Quejas contra actuación de soldados, en aumento en los últimos 3 años
Nacional lunes 6, Mar 2023
Denuncias ante Derechos Humanos
- Fiscalía militar vincula a proceso a los 4 elementos que acribillaron a 5 jóvenes en Nuevo Laredo
Actualmente, más de 300 militares se encuentran bajo investigación por violaciones a derechos humanos, incluidos los 4 soldados que acribillaron y mataron a 5 jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas el domingo 26 de febrero, según reportes de la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los cuatro militares procesados en el fuero militar por la agresión en Tamaulipas, fueron ingresados la madrugada del viernes a la prisión del Campo Militar 1-A, aledaño a la sede de la Sedena).
Acusados de desobediencia por la Fiscalía de Justicia Militar, los dos cabos y dos soldados arribaron vía aérea a las instalaciones militares, procedentes de Tamaulipas, en las que también se encuentran los militares detenidos por el caso Ayotzinapa: el general José Rodríguez Pérez; el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Pirita Ochoa; el sargento Eduardo Mota.
Fuentes castrenses informaron que ya pasaron lista y que más elementos que participaron en los hechos registrados el domingo pasado en la colonia Manuel Cavazos Lerma, de la ciudad de Nuevo Laredo, colindante con Texas, están siendo investigados, por lo que no descartan más detenciones.
Revelaron que los cuerpos de los jóvenes fallecidos dieron positivo a la prueba de radizonato de sodio, lo que arrojó que tuvieron contacto con armas de fuego.
La Sedena también informó que no hay dos desertores en el caso relacionado con los efectivos que dispararon a una camioneta el pasado 26 de febrero, luego que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo señaló que había elementos que participaron en los hechos.
La dependencia resaltó que del personal que integró la base de operaciones que se vieron envueltos en estos hechos no hay ningún desertor, y afirmó que no existirá impunidad.
Abundó que de manera paralela, las autoridades civiles continúan realizando las investigaciones desde el fuero civil.
Las cifras totales
Del total de militares bajo investigación en los últimos 3 años, se encuentran en calidad de indiciados 116 elementos de tropa (soldados, cabos y sargentos), 23 oficiales (subtenientes, tenientes y capitanes) y 15 jefes (mayores, tenientes coroneles y coroneles).
Hasta ahora, sólo han sido sentenciados 19 elementos de tropa, un oficial y tres jefes, y fueron absueltos 8 de tropa, un cadete, cinco oficiales y 2 jefes. Mientras que 14 integrantes de tropa y dos oficiales están prófugos.
La mayoría de las denuncias por las que se indaga a elementos castrenses derivan de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En el cambio de gobierno, de 2018 a 2019, el Ejército pasó de recibir 347 quejas de la CNDH a 421, un alza de 21 por ciento.
Para 2020, los reportes tuvieron una baja de 34 por ciento al pasar de 421 a 276; ese año, hubo una ocupación masiva de militares en tareas contra Covid-19 en apoyo a la población civil.
En 2021, una vez que pasó el peor año de la contingencia sanitaria, las quejas contra el Ejército volvieron a incrementarse en un 38 por ciento al pasar de 276 a 383, mientras que 2022 cerró con 388 reportes.
De acuerdo con algunos expedientes que han derivado en recomendaciones de la CNDH, el 2 de diciembre de 2022 agraviados reportaron que militares ingresaron a su domicilio, en Mesa de Otay, Tijuana, en el estado de Baja California, sin una orden de cateo.
Apenas el domingo 26 de febrero de este año, cinco jóvenes fueron abatidos en su camioneta por soldados en Nuevo Laredo.
Además, un hombre que acompañaba a las víctimas resultó herido de gravedad por dos proyectiles de arma de fuego. De acuerdo con el reporte de la Sedena, cuatro elementos fueron vinculados a proceso por estos hechos.
En cuatro años, mil civiles muertos por militares en México
En lo que va de esta administración, suman 999 civiles muertos a manos de las fuerzas armadas en diferentes operativos en el país, incluidos los cinco jóvenes abatidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el domingo 26 de febrero.
Dicha cantidad se acerca a los mil 201 muertos en los primeros cuatro años del sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto y a los mil 141 ocurridos en el mismo periodo del exmandatario Felipe Calderón Hinojosa, de acuerdo con el Índice de letalidad de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional elaborado por la Sedena.
Según el último reporte estadístico, presentado en enero, suman mil 584 agresiones contra el Ejército y la Guardia Nacional, con saldo de 999 civiles fallecidos, 253 heridos y mil 614 detenidos en diferentes hechos suscitados en el país.
Saucedo afirmó que al inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se logró reducir la tasa de letalidad de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, con la estrategia de “abrazos, no balazos”.
Sin embargo, dijo, en el último año el gobierno federal dio un viraje en la estrategia de seguridad y comenzó a enfrentar a los grupos criminales y extraditar narcotraficantes a Estados Unidos, que empezaron a realizar actos de narcoterrorismo.
“Este viraje ha traído como consecuencia episodios tan lamentables como el de Nuevo Laredo, donde claramente el Ejército se extralimitó en el uso de la fuerza y ejecutó a cinco jóvenes”, detalló.
David Saucedo, especialista en seguridad pública, afirmó que mientras las fuerzas armadas continúen en tareas de seguridad pública en los estados con presencia de la delincuencia organizada seguirán sucediendo casos como el de Nuevo Laredo, que no ha sido el único en ese municipio fronterizo con Estados Unidos, con presencia del Cártel del Noreste.
“Mientras haya elementos del Ejército en dichas labores seguirá habiendo esta interacción o roce con ciudadanos y eventualmente se seguirán dando estos episodios en las calles, realizando este tipo de operativos policiacos, y se van a presentar abusos, atropellos y excesos”, indicó.
Al igual que Saucedo, Alexei Chávez señaló que el número de civiles fallecidos podría ir en aumento derivado de una mayor interacción de las Fuerzas Armadas con los ciudadanos y con el crimen organizado durante sus operaciones de apoyo a la seguridad pública.