además de representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Por lo pronto, fructificó una de las controversias, presentada por funcionario del INE, pues un ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez Potisek, aceptó atraer la demanda de amparo y concedió la suspensión provisional. Es decir, mientras el pleno de la Corte no dictamine acerca de esa reforma, los cambios no podrán ser aplicados.
La llamada Cuarta Transformación buscó otra desviación
Al parecer, en este caso, el presidente López Obrador sí atendió los consejos de sus asesores jurídicos, al advertirle que existían bastantes posibilidades de que su “plan B” fuera invalidado por el Poder Judicial federal.
Sea por esas advertencias o por su propia sensibilidad política, el primer mandatario trabajó en paralelo otro subterfugio para tener el control sobre las elecciones sin tener que cambiar las leyes.
La salida consistía en asegurarse el control del INE, mediante el nombramiento de cuatro consejeros “afines” a la 4T, para ocupar las vacantes que dejarán en unos días más otros tantos integrantes del Consejo General del INE, entre ellos los dos más repudiados y criticadas desde Palacio Nacional, Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón, el primero de ellos presidente del INE,
El procedimiento fue relativamente fácil y no hay manera de que la oposición ni el Poder Judicial pudieran contenerlo. Con oportunidad, la llamada Cuarta Transformación tomó el control de todas las instancias que intervienen en el nombramiento de los nuevos consejeros y el resultado es que las quintetas definitivas de las que saldrán los nuevos consejeros están llenas de aspirantes “afines” a la 4T. Lo peor que puede suceder para el oficialismo es que se tenga que llegar a la etapa de sorteo para decidir a los finalistas, pero seguramente “la suerte” permitirá que resulten elegidos sus allegados.
Ese recurso que muchos apreciamos empezó a denominarse de manera generalizada con “plan C” y, para sorpresa general, ayer López Obrador admitió que efectivamente existe ese proyecto, pero no como lo apreciamos los observadores.
En su conferencia mañanera de ayer, el jefe del Ejecutivo Federal comentó que, ante la suspensión de la vigencia del llamado “plan B” electoral decretada por el ministro Javier Laynez Potisek, “hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo”,
Cuando se le preguntó cuál sería esa nueva estrategia, no hizo referencia a la elección de consejeros, sino que señaló: “Pues que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el “plan C”.
Para no variar, el primer mandatario arremetió contra el ministro Laynez Potisek. Dijo que “se extralimitó” en sus facultades y asumió acciones que sólo corresponden al poder Legislativo.
“Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y se convierte en los hechos en el poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores, la anula. Puede haber interpretaciones a la Constitución, a las leyes (…) Lo importante es saber por qué actúan así. Y creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político y yo diría mercantil”.
Además, el gobernante dijo que la verdadera finalidad de quienes se oponen a su reforma consiste en evitar que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE.
“A eso se reduce todo, en eso consiste el INE no se toca. Porque en la ley electoral se establecen topes de acuerdo a la Constitución, porque nadie puede ganar más que el presidente de la República, así está en la Constitución, en el artículo 127” (reforma que él mismo promovió).
El jefe del Ejecutivo recordó que el poder Judicial otorgó amparos a muchos funcionarios de organismos “supuestamente” autónomos para no cumplir con la Constitución y tener sueldos superiores a los del titular del Ejecutivo federal, e inclusive los propios ministros de la Corte “violan la Constitución”, pues también, dijo, ganan más que el Presidente.
“Esa es la esencia, el fondo es que no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios, eso es todo”.
También advirtió que “si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo para que haya una auténtica democracia y no una oligarquía, para que haya un gobierno del pueblo y no un gobierno de los potentados, con sus achichincles, voceros e intelectuales orgánicos y mucha gente con pensamiento conservador a las que respetamos mucho, pero ese es el fondo del debate”.
Sigue firme el plan de elegir consejeros “amigos” de la 4T
A pesar del desmentido presidencial, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, confirmó que su decisión es someter a sorteo las cuatro quintetas que el pasado domingo anunció el Comité Técnico de Evaluación.
Mediante un comunicado de prensa, el legislador “moreno” cerró así la puerta a las expectativas de la oposición de definir a los futuros consejeros mediante un acuerdo que dé balance y pluralidad a los perfiles, por considerar que la mayoría de los finalistas son afines a la llamada Cuarta Transformación.
“Por lo que hace a Morena, que tiene mayoría en la Cámara, preferimos mil veces que se insaculen, que los 20 que van a estar ahí en las urnas, de ahí salgan dos hombres y dos mujeres, y de las dos mujeres una de ellas, por primera vez, será la presidenta del Instituto Nacional Electoral”, expuso Mier Velazco.
El caso del desafuero del ex gobernador
de Tamaulipas, a punto de revertirse
Uno de los asuntos en donde la llamada Cuarta Transformación presumió como ejemplo de la lucha contra la corrupción, el desafuero y consignación penal del ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Grcía Cabeza de Vaca podría revertirse contra personajes del oficialismo.
Esto, porque los abogados del ex gobernador presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, y al actual mandatario estatal, Américo Villareal, por la posible comisión del ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.
La denuncia incluye al juez federal Iván Zeferino Hernández, por delito de contra la administración de la justicia.
Conocido en el sexenio del ex presidente José López Portillo como el “fiscal de hierro”, el abogado Javier Coello Trejo, reiteró que Santiago Nieto, en colusión con el entonces senador Américo Villarreal, idearon un esquema en el que aprovecharon las instituciones públicas que representaban y utilizaron todos los recursos inherentes a sus cargos para imputarle hechos falsos a García Cabeza de Vaca y de esta forma intentar destituirlo como gobernador.
