Mal mundial: Servidores públicos que obstruyen la justicia
Luis Muñoz lunes 13, Mar 2023Segunda vuelta
Luis Muñoz
La Cámara de Diputados aumentó la pena de prisión al servidor público que entorpezca la justicia en caso de feminicidio y, también, sancionará hasta con quince años de prisión a quien infiera lesiones con ácido cuando se afecta cara, cuello, brazo, mano u órgano sexual.
La semana pasada el Legislativo federal aprobó reformar el artículo 325 del Código Penal Federal con el objeto de establecer que, en caso de feminicidio, el empleado que retarde o entorpezca la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de cuatro a doce años.
El dictamen, que fue remitido al Senado de la República, señala que además será destituido e inhabilitado por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta; cabe aclarar que la inhabilitación comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión.
La diputada Adriana Bustamante Castellanos (de Morena) afirmó que el dictamen es indispensable para asegurar el efectivo derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
“Debemos focalizar la atención de las policías, ministerios públicos y fiscalías estatales en la actuación del Poder Judicial para acabar con la impunidad”, dijo.
Añadió que el personal encargado de la impartición de justicia constituye la primera línea de defensa para la protección de los derechos de las mujeres, de ahí que una respuesta ministerial y judicial idónea y efectiva resulta indispensable para asegurar el derecho de acceso a la justicia a las mujeres y a las familias de las víctimas. Para la legisladora de Movimiento Ciudadano, Elvia Yolanda Martínez, la persecución de delitos como se propone es competencia de las entidades federativas, por lo que “cualquier reforma en esta materia es inútil”.
Más bien, sugirió, “se debe apostar por construir un sistema de impartición de justicia que sea funcional y por consolidar los mecanismos de justicia restaurativa”.
En cuanto al tema de quién infiera lesiones con ácido, el Pleno de la Cámara baja concluyó el dictamen avalado en lo general con 453 votos, el cual adiciona un capítulo I Bis denominado “Lesiones inferidas con ácido o sustancias similares”.
Se establece que se impondrán de siete a quince años de prisión y de trescientos a setecientos días de multa
a quien por sí o por interpósita persona infiera lesión o lesiones utilizando cualquier tipo de ácido, álcali, agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable.
Explica que cuando la lesión o lesiones afectan cara, cuello, brazo, la mano u órganos sexuales de la víctima, la pena se concibe hasta en un tercio, en su mínimo y en su máximo.
Cuando la víctima sea mujer, persona con discapacidad o menor de edad, la pena se dañará hasta en una mitad. Si la lesión o lesiones de órganos o funciones vitales, ponen en peligro la vida o más de la mitad del cuerpo, se estará prevista para homicidio o feminicidio en grado de tentativa.
Hay que subrayar que los ataques con ácido ya son un fenómeno con gran incidencia a nivel mundial. De acuerdo con cifras de la Organización Acid Survivors Trust International (ASTI), se calcula que al año se producen al menos mil 500 agresiones; más del 80% son contra mujeres latinas. En su posicionamiento, la diputada Alma Anahí González Hernández lamentó que en México no existe un banco de datos de las mujeres atacadas con ácido, pero algunas cifras indican que son al menos tres mil 354 mujeres las que han sido víctimas de esos crímenes durante los últimos 12 años.
De acuerdo con el diputado Miguel Ángel Torres Rosales (del PRD), apuntó que la violencia es una realidad que el gobierno no puede ocultar y cuya fallida estrategia de seguridad ha dejado al país a la deriva.
Recordó que en 2021 fueron asesinadas casi 400 mil mujeres, lo que implica que al día son asesinadas 11. Por tanto, el gobierno está lejos de apoyar las causas de las mujeres.
Un caso con justicia a medias
Ahí está el caso de la joven saxofonista, María Elena Ríos, que fue atacada con ácido en 2019 en el estado de Oaxaca. Una chica de 29 años a la que le arrojaron ácido para tratar de matarla”. Tras el ataque uno de los autores materiales fue detenido y enviado a prisión y de acuerdo con información de medios locales, falleció en el penal de Tanivet, en los Valles Centrales de Oaxaca.
En cuando al presunto autor intelectual de la agresión, el ex diputado del PRI y empresario gasolinero, que desde el 6 de abril del 2020 permaneció preso, meses después le fue modificada la medida cautelar a prisión domiciliaria por “problemas de salud” que la saxofonista tildó de falsos.
Es, pues, este y otros casos similares en los que los señores diputados y diputadas deberían de poner atención para que se castigue, como pretenden, a los autores intelectuales y materiales de agresiones con ácido, que dejan marcadas a las víctimas de por vida.
