La corrupción, dada por muerta, le cuesta 3 mil pesos a cada mexicano
Miguel Ángel Rivera miércoles 22, Mar 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El pasado 9 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Día Internacional contra la Corrupción, reiteró que ya no hay corrupción. Fue la décima ocasión que lo dijo, luego de que el 21 de marzo de 2021 aseguró que en México ya no hay corrupción, aunque “les dé coraje a los conservadores”.
“Se lleva bastante avance, no hay corrupción, aunque les dé coraje a las conservas, ya se acabó. Porque el Presidente no es corrupto y no tolera la corrupción. Se está limpiando de arriba para abajo, como se barren las escaleras, eso es lo fundamental. Si hay corrupción no se puede resolver nunca el problema, porque es mentira que el Presidente no sepa”, dijo mientras sostenía un pañuelo blanco.
El recuento de las diez veces que ha dado por erradicado ese grave delito lo hizo la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Por desgracia, no es así.
Esto lo viene a confirmar el proceso abierto por la “autónoma” Fiscalía General de la República (FGR), que giró órdenes de aprehensión contra 22 personas por el desfalco de 15 mil millones de pesos en agravio de la empresa estatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, derivado de la compra simulada de diversos productos.
En este caso, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación no puede responsabilizar a anteriores administraciones federales, pues Segalmex nació en 1919, a partir de los restos de Conasupo, con la promesa de poner alimentos básicos al alcance de los más pobres, en todo el país.
La cantidad presuntamente robada a Segalmex representa más del doble del más grave acto de corrupción del anterior gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, la llamada “estafa maestra”, por la cual estuvo en la cárcel durante tres años la ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, a pesar de que no se le comprobó haberse apoderado de dinero, pero se le consideró responsable por los ilícitos cometidos por sus colaboradores, uno de los cuales, Emilio Zebadúa González, se convirtió en testigo de la FGR para testificar en contra de su ex jefa en las dos secretarías mencionadas.
Al contrario de lo ocurrido contra Robles —acción que ha sido calificada también de venganza por el caso de los escandalosos videos dados a conocer por el empresario méxico-argentino Carlos Ahumada—, el fraude contra Segalmex no motivó el encarcelamiento del titular de esa institución, el experimentado funcionario público Ignacio Ovalle Fernández.
Convertido en juez o fiscal, el presidente López Obrador exculpó a su ex jefe en el Instituto Nacional Indigenista (INI) y hasta la concedió otro cargo oficial, como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob), dependencia que no tiene, ni remotamente, un presupuesto similar al de Segalmex.
Durante su campaña, e incluso todavía el 1 de diciembre de 2018 cuando asumió la Presidencia, López Obrador afirmó que en su administración “no habría amiguismo, nepotismo ni influyentismo”.
La corrupción le ha costado mucho dinero al pueblo de México
“Desde hace varias décadas la corrupción se ha reafirmado como uno de los principales problemas del país, en virtud de sus nocivas consecuencias para la sociedad y el interés público. De acuerdo con algunas estimaciones, la corrupción le cuesta a nuestro país el 10% del PIB. Tan sólo en el año 2021, según el Inegi, la corrupción representó un gasto de 9 mil 500 millones de pesos para la población mayor de 18 años, el equivalente a tres mil pesos por persona.
“Además de las pérdidas económicas que significa para los hogares, las empresas y los gobiernos, la corrupción ha deteriorado las capacidades del Estado para cumplir con sus funciones esenciales, abonando al desprestigio de la política y el debilitamiento de democracia”
Los anteriores son los párrafos iniciales de la investigación investigación ¿Cómo se castiga la corrupción en México?, elaborada por César Alejandro Giles Navarro, para el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, lo cual a ver si no le acarrea nuevos ataques al presidente de la Junta de Coordinación Política de esa cámara, Ricardo Monreal, quien se ha convertido en blanco de ataques de los radicales de Morena, por su condición de precandidato a la Presidencia de la República.
El estudio también expone:
“Aunque en el debate especializado existe un consenso sobre la efectividad de medidas preventivas como la transparencia, la rendición de cuentas, el control y la fiscalización de los recursos públicos (Merino, 2020), la mayoría de las personas considera que la principal causa de la corrupción en México es la falta de castigos y la impunidad. Siete de cada diez personas en nuestro país creen que la corrupción nunca se castiga o sólo algunas veces (MCCI, 2021: pp. 8 y 30). Esto explica por qué se le da ha dado tanta importancia al rubro de los castigos, en donde se ubican acciones como considerar a la corrupción como delito grave, entre otras medidas punitivas mediante las cuales se busca disuadir las prácticas de corrupción en el seno de las instituciones públicas.
“No obstante, el auge que ha tenido el enfoque punitivista contra la corrupción, la verdad es que se conoce muy poco sobre su instrumentación y resultados. Uno de los estudios más recientes realizado por el Instituto de Investigación en Rendición
de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, con base en datos de 2020, concluyó que, al menos, en ese año: “la gran mayoría de los procedimientos de sanción no correspondieron con hechos de corrupción sino con asuntos administrativos poco relevantes” (Merino M, 2022).
“Otro análisis reciente llevado a cabo por el IMCO reveló que la mayoría de las fiscalías anticorrupción de las entidades federativas presenta deficiencias normativas, presupuestales y operativas, lo que ha ocasionado que buena parte de sus investigaciones terminen archivadas y se logren pocas sentencias condenatorias por delitos de corrupción (IMCO, 2021)”.
Otro de los datos relevantes incluidos en la investigación del Instituto Belisario Domínguez pone de relieve que hay más personas recluidas por aborto que por corrupción:
Hasta 2021, se reportaban en prisión 313 personas por el delito de aborto mientras que 37 personas estaban en prisión por peculado, 22 por enriquecimiento ilícito, 15 por ejercicio abusivo de funciones y una por tráfico de influencias.
Por lo que se refiere a la recuperación de dinero desviado del presupuesto, Giles Navarro revela que entre 2009 y 2018, se recuperaron 137 mil 464 millones de pesos, mientras que entre 2019 y 2022, los cuatro primeros años del gobierno de López Obrador, sólo se han recuperado 6 mil 702 millones de pesos.
También refiere que en el gobierno del presidente López Obrador la aplicación de auditorías a la administración pública federal se ha desplomado al 50%. De poco más de 4 mil auditorías aplicadas en 2017, la cifra se redujo a 2,619 en 2018.
En 2020, último año del que se tiene registro, se contabilizaron 2,209 auditorías, lo que representó una disminución de poco más del 50% respecto al número de inspecciones y verificaciones realizadas en los años 2016 y 2017, detalla.
Las sanciones a partir de las revisiones a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando los servidores públicos son denunciados por incumplir disposiciones legales y normativas en el desempeño de sus actividades también se cayó en un casi un 50%.
