La SCJN bloquea el “plan B” de AMLO, pero ya tiene listo el “C”
Miguel Ángel Rivera lunes 27, Mar 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El Poder Judicial Federal concedió la suspensión provisional (amparo) contra la reforma electoral conocida como “plan B” y esa medida desató nuevamente la ira del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el pasado viernes 24 de marzo otorgó una suspensión contra toda la reforma electoral propuesta, conocida como el “plan B”, tras señalar que el fin es que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma.
Al supervisar las obras de uno de sus proyectos favoritos, el Tren Maya, el primer mandatario expresó su disgusto por el amparo concedido por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Laynez Potisek y repitió censuras en el sentido de que “los distinguidos miembros” del máximo tribunal son parte de la “mafia del poder” y partidarios de la oligarquía.
En otras declaraciones, el jefe del Ejecutivo señaló que los integrantes del Poder Judicial y del Instituto Nacional Electoral (INE) están en contra de su reforma electoral porque “su único dios es el dinero”, haciendo hincapié en que, como funcionarios, ganan más que él.
“Pueden (suspender su reforma) porque es la misma mafia. Son iguales que Ciro (Murayama, consejero del INE), que Claudio X. González, que los conservadores que no quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia. ¿Saben qué es la oligarquía? Es el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, ellos no quieren al gobierno del pueblo, entonces por eso no quieren la reforma electoral, eso es lo que está sucediendo”
En contra de la posición de López Obrador, que ha dicho “no me vengan conque la ley es la ley”, la resolución del ministro Laynez al proponer la suspensión del “plan B”, indicó que con esa reforma están en riesgo derechos fundamentales de los ciudadanos.
Esto queda claro en el comunicado de la Suprema Corte de Justicia al dar a conocer la decisión de conceder la suspensión de la reforma impulsada desde Palacio Nacional:
“El ministro Javier Laynez Potisek admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
“En este mismo acuerdo, el ministro Instructor solicitó a las autoridades demandadas (Congreso de la Unión y Ejecutivo Federal) que presenten su contestación dentro del plazo legal.
“Aunado a lo anterior, el ministro Instructor concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del Decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma.
“Dicha suspensión fue otorgada debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede.
“Asimismo, la SCJN ha resuelto en ocasiones anteriores que en Controversias Constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”.
La Presidencia tiene oportunidad de combatir en amparo
Como se aprecia en el comunicado de la Corte, la decisión de conceder el amparo contra el “plan B” presidencial no es definitiva. El Ejecutivo Federal (como también el Poder Legislativo) tienen la oportunidad de refutar la decisión del ministro Laynez.
En este apartado falta conocer la capacidad de los abogados de la Presidencia, encabezados por la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), María Estela Ríos González, y eventualmente con el respaldo de la “autónoma” Fiscalía General de la República, las cuales han tenido poco éxito en los juicios en los que ha estado involucrado el gobierno federal. Sólo como ejemplo, basta mencionar el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, vinculado a los sobornos de Odebrecht, sin que hasta ahora nadie haya sido condenado.
A pesar de estos antecedentes, la Consejería Jurídica anunció que impugnará la decisión de la SCJN. A través de un comunicado acusó que el ministro, Javier Laynez Potisek “arrancó hojas a la Constitución” y que desconoce las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales.
La Consejería Jurídica sostiene que dicha suspensión no era una atribución de un ministro de la SCJN, por lo que viola la ley. Señaló que el artículo 105, fracción I de la Constitución prohíbe las controversias constitucionales en materia electoral, además que de conformidad con el artículo 19, fracción II de la Ley Reglamentaria, no deben suspenderse los efectos de una norma general.
También consideró preocupante que el ministro hubiera suspendido totalmente la aplicación del llamado “plan B”, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) no lo solicitó y sólo impugnó aquellas normas que consideró pudieran afectar la operatividad del órgano constitucional autónomo.
Asimismo, aseguró que “tampoco es normal que la SCJN admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque, afirmó, la Constitución no lo permite y, menos aún, había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo ministro dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo federal y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Porque la Constitución no lo permite y, menos aún, había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros”, señaló la CJEF.
A propósito del tema de que la reforma fue aprobada “legítimamente” por el Congreso de la Unión, los especialistas han advertido que el tribunal constitucional podría considerar que, los legisladores federales, en particular los diputados, no cumplieron con los procedimientos a los que están obligados, pues aprobaron las reformas con apenas unas horas de diferencia entre la presentación de la iniciativa y su aprobación por el pleno, pues se saltaron etapas y, en el peor de los casos, no había tiempo ni siquiera para leer todo el dictamen supuestamente aprobado en comisiones.
Si falla el “plan B”, ya está listo el “C”
SI los cambios a las leyes no entran en vigor, la llamada Cuarta Transformación tiene los podría definirse como el “plan C”, que consiste en infiltrar el Instituto Nacional Electoral (INE) con una mayoría de consejeros incondicionales a Palacio Nacional.
Al respecto, el comité técnico encargado de seleccionar entre cientos de aspirantes, las quintetas de los mejor calificados para ocupar las cuatro posiciones que quedarán vacantes en el Consejo General del INE en los primeros días del venidero abril, sobre todo la presidencia de ese organismo colegiado, la cual ocupa hasta ahora el “repudiado” Lorenzo Córdova Vianello.
El mencionado comité técnico de evaluación entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, las cuatro listas, de cinco candidatos cada una, a consejeros electorales,
Como indiqué en anterior columna, la favorita de la llamada Cuarta Transformación es Bertha María Alcalde Luján, a pesar de no tener experiencia en materia, pero eso sí forma parte de una dinastía muy cercana a las preferencias de López Obrador. En consecuencia, cumple con el requisito fundamental: 10 por ciento de capacidad y 90 por ciento de honestidad (y cercanía con la 4T).
