Cayó la primera cabeza, pero apenas empieza la batalla legal por el “plan B”
Miguel Ángel Rivera viernes 3, Mar 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Apenas unas horas después de que entró en vigor la reforma electoral conocida como “plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer damnificado fue el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina.
En efecto, el experto en cuestiones electorales fue cesado en cuanto aparecieron las reformas impulsadas desde Palacio Nacional, al ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, para entrar en vigor de inmediato.
Seguramente este cese aumentó la alegría que causó en la llamada Cuarta Transformación la aprobación misma del “plan B”, pues Jacobo Molina es, junto con los consejeros Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón, una de las figuras más repudiadas dentro del Instituto Nacional Electoral.
Para poder medir el impacto del referido cese, basta con repasar los comentarios expresados por López Obrador ayer mismo, en su tradicional conferencia de prensa mañanera.
“Son unos cinicazos” en el INE, afirmó el jefe del Ejecutivo, quien añadió: “a lo mejor quiere tener empleo de manera vitalicia, se le olvida que no vivimos en una monarquía” y, además, reafirmó que “un cargo como el que él desempeñaba era innecesario y hay que ahorrar”.
Así como gusta de exhibir a quienes coloca como sus enemigos, el jefe del Ejecutivo comentó que le gustaría que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, informara desde cuándo está en el cargo “este señor (Edmundo Jacobo) y cuánto ganaba”.
“Desde 2008, 15 años, y todavía se atreve a ir a quejarse”, reprochó el Presidente.
Como López Obrador le concede más valor a la obediencia a ciegas que a la capacidad profesional, no tomó en cuenta que, de conformidad con las normas que rigen nuestro sistema electoral el secretario técnico, en este caso Edmundo Jacobo, tiene que cumplir todos los requisitos que se exigen a un consejero electoral.
Para poder cumplir esos rigurosos requisitos -que ahora se quieren eliminar para imponer a funcionarios electorales incondicionales de la 4T- Jacobo Molina obtuvo el grado de licenciado en Filosofía por la Universidad de Guanajuato, donde ha sido profesor, y se ha desempeñado como jefe de Capacitación del Instituto Mexicano del Petróleo y profesor de la Universidad Autónoma de Baja California. Se ha desempeñado en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, como jefe del área de investigación Estado y Política Económica del Departamento de Economía; coordinador del Tronco General de Asignaturas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, jefe del Departamento de Economía, director de Planeación y Desarrollo Institucional y Rector de dicha Unidad, así como Secretario General de la UAM.
En sus ratos libres, el defenestrado secretario técnico del INE escribió tres libros, que hasta ahora no han sido descalificados por plagio: La reestructuración del poder económico y sus condicionantes. La evaluación universitaria. El caso de la Universidad Autónoma Metropolitana y Educación Superior en México: la experiencia de la Universidad Autónoma Metropolitana.
No vemos en los tribunales; es el turno de la Suprema Corte
Pero si esa destitución genera beneplácito en las filas del oficialismo, el caso tiene otra faceta que seguramente no producirá alegría en Palacio Nacional ni entre sus incondicionales, ayer mismo, el repudiado Consejo General del INE cumplió, como es su obligación, con las leyes -de momento son válidas las reformas de López Obrador- pero al mismo tiempo emprendió el camino de los tribunales, tanto para defender en lo particular los derechos del cesado secretario técnico como para combatir en todos sus términos el llamado “plan B”, por considerarlos inconstitucionales.
En el caso de Molina Jacobo, el INE subrayó que este decreto es “inconstitucional al invadir competencias de la autoridad electoral y contravenir derechos amparados por la Constitución”, por lo que ya inició juicio electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la destitución de Edmundo Jacobo.
También en este asunto vino de inmediato el intento de descalificación por parte de López Obrador, quien advirtió que tal como está integrada actualmente la Suprema Corte de Justicia, es muy probable que Edmundo Jacobo regrese a su cargo, pues cree que los ministros aprobarán los recursos de controversia constitucional en contra de su enmienda interpuestos por partidos de oposición y organismos de la sociedad civil, además del mencionado INE.
“Es muy probable que el Poder Judicial anule la ley electoral y él regrese a su cargo y pueda tardar otros 15 años, Porfirio tardó 30, ¿no?, pues está bien así, son unos cinicazos”, dijo el mandatario.
También aseguró que su reforma no pone en riesgo el funcionamiento del sistema electoral: “Una vez más sostengo, la ley electoral que están impugnado no afecta en nada el funcionamiento del INE”.
Por cierto, las reformas implican grandes costos, que la llamada Cuarta Transformación no ha querido considerar o, en todo caso, lo cargan a la cuenta del INE, a pesar del gran recorte a su presupuesto que aplicaron para este año sus incondicionales diputados federales.
Las reformas establecen que los gastos derivados de la reforma, como la liquidación de personal con motivo de su reestructuración administrativa, correrán a cargo del presupuesto ya aprobado para el INE, por lo que no se contempla otorgarle recursos adicionales al instituto.
Pero, contra las “cuentas alegres” del oficialismo, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha reiterado en varias ocasiones que el costo de las eventuales liquidaciones sería de alrededor de dos mil 500 millones de pesos.
Fuera de estas polémicas, el “plan B” queda ahora bajo el escrutinio de los 11 ministros de la Suprema Corte y, como se quejó López Obrador, existen posibilidades de que sea declarada inconstitucional. Hasta el momento se contabilizan 125 controversias presentadas por gobiernos municipales y estatales del PRI y el PAN.
Para que la reforma se anule, se requieren los votos de ocho de los ministros y según analistas externos, en realidad ya existen dos bloques, uno de siete en contra del “plan B” y otro de tres a favor. Falta conocer la decisión del imaginario o real ministro hasta ahora indeciso.
También es de tener en cuenta que el domingo pasado cientos de miles de mexicanos salieron a las calles para protestar en contra de los cambios que afectan al INE al recortar su presupuesto y competencias a través del cierre de oficinas y más del 85 % de empleados encargados de la organización de los comicios.
Para decirlo en palabras del presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, llegó “el momento de la batalla legal ha llegado”.
La seguridad privada, una necesidad para empresas particulares
Por la inseguridad que se vive en el país, la seguridad privada se posiciona como una necesidad recurrente en los programas de inversión de todo tipo de empresas en todas las entidades federativas del país, considera la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).
Es también un renglón importante en el gasto de las familias, las cuales recurren cada día más a la contratación de guardias de seguridad, alarmas, cámaras de videovigilancia y otros servicios.
Preocupada por esta situación, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), que encabeza Gabriel Bernal Gómez, presentó en su primera Asamblea General Ordinaria de Asociados 2023 un análisis sobre el Entorno Económico de México: desafíos, perspectivas y análisis.
En los últimos años este sector, la seguridad privada, ha registrado un importante crecimiento y auge no sólo por la inseguridad que se vive sino porque se trata de una industria vinculada al desarrollo. Principalmente acompaña el crecimiento del país, camina y apoya el nacimiento y progresión de las ciudades y sociedades mexicanas con profesionalismo y con desarrollo tecnológico, la creación y continuidad de los negocios y las infraestructuras.
Estas empresas han tenido en los últimos años una gran demanda en los sectores público y privado, a tal grado de que están ya en todos los rubros. Es por ello que los empresarios de la AMESP perciben un impacto en sus operaciones por el alza de los precios y han decidido buscar alternativas para asegurar sus operaciones en beneficio de sus clientes.
