Va el “plan B”, falta conocer cuándo se publicará para que pueda ser impugnado
Miguel Ángel Rivera jueves 23, Feb 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
“Hoy nos enfrentamos nuevamente a un capricho presidencial, a un capricho oficialista que se niega a desaparecer, de nuevo la sombra rancia del autoritarismo se niega a desaparecer de la vida política de México”, afirmó el senador de MC, Noé Fernando Castañón Ramírez, al abrir el debate en torno al llamado “plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador para traspasar el control de los comicios del Instituto Nacional Electoral (INE) al gobierno federal.
Antes, a nombre de las comisiones dictaminadoras, la oficialista senadora Mónica Fernández Balboa había expuesto los términos del debate: A pesar de que la reforma comprende cuatro iniciativas, reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además a la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo único que podían hacer los senadores fue confirmar el rechazo al artículo 12 de la LEGIPE, que permitía a partidos políticos en coalición convenir, previo a una elección, la transferencia de votos, coloquialmente conocida como cláusula de vida eterna.
Ante esto, Castañón Ramírez en su crítica a la reforma aprobada por los legisladores oficialistas —senadores y diputados— expresó:
“Es preocupante la nula interpretación y la violación al artículo 72 constitucional, el cual norma el proceso legislativo que debe de tener el Congreso de la Unión, pues de la lectura del dictamen que hoy se discute se desprende que buscan promulgar los artículos que ya han sido aprobados por ambas cámaras y dejar de lado el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“Movimiento Ciudadano condena enérgicamente el que hayan pretendido dejar vigente una cláusula de vida eterna que buscaba engañar a la ciudadanía y transferir votos a otros partidos, por los que las y los mexicanos no hubieran votado.
“Lo decimos fuerte y claro, Movimiento Ciudadano defenderá en todo momento a las instituciones, a las normas y a los procedimientos que hoy dan certeza, transparencia y claridad a los procesos electorales de las mexicanas y los mexicanos.
“De ninguna manera permitiremos la imposición de figuras como la transferencia de votos, tal como ya lo hicimos por otras acciones jurídicas, con las acciones de inconstitucionalidad, 61/2008 y 41/2017 que propiamente la Corte resolvió diciendo que era inconstitucional esta transferencia de votos”.
¿Dónde está la consulta al pueblo?
El senador de MC se lanzó contra otra de las leyendas de la llamada Cuarta Transformación, que es la de que sus cambios son producto de escuchar la voluntad popular.
“¿Dónde está la consulta en los pueblos indígenas y originarios, a los pueblos afroamericanos? ¿dónde están los foros con la sociedad civil, con el INE, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con las y los trabajadores que esta reforma va a dejar sin trabajo?”, preguntó Castañón, quien luego se lanzó contra los incondicionales legisladores de Morena y rémoras:
“Me causa una tristeza enorme ver a muchos de mis compañeros reducidos a Oficialía de Partes, una Oficialía de cuál es la prisa en aprobar algo que necesita mucho más trabajo legislativo, en verdad están dispuestos a seguir violando la Constitución y derruir todo el aparato democrático que los últimos años los ciudadanos hemos construido 30 años ya de un INE autónomo e independiente, y hoy, todo lo contrario, solamente por un capricho derivado del resentimiento y el odio”.
También sostuvo que la actitud de la mayoría legislativa parecía indicar “esta aberración que volverá a estar aprobada con prisas, sin análisis, violando la Constitución, sin consulta, sin conciencias, pero sí con imposición y obediencia servil”.
Luego, destacó lo que parece ser el punto central de la lucha entre el oficialismo y la oposición en torno a este “plan B” presidencial: Que se han demorado los trámites legislativos con la finalidad de no dejar tiempo para que la Suprema Corte de Justicia dictamine si los cambios impuestos desde Palacio Nacional son constitucionales o no.
Castañón se refirió a lo mencionado por Mónica Fernández en el sentido de que sólo estaba a discusión el artículo 12 de la LEGIPE, la llamada cláusula de la “vida eterna”. Dijo que, en consecuencia, el resto de las reformas ya debieron haberse publicado, pero que al parecer el oficialismo ha demorado los trámites en un esfuerzo por reducir el tiempo que tiene la oposición para presentar las demandas de inconstitucionalidad y que los ministros de la Suprema Corte de Justicia tengan tiempo para una revisión detallada.
Esta suposición se reforzó con una intencionada pregunta del coordinador de los senadores del PAN, el veracruzano Julen Rementería del Puerto, quien aprovechó para señalar que “el famoso plan B, como se le ha denominado, que solamente es una destrucción de la democracia como lo conocemos, supondría, simplemente una regresión al pasado e ir atrás en lo que se ha avanzado a lo largo de décadas para garantizar a la gente, a los ciudadanos que son los que importan a este país, que quien llegue, sea quien ganó en las urnas y que desde ahora, a partir de esto, si se pasa y en el supuesto de que en la Corte no se rechace, que es la puesta que traen desde el gobierno, pues pueda simplemente instituirse el ganador de las elecciones a partir de lo que el gobierno decida.
“Si no es este el plan que están fraguando y si no lo que quieren es al final controlar y dominar los resultados de las elecciones”, agregó Rementería.
“¿No cree usted que por ahí pueda ir la verdadera intención de esta tan mal puesta reforma a consideración de las Cámaras en el Congreso de la Unión?”, preguntó de manera intencionada el legislador veracruzano.
Castañón Ramírez aprovechó para sentenciar: “No puedo más que coincidir, senador, no puedo más que coincidir en que el propósito real de esta reforma es transgredir a la democracia mexicana, es influir maliciosamente en la emisión del voto libre que tenemos las y los mexicanos, es seguir destruyendo a la institución electoral que tanto nos ha costado construir, es volver a un pasado autoritario que no debe de ser construido a partir de derrumbes de instituciones democráticos”.
No hay duda que el artículo pendiente sería aprobado ayer mismo. Lo que falta es conocer cuándo se publica el llamado “plan B”, para que pueda ser impugnado ante el máximo tribunal del país.
AMLO aprovechó la condena a García Luna para atacar a Calderón
A pesar de que su gobierno —o la “autónoma” Fiscalía General de la República— sólo inició juicios contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, después de que fue encarcelado en los Estados Unidos, López Obrador aprovechó que fue declarado culpable de cinco delitos relacionados con el narcotráfico para un nuevo embate contra el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, al que no le perdona el supuesto fraude en las elecciones de 2006.
La declaración de culpabilidad del ex secretario García Luna “es una enseñanza para que nunca más haya impunidad y muestra un caso emblemático de la decadencia del régimen”, declaró AMLO en su mañanera.
El principal inquilino de Palacio Nacional afirmó que “era notorio que este señor tenía muchísimo poder, pero ¿quién le transmite el poder a un secretario, si los secretarios por ley están bajo las órdenes del Presidente?”.
López Obrador se burló de la declaración de inocencia de Calderón Hinojosa, pues “sólo faltó que dijera que la culpa de García Luna era mía. Ya todos los corruptos se consideran perseguidos”
Además, calificó de fracaso la alternancia porque los que llegaron se asociaron con la delincuencia.
En su descargo, Calderón aseg<span style=»color: #005497;»><strong>Miguel Ángel Rivera</strong></span</span>uró que jamás negoció ni pactó con criminales. “Como presidente de México luché con toda determinación en contra de la delincuencia, con la ley en la mano, sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos. Jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses”, señaló.
También expresó su respeto a las resoluciones de los tribunales “que actúan conforme a Derecho” y dijo que la resolución contra García Luna “no demerita la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos de bien que defendieron a las familias mexicanas de la delincuencia”.
