Corte de injusticia
Freddy Sánchez jueves 16, Feb 2023Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Qué futuro les espera a las controversias constitucionales en materia electoral que serán objeto de resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los que dan por hecho que con el cambio en la presidencia de la SCJN el gran perdedor será Andrés Manuel, no dudan en anticipar que la mayoría de los fallos sobre estos asuntos le serán desfavorables al Presidente.
Y es que por un lado se hace notar lo que a juicio de los críticos presidenciales ha sido la intención manifiesta de la ministra presidenta Norma Piña en cuanto a enmendar cualquier violación constitucional.
En especial todo aquello que los promoventes de las acciones legales para frenar los cambios electorales aprobados por Morena y sus aliados, consideran una evidente trasgresión a la Carta Magna con la finalidad específica de restarle capacidades operativas al Instituto Nacional Electoral.
Por otro lado, y en coincidencia con este criterio, algunos piensan que eso mismo podrían terminar considerando la mayoría de los ministros de la corte cuando les toque el turno de apoyar o no los planteamientos de sus colegas al proponer las resoluciones en torno a cada una de las distintas controversias constitucionales en estudio y las que se acumulen en las siguientes semanas.
En se tenor cabe mencionar que el propio Presidente ha dicho que para él solamente dos ministros son merecedores de su confianza, lo cual denota la presuposición presidencial de que en las actuales circunstancias la Corte no es campo propicio para coincidir con sus actos reformistas en materia electoral por más que en las dos cámaras legislativas hayan pasado con la aprobación de la mayoría legal lo que tiene que ver con distintos cambios normativos para el funcionamiento futuro del INE.
Y es que justamente en ese punto existe la contraposición de pareceres entre quienes consideran que lo aprobado legislativamente no violó la constitución y los que por el contrario lo afirman tajantemente y por lo mismo optaron por recurrir a la Suprema Corte de justicia para que dé marcha atrás en todo aquello que con acciones inconstitucionales le estaría causando un grave daño a la democracia.
Lo defensores del Instituto Nacional Electoral que ya hicieron una gran marcha solidaria para la defensa del instituto y preparan otra más a realizarse en los próximos días, respaldan las demandas contra el gobierno federal y esperan que la Corte cumpla con su deber de salir en defensa de la constitución procediendo a resolver las controversias constitucionales con el claro propósito legal de ajustarse a la ley y proteger la operatividad del INE.
Es de hacer notar en ese aspecto, que precisamente lo que los ministros de la SCJN tienen que decidir es si como una parte de la sociedad lo manifiesta se está intentando arbitraria e ilegalmente desmantelar al Instituto Nacional Electoral con aviesas intenciones de manipulación electoral o eso no es verdad y, por lo tanto, las reformas legales aprobadas por Morena y aliados son perfectamente legales y se encaminan a mejorar los procedimientos democráticos en el país.
Una controversia que pone en el terreno de juego de los ministros de la Suprema Corte de la Nación la determinación de qué hacer o no hacer en relación con los manejos del INE, mediante la anulación de las nuevas acciones que con modificaciones legales ha promovido el gobierno en turno o la ratificación de las mismas resolviendo que las reformas aprobadas cumplen a cabalidad con los preceptos que postula la constitución.
En ese sentido, queda la duda de cuáles serán los criterios de los ministros y si en efecto su actuación se apegará a lo que mandata la ley suprema en este país, obrando con absoluta independencia y autonomía o se dejarán seducir o intimidar a la hora de hacer los estudios para presentar las propuestas de resolución correspondientes a cada caso en particular para su discusión y aprobación o rechazo en el Pleno de la Corte.
Si actuarán pues como íntegros, honestos e incorruptibles integrantes de una instancia administradora de justicia intachable e incorruptible o como una manipulable, maleable, deshonesta y poco confiable Corte de injusticia.
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