El GCDMX parece cambiar de rumbo y ya no acusa al sindicato por accidentes
Miguel Ángel Rivera lunes 30, Ene 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En el intento por descargar de responsabilidad a su lideresa, Claudia Sheinbaum, el Gobierno de la Ciudad México (GCDMX) llevó al extremo la teoría de la conspiración y eligió como principal sospechoso de los accidentes al Sindicato de Trabajadores del Metro, al grado de consignar a un conductor de trenes, pero ahora parece cambiar de objetivo.
Todavía el pasado viernes 27, la “autónoma” Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el choque registrado el 7 de enero en la Línea 3 del Metro, en el cual resultaron lesionados a 106 usuarios y murió la joven Yaretzi Hernández, fue provocado por dos causas: La quema dolosa de cables eléctricos y una conducción negligente,
“Por lo que hace a lo ocurrido el pasado 7 de enero en la interestación Potrero-La Raza de la Línea 3, se desprende que fue producto de dos causas: La primera es la quema y corte doloso de los cables ubicados en dos registros de conexión que contienen cableado eléctrico de comunicaciones, señalización y pilotaje automático en la estación Potrero. Segundo, la conducción negligente del tren número 24, que no respetó las medidas en modo de seguridad y que significa no rebasar los 35 kilómetros por hora”, explicó el funcionario.
Resultado, el conductor del convoy fue sometido a proceso por homicidio culposo, aunque en un gesto de amabilidad se le permitió permanecer en arresto domiciliario.
La Fiscalía capitalina determinó, además, como doloso el corte de cableado que pusieron en riesgo la conducción, por lo que se inició una carpeta de investigación por ataques a las vías de comunicación; mientras que el conductor fue detenido con una orden de aprehensión.
Esto último justificó la teoría de la conspiración, mediante la cual el gobierno capitalino trata de poner a salvo a su jefa de las suposiciones de mantenimiento deficiente.
“Cabe señalar que lo anterior (robo) puede derivar en el delito de sabotaje, que se establece en el Código Penal bajo el que se rige esta Ciudad y consiste en dañar, destruir o entorpecer las vías de comunicación; y/o dañar o destruir instalaciones de servicios públicos, por lo que esta Fiscalía continuará investigando los hechos como daño doloso a sistemas de seguridad para encontrar a los responsables, sean internos o externos a la institución”, mencionó Ulises Lara.
Agregó que el conductor del tren 24 “no se apegó a los lineamientos contenidos en sus manuales técnicos. Excedió el límite de velocidad en Conducción Manual Restringida (CMR) y cambió a conducción en Pilotaje Automático, cuando está prohibido en marcha de seguridad. No se comunicó en ningún momento al Puesto de Control Central (PCC) para notificar el cambio de tipo de conducción y no realizó ninguna maniobra para detener el tren y evitar el hecho”.
Por el contrario, el Sindicato de Trabajadores del Metro, que prácticamente había sido señalado como enemigo, rechazó los resultados de los peritajes y conclusiones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, respecto a que el choque en la Línea 3 del Metro y otros incidentes hayan sido por negligencia o sabotaje por parte de los trabajadores.
En lo que se perfilaba como un enfrentamiento, el dirigente del sindicato del Metro, Fernando Espino, lamentó que la autoridad haya descartado la hipótesis de la falta de mantenimiento a este sistema de transporte.
“Rechazamos contundentemente el sabotaje, los trabajadores del Metro jamás atentarían contra su fuente de trabajo, menos contra su vida. Por ningún motivo aceptamos una decisión de esta manera, porque están afectando a toda la base trabajadora del Metro”, destacó.
El sindicato consideró que, para determinar la causa exacta de las fallas, son necesarios peritajes técnico-científicos con la participación de expertos en Metro, sin distorsiones políticas.
Algo ocurrió, pues este mismo fin de semana, oficialmente, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) deslindó a los trabajadores del Metro de los incidentes “atípicos” que ocurren en la red, como el corte de cables de cobre y señaló que estos los provocan grupos de delincuentes ajenos al organismo.
En un comunicado dirigido a los trabajadores del STC y firmado por el director general, Guillermo Calderón, el organismo confirmó haber presentado varias denuncias ante la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) por el robo de cable.
Indicó que el robo de cable pone en riesgo la operación y genera pérdidas económicas, además de que fue una de las causas del choque de trenes del 7 de enero.
“Este sistema de transporte ha presentado ante la FGJ-CDMX en diversas ocasiones denuncias de robo de cable de cobre que se realiza por grupos delincuenciales externos al Metro. Esto representa riesgos para la operación del sistema y una pérdida económica”, señaló el comunicado.
Ningún agresor de mujeres debe ser
candidato a un cargo de representación popular
Las diputadas federales del PRI Blanca Alcalá, Carolina Viggiano y Melissa Vargas se reunieron con activistas defensoras de los derechos humanos de las mujeres, con quienes reiteraron el compromiso de impulsar sus iniciativas 3 de 3, que tiene como dos de sus puntos centrales lograr que ningún agresor de mujeres sea postulado a cargos de representación popular, así como tampoco deudores de pensiones alimentarias.
Las legisladoras señalaron que las iniciativas ya fueron presentadas en las cámaras del Congreso de la Unión, pero ahora que se insiste tanto por parte de los legisladores oficialistas en la necesidad de una reforma electoral, urge que las iniciativas para castigar a los violentos sean dictaminadas.
La agenda de las mujeres debe ser prioridad. Necesitamos construir el consenso para aprobar la iniciativa 3 de 3 antes del mes de marzo, para negar las candidaturas a agresores de mujeres y deudores alimentarios, por lo que se debe meter el acelerador, afirmaron las diputadas federales Alcalá, Vargas y Viggiano.
Al moderar el evento, la vicecoordinadora de la bancada priista, Blanca Alcalá aseveró que la dirigencia nacional y la coordinación parlamentaria del PRI, encabezadas por Alejandro Moreno y Rubén Moreira, respectivamente, tienen clara la importancia de la alianza con este sector, por lo que es un tema de conversación constante al interior del grupo.
“En el grupo parlamentario del PRI acogimos con beneplácito la propuesta diseñada por ustedes, la iniciativa 3 de 3, la cual se registró en el mes de septiembre del periodo anterior, por lo que debe continuar su curso”, explicó la diputada poblana, para luego detallar que la iniciativa presentada por su bancada es constitucional.
En su oportunidad, Melissa Vargas refrendó el compromiso de impulsar las iniciativas ciudadanas para aprobarlas de manera rápida, como es el caso del padrón de deudores alimenticios que se encuentra detenido en el Senado. El tema de las mujeres, aseveró, no puede ser ajeno a la agenda política, debe ser un compromiso de quienes sean candidatas o candidatos a dirigir este país.
La diputada hidalguense y secretaria general del PRI Carolina Viggiano recalcó que no se debe dejar que el tiempo gane las oportunidades para hacer cosas importantes. “El tema de deudores alimentarios es de justicia, los niños están marcados por las ausencias y desprecios que no comprenden, pero que sienten”, recalcó.
Viggiano Austria se comprometió a hacer presión para que se aprueben iniciativas ciudadanas a favor de las mujeres, buscando se procesen con prontitud en la Cámara de Diputados, ya que, enfatizó, es inconcebible votar por alguien que abusa de las mujeres y/o abandona a los hijos.
Ante legisladoras de las bancadas del PAN, PRD, MC y Morena, la doctora en Derecho e impulsora de la armonización legislativa para la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, Patricia Olamendi, coincidió en que no debe permitirse que un deudor alimentario o un agresor sexual o familiar tengan cargos públicos, por lo que se les debe negar ser candidatos en las elecciones.
Por su parte, Indira Vizcaíno evidenció su preocupación por los tiempos para la aprobación de la Ley 3 de 3 y pidió a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dejar de ser defensora de los deudores y agresores, además de hacer un llamado a los grupos parlamentarios para que dictaminen de manera urgente.
