Los soplones y el criterio de oportunidad
¬ Luis Ángel García lunes 20, Feb 2023Por la Derecha..!
Luis Ángel García
En horas, conoceremos el veredicto del jurado que determinará el futuro del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. 12 ciudadanos americanos que no se conocen entre sí y que mucho menos tienen la más remota idea de quién es el John Edgar Hoover mexicano, resolverán la situación jurídica del otrora poderoso jefe policiaco. Difícilmente se puede esperar que le den una sentencia absolutoria, aunque la Fiscalía norteamericana nunca presentó pruebas sólidas de su culpabilidad; no hay un solo documento —a pesar de que los acusadores hablaban de miles de textos o papeles—, grabaciones, videos o copias de conversaciones en dispositivos móviles o computadoras exhibidos ante el juez. Tampoco presentaron a víctimas que dieran testimonio creíble de las acciones ilícitas del creador de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Por el contrario, la lista de 70 testigos se desinfló y sólo desfilaron una caterva de narcotraficantes confesos que accedieron a colaborar con el Departamento de Justicia a cambio de la reducción de sus sentencias, apegarse a los beneficios de la figura del testigo protegido o aceptar la promesa de obtener visas de residente para sus familias. Más allá del uso propagandístico y político que se hace del caso de García Luna por los gobiernos de Estados Unidos y de México, es preocupante que la obligación primigenia del Estado de dar seguridad y procurar justicia se base en la complicidad con delincuentes, quienes son los únicos beneficiados de un sistema social que debiera castigar a los infractores de la ley, sin negociaciones, una vez demostrada realmente su culpabilidad.
De no ser por los casos relevantes de mexicanos que son juzgados allende nuestras fronteras, no debiera importar a la opinión pública en nuestro país el modelo de ley y orden sajón. Tampoco habría de preocuparnos la situación del ex secretario de Seguridad Pública —si es responsable de pertenecer al crimen organizado y cometer ilícitos que debió combatir, que lo refundan, pero no con los testimoniales de otros presos—, ya que con su encarcelamiento casi perpetuo no se resolverá en México la violencia criminal, ni el problema de las adicciones, la corrupción o la impunidad de los delincuentes. Su cautiverio redime a la Casa Blanca, pero no hace que mejore la justicia en nuestro país; recordemos que fueron los propios gringos quienes detuvieron al super policía por injustos penales que agraviaron a la sociedad americana. Aquí nunca se le persiguió.
Lo preocupante es que ese sistema de soplones se populariza en el aparato de justicia mexicano y al abuso de la prisión preventiva oficiosa se suman los testimonios de delincuentes a cambio de prerrogativas o las prerrogativas de la justicia restaurativa a través del criterio de oportunidad, donde los delincuentes ofrecen la reparación del daño a cambio de no ser procesados. Eso ocurre ahora con los políticos y empresarios corruptos. Y lo peor es que el gobierno mismo cae en la tentación. El propio presidente está pendiente de que el ex director de Pemex aumente el monto pecuniario por el daño causado en la compra fraudulenta de una empresa para que pueda recuperar su libertad Emilio Lozoya.
Esa no es la justicia a la que debe aspirar el pueblo de México, ni permitir el uso faccioso de las autoridades jurisdiccionales. Se debe restaurar el quebranto de la ley, no buscar la venganza social o de grupos.
