El secretario de Gobernación, pendiente de que senadores cumplan con “plan B”
Miguel Ángel Rivera martes 13, Dic 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pasó la prueba de las urnas, fue elegido diputado local de su natal Tabasco, también diputado federal, senador y gobernador, pero hasta donde se sabe en la actualidad no tiene ningún sitio en el Poder Legislativo.
Entonces, ¿en calidad de qué aprobó algunos cambios al llamado “plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador para cumplir su amenaza de desaparecer o someter al Instituto Nacional Electoral (INE) al control del Ejecutivo Federal?
Es cierto que el Presidente de la República tiene facultades para iniciar o proponer modificaciones a las leyes, pero no para calificar o desautorizar el trabajo de los senadores y diputados; son estos, los legisladores, los que están facultados constitucionalmente para aprobar, rechazar o modificar las iniciativas que reciben del Ejecutivo.
Al menos, eso es lo que dictan las leyes, pero no ocurre en los hechos. No de ahora, sino desde hace mucho tiempo el principal legislador es el Presidente en turno y los senadores y diputados se limitan a dar trámite a las nuevas leyes o reformas que les envían desde Palacio Nacional.
Sin embargo, la llamada Cuarta Transformación que encabeza López Obrador, desde que llegó al poder, ha sostenido que ellos, los de la llamada Cuarta Transformación, son diferentes y que van a hacer las cosas de manera distinta.
Buenos deseos que han quedado en el olvido. La orden casi inamovible es que senadores y diputados aprueben las iniciativas presidenciales “sin cambiarles ni una coma”.
En el caso de la reforma electoral, actualmente en trámite, con la cual el primer mandatario desea devolver al Ejecutivo el control de todas las elecciones, los diputados federales cumplieron a toda velocidad y aprobaron con dispensa de todos los trámites el denominado “plan B”. Hasta se excedieron y aprobaron agregados destinados a darle vida artificial a sus partidos satélites, cuyos votos son necesarios en el Congreso para avasallar a la oposición.
Pero esta vez a alguien se le pasó la mano. En el afán de cuidar a sus rémoras, introdujeron algunos cambios que pronto, según dictamen de los juristas, resultan inconstitucionales, al grado de poner en riesgo todo el “plan B”, pues casi seguramente sería rechazado por la Suprema Corte de Justicia.
Monreal ofrece una revisión minuciosa,
pero al parecer lo hicieron a un lado
La culpa la asumieron los diputados, pero se duda que hubiese sido así, pues está vigente el mandato de no cambiar ni una coma a las iniciativas del Ejecutivo. Por lo menos, las ahora repudiadas adiciones tuvieron el visto bueno del Ejecutivo.
Al descargar de responsabilidad al Ejecutivo, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, solicitó a su contraparte del Senado, Ricardo Monreal Ávila “corregir” sus errores y dejar el “plan B” listo para ser aplicado de inmediato.
Monreal que desde antes advirtió acerca del riesgo de que algunas partes de la reforma electoral fueran consideradas inconstitucionales, ofreció encabezar una minuciosa revisión de la voluminosa reforma, sin sentirse apremiados por los plazos. Esto a pesar de que la instrucción desde el Ejecutivo es en el sentido de que la reforma debe quedar aprobada antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, que no se puede prolongar más allá del ya muy cercano día 15.
Autoimpuesto como precandidato presidencial de Morena para 2024, Monreal ha tenido ya diferencias con el presidente López Obrador, quien desde hace tiempo ha roto la comunicación directa. Hace más de un año que el coordinador de los senadores “morenos” no ha sido recibido en Palacio Nacional.
Por eso no resulta sorpresiva la aparición en la sede senatorial del secretario de Gobernación, una de las “corcholatas” oficiales.
Lo que llama la atención es el cambio de funciones. Monreal recibió al enviado presidencial con un listado de 21 asuntos que potencialmente podrían ser calificados de inconstitucionales y, por lo tanto, darían al traste con la anhelada reforma electoral. El secretario de Gobernación, según versiones que circularon en el recinto legislativo de Paseo de la Reforma, aceptó seis posibles cambios, pero insistió en que se aprobaran los 15 restantes.
En paralelo y, en contra de lo previamente expuesto por Monreal, en el sentido de que el trabajo legislativo se cumpliría con respeto a los ordenamientos en la materia, los “morenos” de la línea dura volvieron a saltarse procedimientos y acelerar sus tareas, con la finalidad de cumplir el deseo presidencial de tener concluida la reforma electoral este mismo mes.
Sorprende que esta aceleración del proceso para dictaminar la minuta recibida formalmente de la Cámara de Diputados la encabezara una legisladora que había ganado fama de negociadora y respetuosa de las normas, la ex presidenta de la Cámara, Mónica Fernández Balboa, quien actualmente encabeza la Comisión de Gobernación.
Para empezar la revisión del denominado “plan B” se había citado a una sesión de comisiones unidas, en este caso la mencionada de Gobernación y la de Estudios Legislativos Segunda. Pero la asamblea no pudo realizarse debido a que Estudios Legislativos no logró reunir el quórum.
El reglamento del Senado establece que, en casos como este, una convocatoria a comisiones unidas no se puede modificar de última hora, sino que se tiene que convocar, con todas las formalidades del caso, a una nueva sesión.
Fernández Balboa se saltó este ordenamiento y convirtió la asamblea en vez de sesión de comisiones unidas en otra de una sola comisión, la de Gobernación.
Sin que participara ni un solo senador de oposición, los de Morena, PT y PVEM aprobaron por unanimidad la iniciativa presidencial recibida a través de la Cámara de Diputados, sin cambio alguno y en poco más de media hora. Los senadores de oposición alegaron que no asistieron a la reunión de la Comisión de Gobernación debido a que la convocatoria es ilegal, porque se les citó a comisiones unidas que no se llevó a cabo. En particular la panista Indira Rosales protestó por la violación al debido proceso legislativo.
La reforma, dicen los especialistas, no podrá ser presentada ante el pleno del Senado hasta mientras no sea apobada también por los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, que ayer no logró integrar el quórum.
En contra de sus promesas previas, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, anticipó que la minuta podría discutirse el miércoles en el pleno.
y con la ausencia de la oposición, la comisión de Gobernación del Senado aprobó sin discusión el “plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral.
Ex consejeros electorales advierten
que no habrá elecciones libres y confiables
Ex consejeros electorales, entre los cuales están tres ex presidentes del IFE (ahora INE) enviaron una carta al presidente y al titular de la Jucopo del Senado, Alejandro Armenta y Ricardo Monreal, respectivamente, en la cual advierten que de aprobarse en sus términos el “plan B” del presidente López Obrador en materia electoral “no habrá garantías para la celebración de elecciones libres y confiables”.
Los ex consejeros, encabezados por José Woldenberg, Leonardo Valdés y Luis Carlos Ugalde, indicaron que esa reforma de “de gran calado” requiere una reflexión pausada en torno a sus implicaciones. Además de los mencionados ex presidentes, la misiva la firmaron también los ex consejeros Jacqueline Peschard, María Marván, Macarita Elizondo, Beatriz Galindo, teresa González, Alejandra Latapí, Lourdes López., Pamenla San Martin, Virgilio Andrade, Marco Antonio Baños, Alfredo Figueroa, Mauricio Merino, Rodrigo Morales, Benito Naciff, Virgilio Rivera y Arturo Sánchez.
Sin embargo, la premura de Morena y satélites por tener listo el “plan B” presidencial se confirma por el hecho de que ayer mismo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria para iniciar el proceso de elección de cuatro consejeros del INE que concluirán funciones hasta 3 de abril de 2023.
Los consejeros que terminan son Lorenzo Córdova, Adriana Favela, Roberto Ruiz y Ciro Murayama. La propuesta para designar a sus reemplazos deberá presentarse ante la Cámara de Diputados el 27 de marzo, para votarse en la siguiente sesión.
