Justicia cortesana
Freddy Sánchez martes 20, Dic 2022Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están sobrecargados de trabajo, son omisos o de plano se hacen tontos para no resolver de manera pronta y expedita las controversias constitucionales que atañen a actos de gobierno señalados de inconstitucionales en la administración de Andrés Manuel.
La pregunta parece obligada después de que el ministro presidente Arturo Zaldívar negó categóricamente en una entrevista con periodistas del diario “Milenio” que sea verdad la mala voluntad que se le achaca para retrasar a capricho que se ventilen en la Corte algunos asuntos por probables intereses de carácter personal.
Rechazó rotundamente que en su escritorio haya un cajón donde se guardan los expedientes que él decide no procesar hasta que le parece conveniente hacerlo o no le queda otro remedio.
Y es que el señalamiento acusatorio que el mismo ministro reconoce que se le hace atribuyéndole una dolosa morosidad en la tramitación de ciertas cuestiones legales a discutir y resolver, (en temas de carácter presidencial), lo desmintió asegurando que son los ministros los que no entregan los estudios pertinentes con las propuestas de resolución sobre controversias constitucionales en las que se menciona la inconstitucionalidad en actos del jefe del Ejecutivo.
O sea que en todo caso no habría uno si no varios “cajones” donde se guardan esa clase de asuntos legales que podrían considerarse “muy espinosos” para la SCJN y, por lo mismo, la “extrema cautela” para revisar y dictaminar sería de los ministros que reciben la encomienda de hacer los estudios apropiados para determinar conforme a derecho si una acción gubernamental, (especialmente las que involucran la figura presidencial), pudiera o no ser violatoria de la constitución y ante lo cual la corte estaría en la obligación de ordenar que se anule la acción y en su caso se repare el daño causado.
Así que como uno puede imaginarse en lo que se refiere al jefe del Ejecutivo, cualquier decisión de la Corte en contra de los actos institucionales puede implicar una reacción de molestia al más alto nivel en el gobierno federal.
O sea del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es de sobra sabido que no se anda por las ramas y cuando alguna acción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del poder Legislativo le resulta incómoda no se limita a respetar las decisiones de los otros poderes, sin decir nada, sino por el contrario señalando a los que resuelven contra actos de su gobierno presuntas connivencias con sus adversarios políticos.
El propio ministro presidente de la SCJN expuso en su reunión con periodistas que en tiempos de Felipe Calderón padeció intimidaciones y acoso en torno distintos asuntos, lo que, según aseguró, jamás lo ha tenido que afrontar con el actual primer mandatario, que ni siquiera a manera de sugerencia le ha mandado mensajero para inducir sus resoluciones.
Pero, en contraparte, nadie puede negar que el Presidente regularmente critica y fustiga autoridades del poder judicial cada que no le gusta lo que resuelven e incluso cuando pareciera su intención estar por resolver en un sentido opuesto a lo que desde el Palacio Nacional se plantea que debe ser resuelto de una u otra forma.
Así que si algunos o muchos impartidores de justicia pueden sentirse intimidados por las habituales “excitativas presidenciales”, cuesta trabajo dudarlo.
Sin embargo, el ministro Zaldívar aseguró que sus pares e incluso los jueces y magistrados en su mayoría actúan con independencia, sin dejarse influenciar o intimidar y poniendo por delante el respeto a las disposiciones legales para resolver los asuntos bajo su jurisdicción.
Algo que obviamente no se podría negar sin prueba que lo acredite, pero es evidente que en lo relacionado con las controversias constitucionales en las que uno debe saber si Andrés Manuel ha violado o no la constitución, hace falta que con las acciones que lo demuestren los señores ministros sin más retrasos nos quiten de la cabeza la idea de que en México los tratos con el poder Ejecutivo suelen alentar una justicia cortesana.
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