Militares pueden detener a civiles en sus funciones de apoyo a la seguridad pública

• SCJN avala Ley Nacional del Registro de Detenciones

La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que los militares puedan detener a civiles, al aprobar la Ley Nacional de Registro de Detenciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló las facultades de las fuerzas armadas, en sus funciones de apoyo a la seguridad pública, de detener a presuntos delincuentes y a que realicen ellas mismas el registro inmediato correspondiente, luego que el pleno determinara la constitucionalidad del contenido de los artículos 19 y quinto transitorio de la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

Los ministros discutieron la impugnación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mediante el proyecto de sentencia de Javier Laynez Potisek, en el que avalaron que el Ejército debe informar de inmediato a las autoridades civiles sobre las detenciones que realicen, pero también puede realizar los registros por su propia cuenta.

El ponente, Laynez Potisek, argumentó que en la Ley no se excluye a las fuerzas armadas del registro cuando realicen la detención de una persona, sino que tienen la facultad de realizar ellas mismas este registro, en lugar de dar aviso inmediato a las autoridades de seguridad pública.

Durante el debate en el pleno, el ministro Luis María Aguilar Morales señaló que estaba en contra de la propuesta, puesto que “no hay razón para que las fuerzas armadas deban tener una regulación distinta. Que una autoridad de apoyo tenga claves de acceso (al registro) contribuye a la discrecionalidad y hasta se puede interpretar que la ley no las obliga a dar aviso de las detenciones que practiquen”.

Por su parte, la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, advirtió que no compartía el sentido de la propuesta del ministro Laynez Potisek, de reconocer la validez de que sea la fuerza armada quien realice el registro, porque es contrario a la Constitución, ya que al excluirlas de la aplicación del artículo 19, se le está sujetando a un trato diseñado para las instituciones de seguridad pública, lo que va más allá de las meras funciones de apoyo.

“La tarea que realicen las fuerzas armadas (en materia de seguridad pública) deberá ser subordinada y complementaria, y no pueden extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia”, subrayó.

Al respecto, el ministro Alberto Pérez Dayán lanzó al pleno la pregunta de, ¿por qué habremos de aceptar que se deje en manos (de las fuerzas armadas) un registro que de acuerdo con la propia ley es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública?, ¿Por qué la fuerza armada permanente ha de ser quien registre esa detención y ni siquiera le informe a la Secretaría de Seguridad Pública que la hizo?

El ministro Laynez Potisek defendió, ante estos argumentos, que no es que se delegue el registro en las fuerzas armadas, éste está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. “No habrá dos registros, ni este se le encomienda a las fuerzas armadas, por el contrario tienen que cumplir con un deber que cumplen todas las demás instituciones de seguridad pública (de registrar las detenciones)”.

Por otro lado, la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no haya hecho público el proyecto sobre la Ley Nacional de Registro de Detenciones.

A través de un comunicado, la entidad sostuvo que esta omisión es preocupante, ya que consideró a Este como un tema de suma relevancia al estar relacionada a los derechos humanos de los mexicanos.

Militarización ha causado más violencia, acusa HRW

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) señaló que el constante uso de las fuerzas armadas ha provocado mayor violencia en México.

Sostuvo que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han alcanzado nuevos récords en violencia.

Dentro de su informe mundial 2023, la organización estableció que “desde el inicio de la guerra contra el crimen organizado en 2006, los índices de delincuencia violenta han sufrido un aumento drástico en México, y alcanzaron niveles históricos durante el gobierno del actual mandatario”.

La organización resaltó que “los esfuerzos para reformar la policía y las fiscalías han sido ineficaces. El Congreso, controlado por el partido de López Obrador, disolvió la Policía Federal en 2019. Transfirió formalmente funciones policiales al Ministerio de Defensa en 2022″.

Además, la entidad remarcó que el presidente López Obrador ha ampliado las labores del Ejército y le ha aumentado el presupuesto de manera importante.