El Estado debe garantizar el desarrollo científico
Luis Muñoz miércoles 4, Ene 2023Segunda vuelta
Luis Muñoz
En la Cámara de Diputados se planteó la necesidad de agregar un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política, a fin de que el Estado garantice que “el desarrollo científico y tecnológico y el acceso a internet estén al servicio de las personas y se lleve a cabo con respeto a la vida y a la integridad moral, física y psíquica de estas”.
Lo anterior, con el objetivo de proteger los derechos humanos ante las nuevas innovaciones científicas y tecnológicas, de acuerdo a un documento turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja.
En la exposición de motivos se resalta que los avances digitales pueden apoyar y acelerar el logro de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desde el fin de la pobreza extrema hasta la reducción de la mortalidad materna e infantil, la promoción de la agricultura sostenible y el trabajo, y el logro de la alfabetización universal. Sin embargo, las tecnologías también pueden amenazar la privacidad, comprometer la seguridad y alimentar la desigualdad, es decir, tienen implicaciones para los derechos humanos y su actividad.
A pesar de que los servicios públicos de las tecnologías son cada vez más accesibles, aún hay quienes siguen aislados de los beneficios de esta nueva era y quedan rezagados. Muchas son personas con discapacidad, mujeres, ancianos o miembros de minorías étnicas o lingüísticas, grupos indígenas y residentes de zonas pobres o remotas. El documento expone que en la actualidad las tecnologías digitales, como el agrupamiento de datos y la inteligencia artificial, se utilizan para rastrear y detectar problemas en la agricultura, la salud y el medio ambiente o para realizar tareas cotidianas como el desplazamiento en automóvil o el pago de una factura.
Además pueden usarse para defender y ejercer los derechos humanos, pero también para infringirlos; por ejemplo, controlando nuestros movimientos, compras, conversaciones y comportamientos. Los gobiernos y las empresas disponen de más herramientas para extraer y explotar datos con multas financieras y de otro tipo. Por ello es necesario que en México se reconozca la importancia de la informática como nueva forma de poder político y social y la adición al artículo 4o constitucional contiene diversos derechos y garantías individuales y sociales.
Los derroches de Chíguil
El domingo reciente, el presidente de la Junta de Coordinación Política y Vicecoordinador del GPPAN del Congreso de la Ciudad de México, diputado Federico Döring Casar, convocó a la ciudadanía a crear un frente común social que coadyuve en la cristalización de acciones legislativas en pro de la mejora en la calidad de vida, calle por calle, colonia por colonia y alcaldía por alcaldía.
Dijo que es urgente esta alianza ciudadana y frenar los abusos que en algunas alcaldías ejercen contra sus habitantes y citó los casos de Iztacalco y la Gustavo A. Madero, la primera por las omisiones de (Armando) Quintero y la segunda por el derroche de recursos de (Francisco ) Chíguil”.
“Pero más allá de pertenecer a un partido político o movimiento social, es necesario ir juntos en estrategias que fortalezcan presupuestalmente rubros básicos para una mejor calidad de vida”, enfatizó.
El panista se dijo dispuesto a recibir iniciativas y recursos de participación ciudadana en el Congreso local, para darle cauce y gestión con las fuerzas políticas en aras de ampliar servicios urbanos, garantizar justicia y darle a los citadinos en este 2023, una esperanza de prosperidad.
Por su parte, el diputado Héctor Barrera Marmolejo fue específico en mejorar el transporte público de la Ciudad. “El Metro tiene que ser vital en la agenda de Claudia Sheinbaum, ya basta de distracciones y de negligencias, el STC tiene que mejorar su servicio”. “MORENA le negó al Metro aumentos presupuestales en este 2023, eso lo tiene que saber la gente, lo tiene que saber los usuarios que diario sufren del mal servicio”.
Al Metro le urge mantenimiento, capacitación al personal, revisiones sistemáticas y una dirección en este medio de transporte que funcione y no sea brazo político de Morena.
“Guillermo Calderón no puede con el paquete y Sheinbaum anda distraída, es necesario que el Metro tenga una dirección al 100 por ciento ocupada en atender sus quejas, reparar escaleras eléctricas y no exploten los vagones”.
Jornada laboral de 6 horas
Con el fin de lograr que la jornada laboral máxima de las mujeres trabajadoras con discapacidad no exceda las 6 horas diarias, la diputada Olga Luz Espinosa Morales (del PRD), propone adicionar los artículos 61 de la Ley Federal del Trabajo y 22 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.
La reforma es congruente con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y apoya jurídicamente el cumplimiento de acceso al derecho a un trabajo digno.
