Casi igual que en el Metro CDMX: En Grecia cayó el ministro de Transporte por trenazo
Miguel Ángel Rivera jueves 2, Mar 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En Grecia ocurrió una tragedia: Dos trenes chocaron y como consecuencia murieron alrededor de 40 personas y resultaron lesionadas otras 70, aunque las cifras no son definitivas, pues también se mencionaba que había numerosos desaparecidos.
El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles en la ruta Atenas-Salónica, cerca de la ciudad norteña de Larissa.
El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, dijo este miércoles que el fatal choque de trenes se debió “principalmente” a “un trágico error humano”.
En un discurso televisado a su regreso del lugar del accidente, el primer ministro Mitsotakis comentó: “Decenas de nuestros conciudadanos, la mayoría jóvenes, perdieron la vida allí, en un horrible incidente ferroviario sin precedentes en nuestro país”.
El mandatario griego dijo que durante su visita al hospital de Larissa, donde están siendo atendidos muchos de los heridos, se encontró con familiares de los fallecidos y desaparecidos.
Previamente, la policía griega había informado que el jefe de la estación de trenes de la ciudad de Larissa había sido detenido por el hecho. El nombre del funcionario no fue dado a conocer, en respeto al principio de inocencia. Otras dos personas han sido detenidas para ser interrogadas.
Pero la situación no quedó allí. El mismo miércoles, ayer, debido a los lamentables hechos, el ministro de Transporte de Grecia, Kostas Karamanlis, renunció y dijo que sentía que era su “deber” renunciar, como una indicación básica de respeto por la memoria de las personas que murieron de manera tan injusta.
No se requiere mucha imaginación para equiparar ese accidente en el norte de Grecia y lo ocurrido el 3 de mayo de 2021 en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, donde murieron 36 personas y resultaron heridas otras cien.
Por principio de cuentas, en México nadie se hizo responsable. En consecuencia, no hubo renuncias, por lo menos no de inmediato, la directora del Metro -que se había autoasignado la responsabilidad de jefa de mantenimiento- Florencia Serranía dejó los dos cargos varias semanas después sin que ninguna autoridad le pidiera rendir testimonio judicial acerca de las posibles causas del desastre, que no “incidente”, como se le bautizó oficialmente.
Por el contrario, para que tuviéramos un dictamen confiable, el gobierno de la metrópoli contrató a una afamada empresa internacional DNV, noruega, para que determinara posibles responsabilidades.
El trabajo no fue fácil. El dictamen definitivo apenas estuvo listo un año después y a pesar de los grandes blasones atribuidos a DNV, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, quien tiene la doble condición de “corcholata”, es decir, precandidata presidencial de Morena, no aceptó las conclusiones de los expertos de DNV, a los que no sólo canceló el contrato, sino que inclusive los amenazó con una demanda penal como presuntos partícipes de una conspiración en su contra.
Los únicos consignados fueron colaboradores
de otra “corcholata”, Marcelo Ebrard
Al tiempo que el dictamen de la prestigiada empresa internacional DNV fue lanzado prácticamente al cesto de la basura —no sin que antes el diario El País, revelara que los especialistas de esa empresa habían encontrada posibles fallas en el mantenimiento del equipo de ese sistema de transporte colectivo, atribuibles al actual gobierno— la “autónoma” Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de la carnal Ernestina Godoy dio a conocer un “dictamen” que responsabilizaba de la tragedia a sólo colaboradores del ex regente capitalino y ahora también “corcholata”, Marcelo Ebrard Casaubon, pero se cuidó de no fincar ninguna responsabilidad al ahora secretario de Relaciones Exteriores, quien durante su gobierno en la capital tuvo como una de sus máximas realizaciones la llamada “Línea Dorada”, que todavía hasta la fecha no funciona cabalmente.
En paralelo se dio a conocer un acuerdo entre el gobierno federal -que le quitó esa responsabilidad a su “corcholata” favorita- y el consorcio Carso, propiedad del hombre más rico de México, Carlos Slim, por el cual la empresa se comprometió a costear todas las reparaciones, a condición de que no hubiese ninguna acción judicial en su contra.
Los funcionarios consignados por la Fiscalía capitalina han negado todos los cargos y el resultado es que, a dos meses de cumplirse los dos años de la tragedia, todavía nadie ha sido consignado, ni mucho menos ha aparecido el funcionario que renuncie por sentirse responsable aunque sea moralmente.
Tal vez la diferencia resida en que el gobernante de Grecia, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis forma parte de ese despreciado sector social que la llamada cuarta transformación califica de de fifís y de estar presumiblemente al servicio de la oligarquía mundial, pues se formó académicamente en dos conocidos centro de adoctrinamiento de la plutocracia, las universidades de Harvard y Stanford.
Tal vez por eso, Mitsotakis no tuvo remordimiento alguno de aparecer en fotos con las víctimas del accidente ni con sus familias y dejó que se fuera el secretario de Transporte, quien asumió la responsabilidad.
Por cierto, ¿está vigente la teoría de la conspiración y también será consignada la persona a la que se le cayó un muleta sobre las vías del Metro?
Nueva embestida de López Obrador contra el Poder Judicial
En su conferencia mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador repitió sus conocidos ataques y descalificaciones en contra del Poder Judicial Federal.
Dijo que los jueces federales protegen delincuentes otorgándoles amparos como sucedió, dijo, con el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien le fue otorgada la protección de la justicia federal para no ser detenido.
“Es un Poder que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y político de nuestro país. Entonces por eso se dan los amparos. Hay protección lamentablemente para delincuentes comunes o de la llamada delincuencia organizada.
“Ojalá el Poder Judicial se reforme, porque antes cuando estaba de presidente el ministro Arturo Zaldívar había un poquito más de vigilancia sobre los jueces, se respetaba más su autonomía, pero vigilaban del Consejo de la Judicatura el recto proceder de magistrados y ministros. Ese organismo es un florero, está de adorno porque no hay ningún señalamiento para un juez o magistrado”, manifestó el jefe del Ejecutivo en esta nueva andanada contra sus vecinos del Zócalo capitalino.
En apariencia este nuevo ataque se debe a que tribunales federales “descongelaron” las cuentas bancarias de la esposa del ex secretario de Seguridad Genaro García Luna, a pesar de que fue declarado culpable de delitos relacionados con el narcotráfico por un jurado de Nueva York.
El mandatario responsabilizó a la recién electa presidenta del Poder Judicial, Norma Lucía Piña Hernández de “desatar” una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes.
A pesar de que hizo evidente el motivo de su malestar, tal vez el jefe del Ejecutivo se “curaba en salud”, pues probablemente tenía conocimiento de que la Suprema Corte de Justicia estaba por dar entrada a las demandas de inconstitucionalidad en contra de su reforma electoral conocida como “plan B” y que tiene como finalidad anular al Instituto (INE) y al Tribunal (TEPJF) electorales, para devolverle al gobierno federal el control total sobre los comicios en todo el país.
Esto porque luego se conoció que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, consideradas como la primera etapa del “plan B”.
El INE protesta por la posible invasión de sus facultades legales, por lo cual, además de la controversia, el organismo electoral también promovió una acción de inconstitucionalidad contra las mismas reformas, pero en ese juicio combate la presunta violación a principios de la carta magna.
Esta es la primera controversia contra el “plan B” que es admitida a trámite, de un total de 125 similares que gobiernos estatales y municipales han presentado ante la SCJN.
