Ni UNAM ni el gobierno deciden sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel
Miguel Ángel Rivera martes 17, Ene 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Mientras la principal implicada, la todavía ministra de la Suprema Corte de Justicia Yasmín Esquivel Mossa, se mantiene tan campante, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se mantiene cercada por presiones de todo tipo para que determine posibles sanciones o declare inocente a su ex alumna acusada de plagio.
Por una parte, la máxima casa de estudios del país padece las exigencias de partidos de oposición y de organizaciones de la sociedad civil para que deje sin efecto el título de abogada de Esquivel Mossa y, por otra parte, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, presiona también para que la UNAM decida de una vez si procede una sanción, luego de que sus órganos internos determinaron que sí hubo un plagio de una tesis profesional.
En el caso de la universidad, está pendiente no sólo la sentencia respecto de las posibles irregularidades en las cuales incurrió la ahora ministra de la Suprema Corte, sino también de su asesora de tesis, la profesora Martha Rodríguez Ortiz, quien por lo menos incurrió en graves omisiones al no revisar adecuadamente los trabajos que le presentaron sus alumnos, por lo que no se percató de la copia de grandes extensiones de los textos sometidos a su supervisión.
Claro, en parte esas fallas se justifican por la enorme carga de trabajo recibida por Rodríguez Ortiz, pues los registros de la UNAM hablan de que ha supervisado más de 500 tesis profesionales, cifra que evidencia una excesiva labor, si no es que algunas irregularidades ocultas.
Interrogado a raíz del escándalo, el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante, informó que el máximo castigo para Rodríguez Ortiz sería prohibirle dar clases, pero esto ya no es necesario, pues actualmente no está en activo, pues fue separada luego de una “limpia” de maestros faltistas, en la Facultad de Derecho.
Hasta allí, el lamentable caso se ubica dentro de parámetros que se pueden considerar académicos, pero también tiene un asunto de política de alto nivel, pues para empezar, ha dado motivo a López Obrador para renovar los ataques contra la que fue su alma mater, a la que considera entregada a sus enemigos “conservadores” y “neoliberales”.
AMLO pide a la UNAM que asuma su responsabilidad
El hecho es que la UNAM no ha emitido sentencias, ni en el caso del plagio, ni respecto de la actuación de la asesora de tesis y esto ha generado la opinión generalizada en el sentido de que las autoridades académicas han tratado de evitar un enfrentamiento con la llamada Cuarta Transformación y en particular con el primer mandatario, convertido en abogado defensor de su amiga Esquivel Mossa, esposa del empresario favorito del régimen José María Riobóo, quien era su proyecto para presidir una “empática” Suprema Corte de Justicia.
La presión del jefe del Ejecutivo aumentó cuando la UNAM turnó el caso de la tesis plagiada de Esquivel Mossa a la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues supuestamente carece de facultades legales para anular el título profesional y la única instancia con facultades para hacerlo es la dependencia federal encargada del sistema educativo.
Pero lejos de que esa decisión lograra disminuir la presión desde Palacio Nacional, López Obrador reinició su campaña contra la UNAM, la cual es vista en los medios políticos como parte de una embestida contra la máxima casa de estudios para someterla al control de la 4T, mediante el recurso de impulsar un rector “a modo” que sustituya al actual, Enrique Graue Wichers, quien frecuentemente es blanco de las agresiones del Ejecutivo federal.
Todavía ayer, en su mañanera, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador señaló que la UNAM debe decidir si presenta una denuncia que le permita obtener un mandato judicial con el cual se podría anular la licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel.
“Primero, la UNAM debe agotar las instancias internas y si hay constancia de que hubo plagio y que eso es motivo para anular el título profesional, tiene que presentar la denuncia ante el ministerio público”, afirmó.
En particular, el titular del Ejecutivo Federal censuró al rector Graue por la decisión de turnar el caso a la SEP, pues en su opinión, esa dependencia también carece de facultades para anular un título. Indicó que únicamente puede emitir un fallo en ese sentido si existe un mandamiento judicial.
La opinión presidencial fue respaldada —¿por quién más?— por una de sus “corcholatas”, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien reafirmó que la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tiene la facultad para cancelar el título obtenido por Esquivel Mossa, por lo que deben ser la UNAM y su rector los que tienen que emitir una resolución y no evadir su responsabilidad.
A su vez, Esquivel Mossa insistió en sostener su inocencia.
En entrevista con Milenio la ministra descartó renunciar a su cargo y reiteró que la tesis de licenciatura, en la cual se le acusa de haber cometido plagio, es de su autoría.
También comentó que tras 35 años de trabajo, “cuenta con una carrera impecable”.
También desde “el otro lado” presionan a la UNAM
Por el lado de la oposición también hay presiones para que la UNAM asuma la responsabilidad de anular el título de la ministra Esquivel, con lo que automáticamente perdería su elevado cargo.
Al respecto, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, quien se ha significado por su conferencia “contramañanera”, recalcó que es claro que la UNAM debe “nulificar” el examen profesional de la ministra Esquivel.
“Evidentemente esperamos que la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, tome las riendas de este tema y nulifique el examen que, claramente, no cumplió con los requisitos conforme su estatuto general y que, precisamente, en este proceso la UNAM fije una posición clara, demuestre su autonomía y ofrezca certeza a todo el pueblo de México”, dijo la legisladora
López Rabadán advirtió al mismo tiempo que también el gobierno se debe hacer cargo de su “ministra a modo” y no quiera sólo responsabilizar a la UNAM, cuando también la SEP debe de reconocer su responsabilidad. “Pero, bueno, como les ha votado la mayoría de los caprichos de López Obrador, pues quieren que continúe en la Corte”.
La senadora insistió que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y, en este caso, las secretarías de Educación y de Gobernación deben de ser responsables y no permitir que esta ilegalidad continúe.
La política de “abrazos, no balazos” parece fracasada
La captura de Ovidio Guzmán, el hijo de “El Chapo” generó la ilusión de que el gobierno del presidente López Obrador había llegado finalmente a la conclusión acerca del fracaso de su política de “abrazos, no balazos” y de que cambiaría de rumbo para enfrentar a la delincuencia, organizada o no.
Lo cierto es que todavía no se anuncia un cambio, a pesar de que, por desgracia, se mantienen muy elevados los índices de muertes violentas.
Desde el primer día del año empezaron las malas noticias, con un reporte de 87 asesinatos en el país, la mayoría en Chihuahua (21), como consecuencia de un motín en un penal de Ciudad Juárez que dejó un saldo de 14 muertos, de los cuales 10 eran oficiales de seguridad y cuatro eran reos. La segunda cifra más alta correspondió a Veracruz, con 13 homicidios.
Contra los buenos deseos de que la situación mejorara, ayer se conoció un reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que pone en evidencia de que este 2023 registra el arranque más violento en los últimos cuatro años, con mil 152 homicidios dolosos en la primera quincena.
A partir de los informes diarios de homicidios remitidos por las fiscalías estatales y dependencias federales, el referido Secretariado establece que en la primera quincena de 2022 fueron mil 016 personas asesinadas.
En el mismo periodo de 2021 fueron mil 120 víctimas de homicidio doloso, misma cantidad que se reportó al inicio de 2020.
El promedio diario de homicidios en el inicio del presente año es de 76.8 casos, contra los 67.7 casos diarios del año pasado, y los 74.6 asesinatos por día en los años 2021 y 2020.
El pasado fin de semana, entre el viernes 13 y el domingo 15, el Estado de México reportó la cifra más alta de personas asesinadas, con 31 casos.
