Que no los confundan, la marcha será en defensa de la democracia
Miguel Ángel Rivera viernes 24, Feb 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Una de las trampas más comunes para hacer ganar a un candidato consistía en apoderarse de mayor parte o la totalidad de las casillas y hacer que votaran casi todos los ciudadanos inscritos en el padrón, por supuesto a favor de un sólo partido o candidato. En los raros casos en que había un dejo de “civilidad” se concedía a la oposición un decoroso diez o quince por ciento de los sufragios.
Esto era posible porque la paquetería electoral se entregaba a incondicionales y se marginaba a los reales funcionarios de casilla, bajo el principio de que, al no llegar oportunamente a instalar la casilla, los primeros votantes en llegar se asumían como los responsables de conducir la votación. Esto, también cuando había un dejo de “civilidad”, pues cuando no, los titulares simplemente eran arrojados de sus sitios.
Todas las otras formas de fraude electoral eran sólo variantes de ese apoderarse de las casillas, pues el relleno de urnas, los carruseles de acarreados que “votaban” varias veces y hasta hacer votar a los muertos era posible porque se tenía el control absoluto sobre las casillas; porque se aceptaba cualquier identificación aún sin validez oficial y porque la supuesta tinta indeleble no lo era.
Esta práctica se terminó -salvo casos aislados- cuando surgió el Instituto Federal Electoral (IFE), ahora INE, pues el personal profesional se encargaba de insacular (sortear) a los funcionarios de casilla, capacitarlos y, en su momento, hacerles llegar la documentación oficial y supervisar que las secciones electorales quedaran debidamente instaladas.
Además, los ciudadanos tuvieron una credencial infalsificable que hace las veces de cédula de identidad que los sucesivos gobiernos federales, incluido el actual que se dice ser diferente, no han podido ofrecer a todos los habitantes de nuestro país. Además, el padrón electoral es auditado permanentemente para evitar dobles registros o manipulación por parte de extraños, pues el listado oficial sólo lo tiene el Registro Federal de Electores, que entrega copias a los partidos políticos (sin posibilidad de modificarlos) y las listas de cada sección electoral a los mencionados funcionarios de casilla. También, la lista indeleble lo es y eso fue un logro de académicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Marcha atrás de, por lo menos, 35 años
El último supuesto fraude generalizado del que se tiene memoria en México data de 1988, cuando el Frente Democrático Nacional, el PAN y otras organizaciones denunciaron que el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, había sido impuesto mediante maniobras ilegales que se conocieron como la “caída del sistema”.
Esas supuestas o reales irregularidades llevaron a una más de las reformas electorales que habían empezado en 1977 y que culminaron con el hecho de que el gobierno dejara de conducir y de calificar las elecciones, para lo cual el Instituto Federal Electoral quedó bajo el control de consejeros ciudadanos con total autonomía, sólo limitados por las leyes, que se han ido perfeccionando con el tiempo.
Después de la ciudadanización de la autoridad electoral ha habido irregularidades, pero en los estados, no en elecciones federales y, cuando se comprobaron ilegalidades, los comicios fueron anulados y se repitieron las votaciones, como ocurrió en Tabasco y en Colima.
Todos estos innegables avances están ahora en riesgo de desaparecer o de ser anulados por la reforma electoral que ha tratado de imponer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no le perdona al IFE-INE haber dado la victoria a Felipe Calderón Hinojosa, del PAN, en las reñidas elecciones de 2006, cuando la diferencia entre las votaciones fue de menos de un punto porcentual. De paso, también se pretende destruir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que complementa el trabajo del INE y cuyos fallos son inapelables.
En ese caso, sólo López Obrador y la coalición que lo postuló denunciaron el supuesto fraude, sin presentar ninguna prueba, pero el rencor contra los órganos electorales se mantiene hasta la fecha.
Para eliminar estos organismo que considera inservibles, López Obrador lanzó una iniciativa de reforma a la Constitución en materia electoral y para justificarla mejor señaló que nuestro sistema es demasiado costoso.
Como parte de un programa nacional de austeridad, que ahora va ya en pobreza franciscana, el jefe del Ejecutivo Federal, inició su campaña con descalificaciones frecuentes contra los consejeros y magistrados electorales por sus altas percepciones. En particular, no les perdonó que no se ajustaran a lo dispuesto por el mismo primer mandatario en una reforma legal que ordena que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República.
Basados en su condición de organismos autónomos, así como en el principio de no retroactividad de las leyes, los consejeros y magistrados decidieron no ajustar sus ingresos.
De inmediato, los partidos de oposición, juristas independientes y organismos defensores de los derechos humanos advirtieron que los cambios propuestos por López Obrador son anticonstitucionales.
Por tratarse de una reforma la Carta Magna, se requiere una votación calificada en las Cámaras del Congreso de la Unión y como el oficialismo no alcanza el porcentaje requerido, la reforma constitucional no prosperó.
Fue allí donde surgió el llamado “plan B” de López Obrador, que persigue los mismos fines, pero mediante el subterfugio de modificar únicamente las leyes reglamentarias.
Otra vez la oposición y el resto de la sociedad reafirmaron que los cambios son inaceptables por violar la Constitución. Sin embargo, los incondicionales legisladores de Morena y sus satélites del PT y PVEM impusieron su mayoría y, luego de muchos debates y descalificaciones, el “plan B” fue aprobado.
Entorpecido el proceso legislativo por un intento de los partidos satélites de introducir un cambio por el cual los integrantes de una coalición pueden “traspasarse” votos -conocido como cláusula de la vida eterna-, hasta hace unos días terminó la tarea de aprobar los cambios ordenados desde Palacio Nacional.
Desde finales de año se tuvo la seguridad de que el oficialismo vencería en el Congreso y por eso, organizaciones de la sociedad civil convocaron a manifestaciones de protesta, para anular el pretexto de la llamada Cuarta Transformación en el sentido de que la reforma tenía el respaldo del pueblo.
El resultado fueron concurridas marchas y mítines efectuados en varias ciudades de la República, principalmente en la Ciudad de México, en lo que se denominó en términos generales como “defensa del INE”.
De acuerdo con los organizadores y con observadores imparciales, el total de las manifestaciones reunió a casi un millón de personas, pero el incondicional secretario general de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que había congregado a unas 15 mil personas.
Fue el propio López Obrador el que lo desmintió, pues para contrarrestar el efecto de las manifestaciones en defensa del INE se apresuró a convocar a una gran concentración de apoyo a su reforma, que se realizó 15 días después. Como siempre, se presumió haber reunido a un millón de personas, cantidad que no cabe en el Zócalo capitalino.
La diferencia entre una y otra manifestaciones es que la defensa del INE congregó a quienes fueron voluntariamente, mientras que el acto oficialista se nutrió con acarreados.
Ahora, aprobado el “plan B”, vamos a salir nuevamente a las calles en defensa formalmente del INE y del TEPJF, pero en términos generales se trata de evitar un retroceso en el proceso de democratización. Queremos que nuestro voto sea contado y valga.
El propio López Obrador, en una de sus mañaneras, vaticinó que los defensores de la democracia llenarán el Zócalo.
Sin embargo, descalificó esa manifestación en defensa del INE con sus argumentos de siempre: Dijo que se están uniendo en un sólo grupo conservador los que antes fingían ser independientes o de la sociedad civil con los que eran antipanistas y antipriistas.
También indicó que quienes van a asistir al Zócalo son simpatizantes o beneficiarios de la corrupción y trató de confundir al mezclar la protesta con una supuesta defensa de Genaro García Luna.
Pero no es así, vamos a defender nuestra endeble democracia.
