“Plan B”, al carajo
Freddy Sánchez martes 28, Mar 2023Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Cero y van dos…
La Suprema Corte de Justicia suspendió en forma indefinida la aplicación del “plan B”, aprobado por Morena y sus aliados, lo que representa un segundo tropiezo presidencial.
Más allá de los inconvenientes causados y las molestias provocadas en el Palacio Nacional lo que la corte decidió no tiene marcha atrás.
Al menos en tanto no se lleve al pleno de la SCJN la propuesta de resolución a la controversia constitucional presentada por el INE que sirvió de sustento para declarar en suspenso la ejecución de las disposiciones legales de carácter electoral que habían “puesto la mira” en el instituto para reducir su presupuesto y limitar sus actividades electorales, amén de otras medidas que de momento no se aplicarán.
Y es que el ministro Laynes que determinó la suspensión del acto reclamado razonó que de ponerse en práctica las normas legales aprobadas en las cámaras de diputados y senadores, eso podría causar daños irreparables a los derechos electorales de la gente.
Una apreciación que algunos han interpretado como el preludio de la declaración de inconstitucionalidad del plan “B” presidencial considerado por los opositores al gobierno como una truculenta legislativa para violar la constitución aparentando la aprobación de reformas legales conforme a derecho.
Algo que empieza a quedar demostrado en la Suprema Corte de Justicia como una violación constitucional eludiendo recurrir a la mayoría legislativa necesaria para dar validez legal a cambios en las leyes electorales que requerían reformas a la constitución.
En ese sentido naturalmente quienes apoyan las modificaciones realizadas mediante el “plan B” presidencial, confían en que lo resuelto hasta ahora por un solo ministro de la corte será enmendado cuando se analice y discuta la propuesta de resolución a la controversia constitucional que formuló el INE.
Desde la óptica de algunos morenistas a fin de cuentas las leyes en materia electoral que se cambiaron, según su parecer para reducir gastos excesivos en el Instituto Nacional Electoral, ponerle freno a privilegios, mejorar la calidad de la democracia y evitar futuros fraudes electorales recibirán el apoyo de la mayoría de los ministros o por lo menos cuatro de los once frenarán el intento por anular las reformas electorales aprobadas.
Sobre este último supuesto (la solidaridad de un cuarteto de ministros con el “plan B” presidencial), ciertos opositores al gobierno de Andrés Manuel aseguran que la preservación de la democracia en México dependerá de que los integrantes del pleno de la corte se muestren autónomos e independientes y resuelvan la inconstitucionalidad de las normas legales que aprobó Morena con sus aliados, puesto que no se puede negar lo innegable.
O sea que como lo advirtió el ministro Laynes lo aprobado y sujeto a controversias constitucionales y demandas de amparo de llegarse a aplicar en detrimento de las funciones del Instituto Nacional Electoral provocará un daño irreparable a los derechos electorales de la población.
Y esa es justamente la cuestión primordial a debatir entre los señores y señoras ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las leyes secundarias modificadas en materia electoral, a efecto de autentificar su responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la constitución y máxime si como algunos lo han manifestado de no hacerlo se convertirían en cómplices de manipulaciones electorales.
Bajo esta perspectiva dos cosas pueden esperarse de los ministros de la corte: que cedan a las supuestas presiones del gobierno y terminen aceptando los cambios aprobados por Monera y sus aliados en materia electoral o en su defecto que asuman una actitud totalmente distinta.
La de privilegiar su deber de asumirse como un poder independiente que tiene como única misión proteger la constitución y resolver cualquier asunto con la unanimidad que debería prevalecer, ya sea para apoyar las reformas legales en controversia o teniendo que decir: El “plan B” al carajo.
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